Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, enfrentará un juicio ante la Corte Suprema de Justicia por su presunta participación en el llamado carrusel de la contratación en Bogotá.
Los hechos investigados ocurrieron en 2009, cuando, según la acusación, Sanguino habría intervenido para adjudicar la construcción del nuevo Hospital de Usme, exigiendo una comisión del diez por ciento.
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El proceso avanza bajo la radicación interna No. 01321, con ponencia del magistrado Jorge Emilio Caldas Vera.
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Durante la audiencia del 26 de mayo, la Sala Especial de Primera Instancia atendió las solicitudes presentadas por la defensa y la Fiscalía.
El expediente señala que Sanguino, en calidad de servidor público, figura como presunto responsable del delito de tráfico de influencias, tipificado como conducta continuada. Este caso reflejaría la aparente manipulación de los contratos públicos.
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El señalamiento de exigir beneficios económicos a cambio de favores administrativos vuelve a poner el foco sobre los mecanismos de control en la contratación estatal. Además, el proceso se desarrolla en el contexto institucional de la República de Colombia, reforzando la vigilancia a los altos funcionarios públicos.
“Buenas tardes, honorable magistrado, por indicación de mi abogado defensor, concurro a esta audiencia. Estaba atendiendo asuntos relacionados con mi responsabilidad como ministro, pero acabo de suspenderla para comparecer ante la solicitud que según mi abogado ha hecho usted, señor magistrado”, fueron las palabras que Antonio Sanguino, actual ministro de Trabajo de Colombia, se dirigió de forma virtual al magistrado Jorge Emilio Caldas durante una audiencia clave en la Corte Suprema de Justicia.
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La intervención de Sanguino no solo marcó un giro en la diligencia, sino que evidenció la presión institucional para que el funcionario respondiera personalmente a las acusaciones en su contra.
La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema obligó al ministro Sanguino a presentarse en la audiencia del 26 de mayo de 2026, en el marco de la investigación por su presunta participación en el carrusel de la contratación en Bogotá.
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El tribunal rechazó la ausencia inicial del ministro y ordenó a su defensa que lo contactara de inmediato, subrayando la necesidad de su comparecencia ante la gravedad de los cargos.
El proceso judicial se centra en el presunto delito de tráfico de influencias de servidor público continuado. De acuerdo con la Fiscalía de la Corte Suprema, Sanguino, en su rol de concejal de Bogotá en 2008, habría intervenido para que el entonces secretario de Salud, Héctor Julio Gómez, designara a Liliana Patricia Paternina como gerente del Hospital de Usme.
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El objetivo, según el expediente, era ejercer control sobre los contratos del centro médico, en un contexto donde la administración de Samuel Moreno ya enfrentaba múltiples señalamientos por corrupción.
El expediente judicial detalla: “El propósito era tener el control del citado hospital, especialmente, de la contratación que este debía adelantar; actuando por fuera del deber que tenía como servidor público de proceder con transparencia e imparcialidad para servir a la comunidad que lo eligió”.
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Esta afirmación sitúa a Sanguino en el centro de una trama que, desde hace más de una década, ha involucrado a funcionarios y políticos de alto perfil en la capital colombiana. La acusación va más allá del nombramiento.
El documento judicial sostiene que Sanguino habría actuado en coordinación con contratistas para favorecerlos en la adjudicación de obras dentro del hospital, incluyendo la construcción de una nueva sede. A cambio, se le atribuye la solicitud de una comisión del 10% del valor del contrato, un dato que refuerza la gravedad de las imputaciones y que, de comprobarse, podría tener consecuencias penales y políticas de gran alcance. La audiencia se desarrolló en un contexto político especialmente sensible.
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El Senado se prepara para debatir la reforma laboral impulsada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, lo que incrementa la atención pública sobre el futuro de Sanguino tanto en el gabinete como en el proceso judicial. Sectores de la oposición han exigido su renuncia, argumentando que su permanencia compromete la transparencia y la confianza en la gestión de los recursos estatales.
Durante la diligencia, la actitud inicial de inasistencia del ministro generó malestar en la Sala. El magistrado Caldas insistió en que la presencia directa del procesado resultaba indispensable para la correcta administración de justicia, especialmente en la etapa de formalización de la acusación, paso previo a un eventual juicio.
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