
Crece la polémica por un nuevo caso de posible abuso por parte de la Policía Nacional de Colombia, tras conocerse la detención de cinco personas que participaban en el rodaje de un cortometraje en el municipio de Santiago, departamento de Putumayo.
Los hechos habían ocurrido el domingo 10 de agosto de 2025, en la que se observa a cinco personas vestidas con prendas alusivas a las Fuerzas Militares, en medio del rodaje de la producción Carmenza.
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Según expresó la productora Amarón S.A., encargada de la producción y realización del cortometraje, en un comunicado divulgado por el medio local Mi Putumayo Noticias, los jóvenes estaban vestidos de esta forma para una escena del filme, en referencia al conflicto armado.
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Sin embargo, denunciaron que varios uniformados, sin mediar palabra, detuvo a los cinco jóvenes y fueron trasladados hasta la estación de Policía en el municipio putumayense.
“Estas personas son sacadas de la grabación y luego llevadas a la estación de Policía del municipio de Santiago; creemos que Colombia tiene que apostarle a propuestas de desarrollo como el cine, pero no podemos llegar a estos extremos de judicializar a nuestros compañeros”, indicó Richard Carlos Sama, integrante del proyecto audiovisual en declaraciones al medio local.
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El incidente se viralizó rápidamente a través de plataformas como X, donde se solicitó la intervención inmediata del presidente Gustavo Petro y del director de la Policía Nacional.
En uno de los mensajes más compartidos, se exigió: “EL PUEBLO SOLICITA APOYO PARA SU LIBERACIÓN INMEDIATA”. La reacción no se limitó a las redes sociales; La organización del Festival de Cine: Encuentro del Putumayo también expresó su rechazo a lo ocurrido y respaldó públicamente a los actores y a la producción.
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“Este hecho manifiesta un claro abuso de poder y extralimitación del uso de la fuerza pública, atenta contra el bienestar emocional y físico de los jóvenes actores y el equipo realizador, así como de sus familias y población de la región”, expresaron.
Respuesta de la Policía
No obstante, en declaraciones a Blu Radio, el coronel Álvaro Cabrera Gamba, comandante del Departamento de Policía, se refirió a la labor de los uniformados en el sitio de grabación, alegando que no tuvieron información sobre la realización del cortometraje.
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“Aquí lo que vemos es que hay una falta de comunicación por parte de las personas que estaban encargadas de hacer esto. La Policía nunca fue informada de esta actividad y, pues, el Ejército ve personas con estas prendas, debemos hacer la verificación y no estaban autorizadas”, declaró al medio citado.

Por el momento, los cinco jóvenes se encuentran detenidos en la estación policial de Sibundoy (Putumayo) donde se encuentra en curso su proceso de judicialización.
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Durante esta fase inicial, se prevé que los funcionarios revisen los permisos correspondientes y otros elementos probatorios que resulten relevantes para el esclarecimiento de los hechos. La verificación documental y la recolección de pruebas constituyen pasos fundamentales antes de que se celebren las audiencias previstas en el marco legal.
La Fiscalía asumirá la responsabilidad de definir las acciones legales que correspondan una vez concluyan las diligencias judiciales. Mientras tanto, la comunidad permanece atenta a la evolución del caso y a las posibles repercusiones que pueda tener en el ámbito artístico y social de la región.
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El contexto de la detención resulta especialmente relevante, ya que el cortometraje contaba con el respaldo institucional del Ministerio de Cultura, lo que, según los organizadores, debería haber garantizado la comprensión y el respeto por parte de las autoridades locales. La producción había comunicado previamente a las entidades pertinentes la realización del rodaje y el uso de indumentaria militar como parte de la narrativa audiovisual.
Las imágenes de los actores esposados y escoltados por la Policía circularon ampliamente, generando preocupación sobre los límites de la autoridad y el respeto a la labor artística. Diversos colectivos culturales y defensores de derechos humanos han señalado que este tipo de acciones pueden tener un efecto inhibidor sobre la creación y la libertad de expresión en regiones donde la presencia estatal suele estar asociada a la fuerza pública.
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“Precisamente el cortometraje CARMENZA busca narrar las historias de dolor que viven los territorios a causa de la violencia y el conflicto armado, por ello es imposible que en Colombia se siga revictimizando las acciones desde el arte que buscan sanar el dolor (...) El ARTE como herramienta para la construcción de PAZ nunca para la guerra”, enfatizó la productora en un comunicado.
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