El proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez entra en un punto crítico, con tres hechos que, en menos de dos semanas, podrían marcar el rumbo definitivo de su situación judicial del exfuncionario.
En primer lugar, avanza la tutela interpuesta por su defensa para que pueda enfrentar en libertad las etapas restantes del juicio.
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Tras la recusación aceptada del magistrado Ramiro Riaño, el caso quedó en manos de los magistrados Leonel Rogeles y Aura Rocero Vaquero, que deberán pronunciarse antes del 19 de agosto.
Si llegara a presentarse un empate, el magistrado Jairo Agudelo Parra tendría la última palabra. Rogeles ya negó la medida cautelar con la que la defensa buscaba suspender la detención domiciliaria, aunque esta disputa podría escalar hasta la Corte Constitucional.
Al mismo tiempo, el equipo jurídico de Uribe, encabezado por los abogados Jaime Granados y Jaime Lombana, se prepara para radicar la apelación contra la condena de 12 años de prisión por soborno a testigos y fraude procesal, emitida por la jueza Sandra Heredia.
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El plazo vence el 13 de agosto y la estrategia apunta a cuestionar la ausencia de pruebas directas, lo que consideran una valoración errónea de testimonios y el uso indebido de interceptaciones telefónicas.
Según el calendario judicial, el Ministerio Público será el primero en presentar su recurso, seguido por las partes civiles, entre ellas el senador Iván Cepeda y el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, que tendrán hasta el 21 de agosto para adelantar este proceso.
A este panorama se suma la expectativa por el fallo contra Diego Cadena, ahora exabogado del expresidente Uribe y procesado por los mismos delitos. El próximo 15 de agosto, el juez tercero penal del circuito dará a conocer si declara culpable o inocente a Cadena.
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Este caso ha generado controversia, pues el fiscal Daniel Hernández no formuló acusación por el pago de viáticos a Eurídice Cortés, alias Diana, exjefa política del Frente Pipintá de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). al no hallar pruebas suficientes, un hecho que, sin embargo, sí fue tenido en cuenta para condenar al expresidente.
La boleta de encarcelamiento
El expresidente Álvaro Uribe Vélez cumple prisión domiciliaria tras ser condenado a 12 años por fraude procesal y soborno a testigos, pero con condiciones que lo diferencian de otros casos similares en Colombia.
Según documentos judiciales a los que tuvo acceso el periodista Daniel Coronell, Uribe no tendrá restricciones en el uso de sus redes sociales ni de su teléfono móvil, y tampoco deberá portar un brazalete electrónico durante su detención en casa.
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La formalización de su situación judicial quedó establecida en el acta de compromiso y la boleta de encarcelamiento, documentos fechados el 1 de agosto de 2025 y revelados por el abogado y periodista Eddy Banoy.
Estos detallan que la condena debe cumplirse bajo la modalidad de prisión domiciliaria, y establecen obligaciones específicas que el exmandatario debe respetar para mantener el beneficio de esta medida.
Entre las condiciones más importantes está la prohibición de cambiar de lugar de residencia sin autorización judicial previa. Uribe ha expresado su intención de cumplir la detención en su domicilio habitual, en Rionegro (Antioquia).
Además, debe presentarse ante las autoridades cuando sea requerido y permitir el ingreso de los funcionarios encargados de la vigilancia. Cualquier desplazamiento fuera de su residencia debe ser autorizado expresamente por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).
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El incumplimiento de estas obligaciones, especialmente la salida sin permiso, puede conllevar la revocatoria de la prisión domiciliaria, tal como advierte el acta: “Si sale o se mueve sin autorización del Inpec, dará lugar a la revocatoria del sustituto, o sea sobre la prisión domiciliaria, mediante decisión motivada del juez competente”.
Para asegurar el cumplimiento, se fijó una caución prendaria equivalente a cuatro salarios mínimos legales mensuales vigentes.
La vigilancia periódica en la finca de Uribe está a cargo de la doctora Ángela Liliana Cardona Martínez, directora de la cárcel de Sonsón, Antioquia, designada por orden del director del Inpec, coronel Daniel Gutiérrez.
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Además, cualquier movimiento del expresidente debe contar con la autorización de una oficina judicial y ser notificado al Inpec, reforzando el control sobre sus desplazamientos.
A pesar de las restricciones en movilidad, la ausencia de limitaciones en redes sociales y comunicaciones destaca y marca una diferencia frente a otros casos de prisión domiciliaria en Colombia.
Esta particularidad ha permitido que Uribe retome su actividad política mientras enfrenta la controversia judicial que rodea su caso.
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