En un pronunciamiento contundente, la cadena de supermercados Tiendas D1 hizo un llamado urgente al Gobierno nacional para que adopte medidas inmediatas que garanticen la seguridad de sus trabajadores y el normal funcionamiento de su operación, tras recibir amenazas por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en los departamentos de Chocó y Risaralda.
A través de un comunicado, la empresa expresó su “profunda preocupación” por los recientes hechos de intimidación. Según lo expuesto, la guerrilla del ELN declaró objetivo militar a los transportadores que movilizan mercancías para D1, como represalia ante la negativa de la compañía de pagar extorsiones bajo la figura del llamado “impuesto de guerra”.
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“Rechazamos estos hechos y hacemos un llamado urgente al Gobierno nacional y a las autoridades competentes para que se garantice la seguridad y continuidad de nuestras actividades en beneficio de los ciudadanos en estas regiones”, señaló D1 en su comunicado oficial.
Amenaza explícita del ELN
La tensión creció tras la circulación de un panfleto firmado por el ELN, en el que el grupo armado advierte que cualquier vehículo de carga o conductor que transporte productos para D1 en Chocó y Risaralda será considerado blanco militar.
El texto, ampliamente compartido entre transportadores del eje cafetero y el litoral Pacífico, acusa a D1 de “negociar con artimañas” y de involucrar a terceros para eludir sus exigencias extorsivas.
“Señores transportadores, no se dejen engañar, ni pongan en riesgo su patrimonio económico. A partir de la fecha del presente comunicado, se declara objetivo militar cualquier automotor que se preste para llevar mercancías de las Tiendas D1 en todo el departamento de Chocó y Risaralda”, dice textualmente el documento.
El ELN también incluyó fuertes críticas contra la empresa, asegurando que, pese a obtener millonarias utilidades, mantiene supuestas condiciones laborales precarias y prácticas de maltrato hacia los empleados.
Riesgo para trabajadores y comunidades
Ante estas amenazas, Tiendas D1 insistió en su llamado al Estado para proteger a sus trabajadores, aliados, proveedores y clientes, en medio de un contexto que compromete no solo la vida del personal logístico, sino la seguridad alimentaria de comunidades enteras que dependen de la operación de la cadena en zonas afectadas por el conflicto armado.
“Ratificamos nuestro compromiso con la seguridad alimentaria de estas comunidades y con el empleo digno y formal en todas las regiones del país”, concluyó la empresa.
D1 también enfatizó que su operación tiene presencia en más de 800 municipios del país, siendo una de las principales cadenas de distribución de productos de primera necesidad en zonas donde pocas empresas privadas mantienen operaciones estables.
Gremio transportador en alerta
La amenaza directa encendió las alarmas en el gremio de transportadores, muchos de los cuales prestan servicios a D1 sin pertenecer directamente a la compañía. Organizaciones del sector solicitaron protección urgente por parte de la fuerza pública, así como medidas claras para evitar la parálisis de rutas comerciales clave en el occidente del país.
En Chocó, líderes comunitarios también manifestaron su preocupación, señalando que un eventual retiro o disminución de operaciones de D1 podría dejar a cientos de familias sin empleo directo e indirecto, además de afectar gravemente el abastecimiento de productos básicos en municipios ya golpeados por el abandono institucional y la presencia de grupos armados ilegales.
Hasta el cierre de esta nota, ninguna autoridad del Gobierno nacional se ha pronunciado públicamente frente a la solicitud de Tiendas D1. Tampoco se conocen operativos concretos para proteger a los conductores amenazados o garantizar la continuidad del suministro en la zona.
Mientras tanto, D1, sus trabajadores y los transportadores siguen expuestos, esperando acciones concretas que les permitan seguir cumpliendo su misión de llevar productos de primera necesidad a miles de hogares colombianos en regiones de alta vulnerabilidad.
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