Fecoer lanzó advertencia tras la reciente mesa técnica para definir la UPC: “No se cumplirá el plazo de la Corte Constitucional”

La segunda sesión de la mesa de trabajo para la definición de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) 2026, realizada el miércoles 13 de agosto, estuvo marcada por retrasos, cambios en las cifras de participantes, discusiones sobre el quórum y cuestionamientos por la falta de claridad metodológica por parte del Ministerio de Salud.

Desde la Federación Colombiana de Enfermedades Raras (Fecoer) y otros actores del sector se advierte que el tiempo perdido agrava el desfinanciamiento del sistema y compromete el acceso a tratamientos para miles de pacientes.

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El presidente de Fecoer alertó que “la Mesa de UPC se centró en definir reglas de funcionamiento y quórum, pero la falta de claridad metodológica por parte del Ministerio de Salud dificultó el avance de la jornada”. La sesión inició con un panorama confuso: el número de entidades habilitadas para participar cambió en tres ocasiones —121, luego 124 y finalmente 139—, lo que generó incertidumbre y prolongó las discusiones.

El debate sobre el quórum ocupó casi toda la mañana. Finalmente, se estableció que para sesionar se requiere la presencia de 71 entidades, y un mínimo de 37 votos para aprobar decisiones. Sin embargo, la inasistencia de varias organizaciones afectó la representatividad. “Es muy importante que se transparente la información de la asistencia”, insistió Fecoer.

La situación complica el cumplimiento del plazo fijado por la Corte Constitucional, ya que el cronograma aprobado para el trabajo de la mesa se extendería, según el presidente de Fecoer, hasta el 4 de septiembre, superando la fecha establecida por el alto tribunal.

Un proceso con alta presión judicial y necesidades urgentes

La mesa de la UPC, presidida por el viceministro de Protección Social, Luis Alberto Martínez, se desarrolla en cumplimiento de los Autos 007 y 504 de 2025 y de la Resolución 1323 de 2025. El objetivo es concertar y votar el cronograma de trabajo para abordar el cálculo de la UPC, un valor que determina el monto que el Estado gira a las EPS por cada afiliado para cubrir el plan de beneficios en salud.

La cartera del Gobierno ha señalado que este espacio es “un lugar participativo y de contrastación de la información donde se comparten preocupaciones y puntos de vista, para que sean considerados por el ministerio, entidad con la competencia legal y reglamentaria para fijar la UPC”.

Sin embargo, las demoras y la falta de consensos amenazan con retrasar decisiones clave para la sostenibilidad del sistema, que ya enfrenta presiones financieras, aumento de quejas y tiempos de espera cada vez más largos para acceder a servicios y medicamentos.

Según la Contraloría General de la República, las peticiones, quejas y reclamos (PQR) pasaron de 1,3 millones en 2023 a 1,6 millones en 2024, un incremento del 23%. Un informe de la organización de pacientes Retorno Vital añade que la espera para acceder a medicamentos puede llegar a 250 días y la de una cita médica a tres meses, lo que evidencia un deterioro significativo en la capacidad de respuesta del sistema.

Afidro pide una revisión integral del cálculo de la UPC

Para Ignacio Gaitán, presidente de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (Afidro), la crisis actual requiere un enfoque técnico y consensuado. “La UPC 2026 no puede calcularse con base exclusivamente en la inflación, ya que esta no refleja de forma adecuada las necesidades ni la dinámica propia del sistema de salud. Además, no se trata solo de incrementar el valor de la UPC, sino de garantizar un cálculo adecuado, técnico, con consenso y voluntad. Tener trazabilidad y garantizar eficiencia. Actualmente, la UPC no cubre el costo real de los servicios que requieren los ciudadanos, debemos crear nuevas fuentes de financiación frente a lo cual ya estamos haciendo propuestas”, afirmó.

Dado el contexto, el gremio propone medidas estructurales como mesas de diálogo técnico multisectorial, métodos de cálculo dinámicos que incluyan variables demográficas y epidemiológicas, sistemas de información transparentes, nuevas fuentes de financiación y compromisos de eficiencia entre todos los actores del sistema.