En la mañana del lunes 4 de julio el presidente Gustavo Petro replicó un post que había publicado el 2 de agosto el senador Iván Cepeda, en el que criticó a “enviados” del recientemente condenado expresidente Álvaro Uribe para, según él, contrarrestar el poder Judicial en Colombia.
El texto de Cepeda, publicado en X, dice: “El infame cabildeo que están haciendo en EEUU los enviados del condenado en primera instancia, Álvaro Uribe Vélez, busca no solo debilitar el Poder Judicial, sino generar sanciones para todos los colombianos de no lograr recuperar su impunidad. Es, sin duda traición a la patria”.
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El presidente Petro lanzó fuertes calificativos contra quienes considera, al mismo tiempo, apátridas y traidores de la Patria.
“Quienes van a fuera, a los EEUU, a hablar con la extrema derecha, para que desde allá se presione a la justicia colombiana, son apátridas. No se les puede llamar miembros de la oposición, sino traidores a Colombia. Quienes van a Estados Unidos a hacer “lobby” van es contra la justicia y contra Colombia".
Algunos republicanos insinuaron represalias por condena a Uribe
La sentencia judicial emitida en Colombia contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez ha generado una oleada de reacciones desde diversos sectores del ámbito político estadounidense, particularmente entre líderes del Partido Republicano, quienes han expresado su preocupación por lo que consideran una posible judicialización de la política en el país suramericano. Algunas voces han llegado incluso a advertir sobre posibles impactos en la relación bilateral entre Colombia y Estados Unidos, tradicionalmente estrecha y estratégica.
El fallo, proferido por el Juzgado 44 Penal del Circuito con funciones de conocimiento en Bogotá, impuso al exmandatario una condena de 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.
Además, se le impuso una sanción económica equivalente a 1.612,5 salarios mínimos mensuales legales vigentes y una inhabilidad de más de 100 meses para ejercer cargos públicos. La decisión, adoptada por la jueza Sandra Heredia, ha sido considerada histórica y sin precedentes en el contexto colombiano, tanto por la dimensión política del condenado como por las posibles repercusiones internacionales.
El proceso judicial ha suscitado reacciones inmediatas en el Congreso de los Estados Unidos. Senadores y representantes, en su mayoría pertenecientes al Partido Republicano, han cuestionado abiertamente la imparcialidad del sistema judicial colombiano. En declaraciones recogidas por la revista Semana, el senador Bernie Moreno expresó su preocupación por lo que considera un uso político de la justicia, comparando el caso colombiano con el proceso judicial que enfrentó el expresidente Jair Bolsonaro en Brasil y que derivó, durante el gobierno de Donald Trump, en una respuesta diplomática desde Washington.
Entre los líderes que han mostrado mayor respaldo a Uribe se encuentran los senadores Marco Rubio y Rick Scott, así como los representantes Carlos Giménez, Mario Díaz-Balart y María Elvira Salazar, todos vinculados políticamente con el estado de Florida y reconocidos por su defensa de posturas conservadoras en política exterior. En sus declaraciones, han descrito el fallo contra Uribe como un acto de persecución política, un atentado contra el Estado de derecho y un reflejo de lo que denominan una agenda radical por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro.
En este sentido, Christopher Landau, exsubsecretario de Estado de EE. UU., expresó su descontento con el fallo y manifestó su esperanza en que las instancias de apelación puedan corregir lo que considera un abuso judicial. Mientras tanto, desde la administración actual de la Casa Blanca no se ha emitido un pronunciamiento oficial, aunque en medios diplomáticos se reconoce un creciente interés por el desarrollo del caso.
La condena contra Álvaro Uribe ha tenido especial resonancia debido al rol que jugó durante sus mandatos como principal aliado de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico y los grupos armados ilegales en la región. Su figura ha sido destacada por funcionarios de distintas administraciones estadounidenses, incluyendo la del expresidente Donald Trump, quien en 2020 lo condecoró y lo calificó como un “héroe” por su papel en la lucha contra lo que denominó “el castrochavismo”.
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