Alerta en Colombia: familias están al borde de la ruina por gastos médicos que deberían cubrir las EPS

El gasto de bolsillo que las familias deben asumir para acceder a servicios médicos en Colombia sigue creciendo y, con él, el riesgo financiero que enfrentan los hogares. De acuerdo con cifras recientes de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), en 2024 los colombianos desembolsaron $14,5 billones por este concepto, un aumento del 1,4% frente al año anterior.

Este indicador, que incluye pagos directos como copagos, cuotas moderadoras, compra de medicamentos, procedimientos no cubiertos por las EPS o servicios negados, alcanzó el 16,8% del gasto corriente de los hogares. Esto significa que el país está a apenas 3,2 puntos porcentuales de la alerta que marca la Organización Mundial de la Salud (OMS), un 20% o más se considera un umbral de alto riesgo financiero para las familias.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Colombia rozó la universalidad del aseguramiento en salud, con una cobertura del 98,6% el año pasado. Sin embargo, Anif advirtió que el sistema atraviesa una crisis que está minando tanto la calidad del servicio como la protección financiera de los usuarios. “Lo anterior sugiere un empeoramiento en el bienestar y un aumento del riesgo financiero de los hogares porque están asumiendo mayores costos por rubros que deberían estar cubiertos por el régimen de salud, pero que por dificultades financieras del sistema no está logrando cubrir”, señaló el centro de pensamiento.

El golpe no ha sido igual para todos. Los hogares de menores ingresos son los más afectados. Entre 2021 y 2024, el primer quintil de la población, el 20% con menores ingresos, registró un incremento acumulado del 63% en sus gastos de bolsillo en salud. Para estas familias, cada cita médica, tratamiento o medicamento no cubierto implica sacrificar otros gastos básicos.

El deterioro del sistema tiene una raíz clara, las finanzas de las Entidades Promotoras de Salud (EPS). Según la Contraloría, las EPS no intervenidas acumularon deudas por $5,3 billones en 2023 y $10,8 billones en 2024. Las que sí están bajo intervención del Estado presentan cifras aún más alarmantes, el Ministerio de Salud reportó pasivos por $32,9 billones el año pasado.

“La crisis financiera ha llevado a que las EPS demoren las citas médicas y las autorizaciones de citas con especialistas. También se ha observado un menor otorgamiento de medicamentos por inexistencia de unidades”, explicó Anif. En la práctica, esto se traduce en pacientes que deben recurrir al pago directo para no interrumpir sus tratamientos o esperar semanas para obtener una consulta.

En medio de este panorama, el Ministerio de Salud dio un paso clave al implementar, vía decreto, varios puntos centrales de la reforma al sistema. Entre las medidas figuran la creación de Redes Integrales e Integradas Territoriales en Salud, el fortalecimiento del primer nivel de atención y la adopción de un modelo preventivo.

Aunque estas acciones tienen alcance nacional, su puesta en marcha ocurre mientras el proyecto de reforma aún se discute en el Congreso, un hecho que generó debate político y cuestionamientos sobre la forma en que se están introduciendo los cambios estructurales.

El desgaste del sistema no solo se percibe en las finanzas y en los bolsillos de los usuarios, también en la experiencia directa de quienes buscan atención. Las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (Pqrs) son un termómetro de esa inconformidad.

Anif detalló que en el régimen contributivo las Pqrs crecieron 78,9% en 2024, mientras que en el subsidiado aumentaron 69,8% en el mismo periodo. Solo los años más críticos de la pandemia habían registrado porcentajes superiores, con picos por encima del 80%.

La OMS ha sido clara: cuando el gasto de bolsillo supera el 20% del gasto corriente de los hogares, se encienden las alarmas. El riesgo no es solo económico, sino social, pues familias que enfrentan estos niveles de gasto son más vulnerables a caer en la pobreza por razones de salud.

En Colombia, el hecho de estar tan cerca de ese umbral —y con una tendencia al alza— es una señal de que el problema no es coyuntural. La combinación de un sistema financiero en crisis, deudas crecientes de las EPS y una cobertura que no siempre se traduce en acceso efectivo está dejando a los usuarios expuestos.

El desafío no se limita a estabilizar las finanzas de las EPS. Requiere garantizar que la cobertura universal no sea solo un dato estadístico, sino una realidad que proteja tanto la salud como el bolsillo de los colombianos. Para ello, será necesario que la reforma en marcha logre resolver las fallas estructurales y que los recursos se utilicen de manera eficiente, evitando que más familias tengan que pagar de su propio dinero por lo que el sistema debería asegurarles.