El aumento del salario mínimo en Colombia para 2026, fijado por decreto por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, sigue generando una intensa polémica tanto a nivel nacional como internacional.
A las críticas de gremios empresariales y analistas locales se sumó ahora la voz de uno de los economistas más influyentes del mundo: James A. Robinson, ganador del Premio Nobel de Economía en 2024.
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En entrevista con el diario La República, Robinson fue tajante al referirse a la decisión del Ejecutivo colombiano de aumentar en un 23% el salario mínimo legal mensual vigente (Smlmv).
Para el Nobel, la medida no solo es equivocada desde el punto de vista económico, sino que representa un error profundo en el diagnóstico de los problemas sociales del país. “Eso es un problema estructural profundo. No se soluciona aumentando masivamente el salario mínimo”, afirmó.
Una política que no ayuda a los más pobres
Robinson explicó que el principal problema del mercado laboral colombiano es la alta informalidad, que afecta a la mayoría de la población económicamente activa. Desde su perspectiva, el aumento del salario mínimo beneficia únicamente a quienes ya están en el sector formal, dejando por fuera a los más pobres.
“Los salarios mínimos ayudan a las personas en el sector formal, pero la mayoría de los colombianos no están en el sector formal, están en el sector informal, y son más pobres que las personas del sector formal”, señaló el economista. Por esa razón, fue aún más contundente al evaluar la política del Gobierno Petro: “Como política para ayudar a la gente pobre y ayudar a los colombianos, es una política terrible”.
El académico reconoció que la medida puede ser atractiva desde el punto de vista político. “Por supuesto, es buena política o buena política populista, y eso es lo triste”, agregó, sugiriendo que el aumento responde más a una lógica electoral que a una estrategia efectiva de desarrollo económico.
Los problemas estructurales detrás de la informalidad
Durante la entrevista, Robinson insistió en que la informalidad laboral en Colombia no se resuelve con decretos salariales, sino con reformas profundas a las instituciones del Estado, un tema central en toda su obra académica.
“El problema del sector informal es estructural. Tiene que ver con los problemas del sistema judicial, con los derechos de propiedad, con la falta de infraestructura y con la funcionalidad del gobierno”, explicó. A esto sumó factores como la violencia y el desplazamiento forzado, que empujan a miles de personas a asentarse en zonas vulnerables de grandes ciudades como Ciudad Bolívar en Bogotá o las comunas de Medellín, donde predominan empleos precarios e informales.
Para Robinson, todos estos elementos se combinan para perpetuar un círculo vicioso de informalidad y pobreza. En ese sentido, cuestionó la ausencia de una estrategia integral por parte del Estado: “Hay muchas cosas que crean el sector informal, pero no veo una política coherente para enfrentar esos problemas”.
El decreto del salario vital y la decisión del Gobierno
El aumento del salario mínimo para 2026 fue establecido mediante los decretos 1469 y 1470 de 2025, luego de que fracasara la Mesa de Concertación entre empresarios, sindicatos y el Gobierno. Ante la falta de consenso, el presidente Gustavo Petro decidió fijar el incremento de manera unilateral, defendiendo la medida como un paso necesario para garantizar condiciones de vida dignas a los trabajadores.
Desde la Casa de Nariño, el Ejecutivo ha sostenido que el “salario vital” busca fortalecer el poder adquisitivo de los hogares, dinamizar la economía y reducir la desigual dad. Sin embargo, críticos como Robinson advierten que el impacto podría ser el contrario, especialmente si las empresas reducen la contratación formal o trasladan mayores costos a los precios finales.
James A. Robinson no es un observador ajeno a la realidad latinoamericana. Su trayectoria académica incluye extensos trabajos de campo en América Latina y África subsahariana, regiones sobre las que ha reflexionado ampliamente en foros internacionales. J
Junto a Daron Acemoglu y Simon Johnson, fue galardonado con el Nobel de Economía por sus investigaciones sobre cómo las instituciones inclusivas o extractivas determinan la prosperidad de las naciones.
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