La JEP imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 27 excomandantes de las Farc: son responsables de masacres, homicidios y tortura

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 27 antiguos comandantes de los extintos bloques Sur y Oriental de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (Farc-EP).

Los comparecientes son los máximos responsables de desapariciones forzadas, masacres, homicidios, atentados, crímenes cometidos durante tomas guerrilleras, desplazamientos forzados, tortura y violencia sexual, entre otros hechos contra habitantes de una región que abarca la Cordillera Oriental, la Orinoquía y la Amazonía.

La decisión cubre hechos ocurridos en Arauca, Casanare, Cundinamarca, Meta, Guaviare, Vichada, Vaupés, Guainía, Caquetá y Putumayo, además de partes de Nariño, Cauca, Huila, Boyacá y Amazonas. Allí operaron las dos estructuras guerrilleras a las que la JEP atribuyó el control territorial y ataques contra civiles, bienes protegidos y miembros de la fuerza pública.

La imputación incluye a cuatro exmiembros del último secretariado

Entre los 27 imputados figuran cuatro exintegrantes del último Secretariado de las Farc-EP que tuvieron mando en los antiguos bloques Oriental o Sur:

• Rodrigo Londoño, conocido como alias Timochenko.
• Julián Gallo, conocido como alias Carlos Antonio Lozada.
• Jaime Alberto Parra, conocido como alias Mauricio Jaramillo o alias El Médico.
• Milton de Jesús Toncel, conocido como alias Joaquín Gómez.

En el grupo de imputados aparecen también personas que integraban células urbanas de la guerrilla, responsables de haber ordenado la ejecución de homicidios de civiles y atentados con bombas en distintas ciudades. La JEP informó que, de los 27 comparecientes, solo cinco, que no eran máximos comandantes del extinto grupo armado, habían estado en prisión por estos crímenes.

El auto del tribunal de paz se apoyó en los relatos de 2.436 víctimas acreditadas, en 76 informes, de los cuales 37 provinieron de mesas de víctimas y asociaciones comunitarias y campesinas, y en las observaciones de sobrevivientes que narraron los hechos. La investigación también contrastó expedientes de la Fiscalía General de la Nación, hallazgos de otros casos de la JEP y testimonios de 82 comparecientes de las Farc-EP.

Los patrones criminales identificados por la JEP

Así las cosas, la JEP agrupó los hechos investigados en tres patrones criminales para explicar las lógicas de la guerra. El primero reúne crímenes cometidos en desarrollo de hostilidades con la fuerza pública y grupos paramilitares que afectaron a personas protegidas por el Derecho Internacional Humanitario y a bienes civiles.

En ese patrón, la JEP distinguió tomas guerrilleras de pueblos y hostigamientos a estaciones de Policía, además de otras acciones armadas como emboscadas, asaltos a bases militares y cuarteles, y sabotajes contra la infraestructura municipal.

El segundo patrón incluye crímenes cometidos cuando las extintas Farc-EP ejercían un importante control territorial y de los habitantes, sobre todo en zonas de retaguardia guerrillera, áreas utilizadas para el cultivo y el tráfico de coca y corredores de conexión. En esos lugares se perpertraron castigos por desobedecer órdenes, por no pagar extorsiones o por resistir el reclutamiento forzado, además de ataques por sospecha de colaborar con “el enemigo”.

Ese mismo patrón involucra una estrategia adicional orientada a crear un “vacío de poder” mediante ataques sistemáticos contra ciertas autoridades como alcaldes, concejales, candidatos y líderes sociales considerados opositores. Esto, con el objetivo de forza la renuncia de las personas hostigadas y de desplazar la presencia del Estado. Hechos así se presentaron en Rivera, Huila, y Puerto Rico, Caquetá, donde se registraron masacres y el asesinato de concejales.

El tercer patrón reúne los crímenes cometidos en ciudades o contextos urbanos, donde la guerrilla operó con grupos y mandos más pequeños. Allí la JEP ubicó ataques con armas y explosivos de gran envergadura, como carros o bicicletas bomba, contra estaciones de Policía y bienes civiles. También identificó homicidios o atentados contra civiles declarados “objetivo militar”.

En esa categoría se ubican los asesinatos de Álvaro Gómez Hurtado, José del Cristo Huertas Hastamorir, el general retirado y exministro de Defensa Fernando Landazábal Reyes y el profesor Jesús Antonio Bejarano, además del atentado al club El Nogal, los rockets contra la posesión del presidente Álvaro Uribe Vélez y los ataques contra el exvicepresidente Germán Vargas Lleras.

“Tras la notificación, los 27 comparecientes tienen 30 días hábiles para reconocer por escrito los hechos y su responsabilidad o rechazarlas (...). La Jurisdicción también ordena a los comparecientes imputados que aporten toda la información faltante que esté a su disposición tanto a la JEP como a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (Ubpd), con el fin de encontrar a las víctimas de desaparición forzada de los bloques”, precisó la JEP.