Un comunicado difundido por el Frente de Guerra Occidental del Ejército de Liberación Nacional (ELN), bajo el mando de alias Ogli Padilla, advierte que cualquier automotor que traslade productos para la cadena de supermercados D1 en los departamentos de Chocó y Risaralda a partir del 2 de agosto de 2025, será considerado objetivo militar. La guerrilla aseguró que emprenderá estas acciones tras la negativa de la compañía a pagar el denominado “impuesto de guerra”.
El grupo armado ilegal sostiene que la cadena, propiedad del holding Valorem S.A., ha evadido durante años el pago de extorsiones, recurriendo a empresas de transporte de carga privada y a particulares para abastecer sus puntos de venta en el Chocó. En palabras del ELN, las tiendas D1 habrían “engañado a empresas de transporte de carga privada y a particulares para que lleven sus productos” a la zona, eludiendo así el pago exigido.
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El comunicado no se limita a la extorsión: el ELN también denuncia supuestas condiciones laborales precarias dentro de la cadena de supermercados, acusando a la empresa de obtener amplios beneficios económicos mientras mantiene a sus trabajadores en situaciones indignas. No obstante, la amenaza armada se centra en el conflicto por el no pago de extorsiones en Chocó, un territorio donde el grupo mantiene una presencia consolidada.
Fuentes de inteligencia citadas por Cambio señalan que estas acciones estarían coordinadas con el Frente Noroccidental del ELN, liderado por alias La Abuela. El comunicado menciona además al Comandante Fabián, figura simbólica de la estructura armada en la región, lo que refuerza la dimensión estratégica de la amenaza.
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“El D1 no ha pagado extorsiones en los últimos cinco años por la cobertura que les ha brindado la Fuerza Pública”, detalló un oficial del Ejército Nacional bajo condición de anonimato, en declaraciones recogidas por el citado medio.
A pesar de la gravedad de la advertencia, las fuentes militares consultadas por el medio subrayan que los vehículos de D1 no han sido atacados en los últimos años, gracias a la protección constante del Ejército Nacional. Esta cobertura ha permitido que la cadena opere en zonas de alto riesgo sin ceder a las exigencias del grupo armado.
Ante la escalada de tensiones, las autoridades han reforzado las medidas de seguridad en la región, pues advierten que cualquier ataque contra el transporte de alimentos y productos básicos podría tener un impacto severo en la población civil, dada la dependencia de estas comunidades de los suministros que llegan a través de las tiendas D1.
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Paro armado en Chocó en julio de 2025
El ELN anunció que el paro armado en Chocó, una medida que había impuesto el 25 de julio de 2025 y que restringió la movilidad de la población durante varios días, fue levantado un días después, el 26 de julio. Según la comunicación del Frente de Guerra Occidental Ogli Padilla, a partir de las 00:00 horas del 27 de julio de 2025, los habitantes del departamento podrán moverse libremente por el territorio.
El grupo agradeció a la población por el acatamiento de la orden y subrayó que la restricción queda sin efecto desde la fecha indicada.
El comunicado, difundido por el ELN, dedica un apartado a destacar el papel de las comunidades indígenas y afrodescendientes de Chocó. Según la organización, estos grupos desempeñan una función esencial en la conservación de los ecosistemas, la cultura, la fauna y la flora del departamento. No obstante, el grupo armado sostiene que los esfuerzos de estas comunidades se ven obstaculizados por la corrupción que, a su juicio, impera en la región.
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La organización armada sostiene que la corrupción no solo afecta la gestión pública, sino que también facilita el acceso de actores externos a los recursos naturales del departamento. En su mensaje, el ELN responsabiliza a sectores políticos y empresariales de promover intereses ajenos a las necesidades de la población local, lo que, según su visión, agrava la situación de vulnerabilidad de las comunidades y del entorno natural.
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