Así le ha ido a Gustavo Petro con las promesas en materia de transporte terrestre y férreo: hay varias obras ‘en veremos’

La reactivación del transporte férreo en Colombia representa uno de los logros más destacados del actual gobierno con la adjudicación bajo el esquema de Asociación Público-Privada del corredor La Dorada-Chiriguaná, un proyecto que ha sido calificado como el más ambicioso en la historia del país en este modo de movilidad.

Al cierre de su mandato, el balance en infraestructura de la administración de Gustavo Petro evidencia una apuesta prioritaria por la inclusión regional y la consolidación de la red vial terciaria, desplazando el enfoque histórico en las grandes autopistas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según un reciente análisis difundido por la revista Cambio, el presidente adoptó desde el inicio de su gestión una postura crítica hacia el modelo de concesiones viales por priorizar, a su juicio, intereses privados.

Con una inversión de 3,4 billones de pesos, el nuevo corredor férreo conectará el centro del país con la región Caribe a través de 522 kilómetros, previendo modernización de la infraestructura y la puesta a punto de locomotoras.

En contraste con el impulso otorgado a los trenes, la gestión en grandes autopistas ha resultado más limitada. El desarrollo de carreteras de cuarta y quinta generación —uno de los motores tradicionales de la infraestructura nacional, que genera cerca de 200.000 empleos al año— ha experimentado controversias y retrasos.

Entre los hechos más polémicos se cuenta el congelamiento de las tarifas de peajes durante 2023, una decisión que dejó en números rojos la financiación de no pocas obras, además de líos jurídicos después de que las concesiones tomaran acciones legales contra el Gobierno por los retrasos y los problemas financieros. Varias de estas acciones legales ya han sido falladas en favor de las empresas.

El presidente Petro ordenó centrar la inversión pública en el mejoramiento y rehabilitación de vías terciarias. El programa ‘Caminos Comunitarios para la Paz’, ejecutado por el Instituto Nacional de Vías (Invías), ha reparado hasta la fecha cerca de 1.500 kilómetros de caminos rurales con la intervención directa de juntas de acción comunal.

Esta iniciativa se sostiene con más de 1.000 convenios firmados desde septiembre de 2022 en 29 departamentos, según la Cámara Colombiana de la Infraestructura, y una inversión escalonada: 233.853 millones de pesos en 2023, 469.648 millones en 2024 y 63.200 millones desembolsados ya en 2025.

El plan plantea beneficiar más de 2.000 kilómetros de vías veredales, fomentando la descentralización y la contratación directa con actores comunitarios.

En la revisión de las concesiones viales, el gobierno de Petro recibió un programa de autopistas 4G con 70 por ciento de avance y, tras tres años de gestión, ese porcentaje llegó al 86,5 por ciento.

De los proyectos otorgados en esa ola, diez lograron ser completados y puestos en operación; 13 más alcanzaron a superar el 80% de ejecución y, finalmente, los dos restantes están varados entre el 40 y 79 por ciento de desarrollo. Sin embargo, no todo ha sido positivo: la vía Bucaramanga-Pamplona fue devuelta al Estado debido a años de dificultades en su ejecución, y la Perimetral de Oriente de Cundinamarca no se completó por problemas ambientales.

Otro caso emblemático es el del proyecto Mulaló-Loboguerrero en el Valle del Cauca, adjudicado en 2014, pero sin un solo metro de asfalto colocado tras 12 años; el Estado ha tenido que transferir más de dos billones de pesos a una fiducia en espera de que se resuelva su futuro.

Respecto a la infraestructura de quinta generación (5G), el panorama es mixto. Diez grandes proyectos integran la nueva ola, varios de ellos —la nueva Malla Vial del Valle, las Troncales Magdalena I y II, y la doble calzada Buga-Buenaventura— ya están en fase de construcción, aunque tres concesiones siguen en pausa por dificultades ambientales o prediales.

Entre las polémicas obras pausadas se encuentra la ALO sur y los accesos Norte 2, ambas en Bogotá; además, sigue “en veremos” la APP Canal del Dique, que se mantiene sin licencia ambiental definitiva, con un retraso de al menos 18 meses.

En cuanto a proyectos aeroportuarios, el gobierno consiguió la adjudicación de la modernización del aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena, pero otros procesos, como el de la terminal de San Andrés, resultaron desiertos.

La gran apuesta de la administración Petro en materia de nuevas concesiones es la doble calzada Estanquillo-Popayán, una obra estimada en casi nueve billones de pesos cuyo contrato, de salir adelante, se adjudicará a fines de este año.

Se prevén 14 túneles, 125 puentes vehiculares, 62,3 kilómetros de doble calzada, nueve intersecciones y 15 puentes peatonales. Además, según la Agencia Nacional de Infraestructura, otras vías en proceso de licitación podrían concretarse antes del cierre de mandato.

Al cierre de su gestión, la huella del presidente Gustavo Petro en materia de infraestructura se caracteriza por un viraje estratégico, que enfatizó la descentralización y la importancia de los caminos comunitarios frente a los megaproyectos viales.

Esta redefinición de prioridades dejará al próximo gobierno tanto las obras avanzadas como los desafíos sin resolver en un sector fundamental para la integración y el desarrollo de Colombia.