La Fundación Paz y Reconciliación (Pares) presentó su informe de balance sobre la política de seguridad durante los tres primeros años del gobierno de Gustavo Petro, en el que señaló que, a pesar de algunos avances puntuales, los indicadores más críticos de criminalidad no experimentaron mejoras estructurales.
Según el documento, entre 2022 y 2024 los homicidios intencionales se mantuvieron en una “meseta crítica”. En 2022, el país registró 13.540 casos; en 2023 fueron 13.555 y en 2024, 13.497.
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“A diferencia de la tendencia decreciente que se observó durante el gobierno de Juan Manuel Santos, la administración actual no ha logrado reducir de forma sostenida este delito”, advirtió el informe.
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Pares destacó que delitos como la violencia intrafamiliar, los delitos sexuales, los hurtos y los asesinatos de líderes sociales sí presentaron reducciones parciales.
Sin embargo, alertó sobre el crecimiento acelerado de la extorsión, el auge del crimen digital —que duplicó su incidencia— y el aumento de ataques contra miembros de la fuerza pública, incluyendo hechos como el Plan Pistola, en el que murieron al menos 28 uniformados.
El informe señaló también un deterioro en la confianza ciudadana hacia las instituciones, lo cual ha desestimulado la denuncia de delitos, especialmente en casos de violencia de género y extorsión.
El rol de la fuerza pública
En ciudades como Bogotá, Medellín y Barranquilla, Pares documentó indicios de cooptación de canales de denuncia por estructuras criminales.
En el análisis territorial, se evidenció un recrudecimiento del conflicto armado desde 2024, tras la ruptura parcial de diálogos con grupos armados ilegales. Entre enero y junio de 2025, aumentaron los actos de terrorismo, secuestros, asesinatos selectivos y trata de personas.
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La Fundación cuestionó en su informe, además, la estrategia de la fuerza pública, al considerar que su acción ha sido predominantemente reactiva.
Aunque aumentaron las incautaciones de droga y maquinaria ilegal, “las operaciones se desarrollan sin una estrategia clara ni sostenida, lo que incrementa los riesgos para los uniformados y limita el impacto sobre las estructuras criminales”.
La Paz Total de Petro no dio los frutos esperados en los primeros tres años, según Pares
No obstante, Pares concluyó que, aunque no se puede calificar de fracaso total, la política de seguridad del Gobierno Petro no ha producido una transformación positiva del panorama.
Incluso, apuntaron a una falta de política integral. El texto indicó que, “pese a que se han implementado acciones con impacto en ciertas áreas, pero la ausencia de una política integral, con enfoque territorial, articulación institucional y legitimidad sostenida, limita la eficacia del modelo actual”.
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El documento también mencionó la alta rotación en los cargos de primer nivel. Hasta el 31 de julio de 2025, el presidente Petro había designado 54 ministros, 18 secretarios de departamento administrativo, 13 directores de entidades y 7 consejeros presidenciales, además de haber realizado dos cambios en el Ministerio de Defensa y en la cúpula militar.
“Esta alta rotación evidencia uno de los rasgos estructurales de su mandato: la inestabilidad sostenida en el equipo de gobierno”, concluyó la Fundación.
El contexto político e histórico de Colombia tampoco obró a favor de Petro
Aún así, el fundación afirmó que se trata de un contexto difícil para el país, y que el clima no es el propicio para el mandatario.
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“Tres años después, el gobierno Petro continúa operando en un clima de transición inconclusa: su legitimidad social convive con una fragmentación política profunda; su mandato electoral enfrenta resistencias institucionales constantes; y su programa de reformas choca con inercias administrativas, bloqueos normativos y tensiones internas".
Afirmaron que en el Gobierno aún “coexisten sectores comprometidos con una agenda transformadora y otros más conservadores, renuentes a banderas clásicas de la izquierda democrática como la igualdad de género o la inclusión de poblaciones diversas”, y esta pluralidad puede chocar con los intereses del primer dignatario.
Sobre el panorama político el estudio indicó que “la llegada del primer gobierno de izquierda también ha dejado al descubierto las fracturas estructurales del sistema democrático colombiano: la persistencia de redes de corrupción, la sobrevivencia de alianzas antes condenadas, la adaptabilidad de los clanes políticos tradicionales”.
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El boletín también remitió al marco normativo de acceso de la prensa a cárceles del orden nacional, al señalar que la Dirección General expidió, mediante la Resolución No. 006349 del 19 de diciembre de 2016, el Reglamento General de los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional (Eron)
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