El atentado que sufrió el representante a la Cámara de Cambio Radical, Julio César Triana, en el departamento de Huila, activó una respuesta inmediata del Gobierno nacional, que anunció medidas adicionales para proteger a quienes tienen posturas políticas opuestas.
El incidente tuvo lugar en una zona donde operan las disidencias armadas de alias Iván Mordisco, según confirmaron autoridades.
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“El señor presidente de la República nos ha dicho claramente que protejamos aún más a quienes piensan diferente”, planteó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, durante una rueda de prensa.
Esta directriz pretende reforzar la seguridad, no solo individual sino colectiva, de las figuras políticas que, por su labor, se encuentran expuestas a mayores riesgos, especialmente en regiones marcadas por el accionar de grupos armados ilegales.
La agresión que tuvo como objetivo a Triana ocurrió en un sector limítrofe entre Huila y Cauca, identificado por las autoridades como un corredor estratégico para actividades ilícitas.
De acuerdo con el ministro Sánchez, en ese lugar delinquen “un grupo criminal, que son de las disidencias de alias Mordisco, del narcotraficante Mordisco; los grupos toman diferentes nombres, incluso, cuando pasan de un departamento a otro departamento para intentar mostrar mayor poder, mayor capacidad”.
El titular de la cartera de Defensa indicó que, según informaciones iniciales, “los criminales que participaron en este atentado pertenecerían a las disidencias de Mordisco, unas disidencias que han intentado expandirse para llevar ese narcotráfico en esa zona, crear un corredor del narcotráfico ahí, principalmente de la marihuana”.
Las autoridades mantienen presencia fortalecida en ese corredor, en el que el cruce de estructuras armadas y la competencia por territorio agrava la situación de inseguridad.
El general (r) Pedro Sánchez describió los protocolos activos tras el ataque: “Las medidas de seguridad para cada uno de las personas que habitan en este territorio obedecen a unas medidas individuales, pero también a unas medidas colectivas. En el caso del representante, hay unas medidas individuales que son a cargo principalmente de la Unidad Nacional de Protección (UNP) en combinación con la Policía Nacional. Pero medidas colectivas es para garantizar ese ambiente de seguridad hacia donde se desplaza”.
Agregó que, antes de los hechos, existía programado un consejo de seguridad regional, originalmente fijado para el día siguiente. La administración decidió adelantarlo y elevarlo al rango de consejo ampliado con presencia del ministro de Defensa, para hacer un análisis de la situación y coordinar respuestas con las fuerzas de seguridad en el lugar.
La directriz presidencial hace énfasis en la protección extendida a figuras políticas de oposición, en concordancia con los lineamientos de derechos humanos y participación política pluralista.
La instrucción busca anticiparse a hechos violentos, como el ocurrido en contra del fallecido senador Miguel Uribe Turbay, y afianzar entornos de seguridad especialmente en departamentos donde imperan las disputas territoriales entre actores armados.
La región donde se produjo el atentado enfrenta una reconfiguración del crimen organizado. Las disidencias de las Farc bajo el liderazgo criminal de Iván Mordisco consolidaron corredores y rutas para el tráfico de marihuana, aportando recursos financieros para su sostenimiento.
Según cifras oficiales, “en lo que es el departamento del Huila, más de trescientos integrantes de los grupos criminales que han intentado ingresar, no solamente por el occidente del Huila, sino también por el oriente, por el Caquetá, por el norte, incluso”, fueron neutralizados en lo que va del año, según lo dicho por el ministro de Defensa.
Uno de los mayores golpes ocurrió recientemente con la neutralización de alias Cholinga, señalado como reclutador de menores, especialmente de niños indígenas del área de Páez.
El ministro Sánchez subrayó que “durante el último mes”, las operaciones conjuntas propiciaron dos resultados de alto impacto. El caso de “Cholinga” representa, a juicio de las autoridades, “la más alta perversidad” por el empleo de menores en redes criminales.
Estos operativos corresponden a una estrategia nacional enfocada en impedir la expansión del narcotráfico y sofocar nuevas rutas ilícitas entre Huila, Cauca y Caquetá.
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