Proponen descontar sueldo por inasistencia en Cámara y varios congresistas advierten obstáculos legales

Una reciente decisión tomada por la mesa directiva de la Cámara de Representantes abrió un debate en el Congreso. Se trata de la posibilidad de descontar un día de salario a los congresistas que no se presenten una hora después de haberse abierto el registro en las sesiones plenarias.

La propuesta fue incluida como parte de un acuerdo sobre el funcionamiento de las plenarias, discutido entre los voceros de las bancadas políticas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Este anuncio fue hecho por el presidente de la Cámara, Julián López, quien explicó que las sesiones ordinarias se llevarán a cabo los martes y miércoles a partir de las 2:00 de la tarde. Sobre este nuevo lineamiento, expresó:

“El horario de inicio de las sesiones va a ser a las 2:00 de la tarde, si no llegan una hora después de abrir el registro vamos a levantar la sesión y eso quiere decir que el congresista que no llegue se le descuenta ese día de trabajo”.

Sin embargo, la iniciativa generó opiniones divididas entre los representantes, así como observaciones jurídicas que cuestionan su viabilidad. Una de las voces que consideró inviable el mecanismo fue la del abogado Germán Calderón, quien señaló que la medida no tendría respaldo en la normativa vigente. “Lo que procede es compulsar copias para una investigación disciplinaria a la Procuraduría y si se logra establecer que faltaron por más de 5 sesiones plenarias pues se puede solicitar una pérdida de investidura ante el Consejo de Estado”, indicó.

Desde el interior del Congreso, algunos legisladores respaldaron la propuesta como una forma de reforzar el compromiso con la asistencia y la puntualidad. El representante Alejandro Ocampo, del Pacto Histórico, manifestó:

“Pienso que la gente tiene que llegar a la plenaria y a las comisiones, no puede ser que se demoren una hora o dos horas, estoy de acuerdo en que les descuenten el sueldo. Yo he pedido públicamente y por proposición que no nos paguen los almuerzos, me parece un despropósito que nos paguen salarios importantes y que aparte para que la gente se quede a votar nos tengan que pagar los almuerzos”.

Por su parte, Katherine Miranda, de la Alianza Verde, reconoció que es necesario establecer consecuencias ante la falta de puntualidad, pero advirtió que la propuesta debe ceñirse a lo establecido en el reglamento del Congreso. Según explicó:

“Según la ley quinta, mientras no se configura el quórum decisorio no se puede entender que hay una sesión formalmente instalada, si no hay sesión no hay base legal para aplicar descuentos salariales por llegadas tarde. Lo correcto sería revisar la normativa vigente y, si es necesario, promover una reforma que permita establecer medidas más efectivas contra las llegadas tarde, sin vulnerar el debido proceso”.

El representante Julio César Triana, del partido Cambio Radical, también se refirió al tema. A su juicio, las decisiones en la Cámara deben respetar lo dispuesto en la ley quinta.

“Cuando se abre el registro se dispone de una hora para conformar quórum y cuando se abren las votaciones se dispone de 30 minutos para lograr la votación, lo otro es simplemente quedar bien con el Gobierno y lo que esperamos de la mesa directiva es que quede bien con el Congreso y que de todas las garantías a la oposición”, señaló.

El debate, que inició con una medida administrativa para mejorar la asistencia en el recinto, escaló rápidamente a una discusión sobre la legalidad y el alcance de las sanciones económicas a funcionarios públicos.

Mientras algunos respaldan la idea como una forma de elevar los estándares de responsabilidad en el Congreso, otros sostienen que solo una reforma normativa permitiría aplicar sanciones como descuentos en los salarios de los legisladores.

La propuesta de la mesa directiva coincide con críticas frecuentes sobre la baja asistencia en el Capitolio. Durante las sesiones plenarias, los retrasos y ausencias han sido señalados como causas de aplazamientos en la toma de decisiones o falta de quórum.

Ante este panorama, el acuerdo entre los voceros buscó establecer nuevas “reglas de juego” con el objetivo de mejorar el cumplimiento del calendario legislativo.