Ministro de Defensa advirtió que la crisis de orden público “no se soluciona de la noche a la mañana”: denunció escalada de violencia

Durante una entrevista concedida a W Radio, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, abordó la grave situación de orden público que atraviesa el sur del departamento de Bolívar, donde cerca de 5.000 personas se encuentran confinadas. La conversación dejó entrever no solo la complejidad estructural del conflicto, sino la multiplicidad de actores involucrados y las limitaciones institucionales para ofrecer soluciones inmediatas.

El alto funcionario reiteró que “es un problema que no se soluciona de la noche a la mañana”, al tiempo que reconoció los enormes desafíos para contener el avance de organizaciones armadas en esta zona del país.

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Ministro habló de avances logísticos en zonas afectadas

Al ser consultado sobre el aislamiento de las comunidades, Sánchez indicó que algunos avances logísticos se lograron, particularmente hacia sectores como Santa Rosa y Canelos, por lo que explicó que “se activó una caravana el día domingo después de un consejo, una reunión de seguridad que hicimos extraordinaria con la cúpula militar y con los mandos regionales y policiales”.

Pese a estos movimientos, enfatizó que los esfuerzos no se circunscriben exclusivamente a una solución militar. Para el ministro, el fondo del conflicto tiene un carácter multidimensional, alimentado por el abandono estatal, la informalidad en la minería y el control territorial de grupos armados.

En relación con el epicentro de la crisis, identificó como foco principal de tensión la zona de La Mariposa, caracterizada por la alta presencia de minas, en su mayoría ilegales. Allí, indicó, “se calcula que hay alrededor de unas 600 minas, con las cuales se explota oro, de las cuales podría hacerse un cálculo general: alrededor de un 30% o 40% son legales y el resto son ilegales”. Esta ilegalidad, afirmó, se convierte en un “imán que atrae automáticamente a los diferentes cárteles”, que libran una confrontación violenta por el dominio de las rutas y recursos, puesto que las disputas involucran a estructuras del Clan del Golfo, disidencias de las Farc y frentes del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

El ministro también se refirió a la desconexión geográfica de la región, lo que agrava las dificultades para la presencia estatal. Según sus palabras, “paradójicamente pareciera que fuera una isla”, aludiendo a la falta de conexión vial con departamentos vecinos como Santander, César, Antioquia y otros puntos de Bolívar.

El uso de drones por grupos armados ilegales es ‘una piedra en el zapato’

Este aislamiento físico repercute en la eficiencia de las operaciones y limita el despliegue de la ayuda, es así que se activó una ‘Fuerza de Despliegue Rápido’ sin jurisdicción fija, que actúa con base en objetivos criminales puntuales. Aun así, reconoció que las condiciones adversas dificultaron su labor: “El avance, como quisiéramos, es limitado por el ataque con drones (...) la tropa que le está dando seguridad a esa caravana de abastecimiento fue atacada y ahí nos asesinaron a un soldado”.

La expansión del uso de drones por parte de organizaciones ilegales también fue destacada como una amenaza creciente, así, Pedro Sánchez aseguró que “los datos lo muestran (...) se han incrementado los ataques de drones en el mismo lapso frente al año anterior, en un 138%”. Reconoció que, aunque se adquirieron capacidades antidrones, estas aún no logran ofrecer una cobertura plena en terreno, además, explicó que los procesos administrativos para la adquisición y despliegue de estos equipos avanzan de forma más lenta que la capacidad de adaptación de los grupos criminales.

Frente a las críticas sobre el deterioro general del orden público, Sánchez no desconoció la gravedad de algunos escenarios, pero defendió con cifras ciertos avances obtenidos por lo que señaló que “la extorsión se ha reducido en un 9%, la trata de personas en un 27%, el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes en un 50%, prácticamente el hurto en todas sus modalidades, en un 37%”.

Estas cifras, aclaró, se sustentan en reportes oficiales y permiten dimensionar que, si bien algunas zonas presentan picos alarmantes de violencia, en otras se han logrado reducciones sustanciales en indicadores criminales.

“Está crítico en el Cauca, está crítico en el sur de Bolívar, está crítico en el Catatumbo”, expresó. Añadió que los paros, las acciones de sabotaje y la manipulación ejercida por grupos armados sobre la población dificultan aún más las respuestas institucionales. Según su diagnóstico, ya no se trata de confrontaciones ideológicas, sino de dinámicas centradas en economías ilegales: “Aquí no hay grupos con ideología revolucionaria, aquí simplemente intereses de economía criminal”.