El abogado Enrique Gómez se pronunció por medio de su red social en X donde hizo fuertes señalamientos al presidente Gustavo Petro por el sector carbonero del país, señalando que el jefe de Estado quiere acabar con esta industria.
“Petro odia a la industria, a los comerciantes, a los empresarios, a los agricultores de todo tipo, a los ganaderos. Oiga pero lo que más odia Petro es nuestro carbón, eso si que lo detesta y está haciendo todo lo posible para acabar con esta importante industria que genera 130.000 empleos en Colombia”, empezó señalando Gómez.
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Según el político, esta importante industria deja al país grandes ingresos económicos, ayudando incluso a la producción del acero.
“Nos deja cerca de 7 mil millones de dólares en exportaciones más impuestos de renta, más regalías, y obviamente nos permite generar gran parte de nuestra energía térmica en el país. También nos ayuda en la producción del acero como en muchos lugares del mundo, porque tenemos carbones muy valorados en el mundo”, aseveró.
Enrique Gómez fue enfático en afirmar que Gustavo Petro con su “locura ambiental” quiere traer más pobreza en el país, sobre todo a los sectores del sector antioqueño que son de los más beneficiados.
“Petro para satisfacer su locura ambiental quiere es traer pobreza a los empresarios, a los del carbón, a los municipios carboneros como Amagá, el suroeste antioqueño que tienen larga tradición en minería de calidad, minería con buenos empleos y que genera una economía de valor bien importante e impuestos municipales", señaló.
Para finalizar, el abogado y político afirmó: “El delirio de Petro contra el carbón solo trae pobreza a los colombianos, como todo lo que trae el petrismo”.
Enrique Gómez, Paloma Valencia y Andrés Forero reaccionaron al decreto de salud del gobierno de Gustavo Petro
El decreto 0858 de 2025, firmado por el presidente Gustavo Petro y el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, desató una intensa controversia política al ser visto como una forma de imponer la reforma al sistema de salud sin la aprobación del Congreso.
La medida, que adopta el Modelo de Salud Preventivo, Predictivo y Resolutivo a nivel nacional, generó rechazo por parte de varios líderes de oposición, quienes denuncian que se están vulnerando los límites del Ejecutivo.
Según la senadora Paloma Valencia denunció que el decreto representa una alteración sustancial del modelo sanitario vigente, afectando la estructura operativa y administrativa del sistema de salud.
“#ElDecretazo pretende borrar las EPS y entregarle todas las funciones a las entidades territoriales”, afirmó la congresista. Añadió que esta modificación se contrapone directamente con lo dispuesto por la ley 100 de 1993 y otras normas complementarias.
El representante a la Cámara Andrés Forero, por su parte, acusó al gobierno de actuar al margen del Congreso. A través de su cuenta de X (antes Twitter), expresó: “@GAJaramillo sigue el ejemplo de @petrogustavo y por medio de un ‘decretazo’ que desconoce al Congreso implanta su inconveniente reforma a la salud”.
En línea con estas críticas, el abogado y político Enrique Gómez declaró que “impusieron la reforma a la salud por encima del Congreso”, acusando al Ejecutivo de actuar con fines políticos. Gómez también manifestó que “la autocracia está desesperada por los recursos para las eléctricas del 2026”.
Otras voces del Congreso de la República también se pronunciaron. La senadora María Fernanda Cabal aseguró que el Gobierno intenta replicar un modelo sanitario fallido que, según ella, ya había mostrado deficiencias durante la gestión de Petro como alcalde de Bogotá.
“El modelo de salud fracasado de Petro lo vivió Bogotá cuando lamentablemente fue alcalde, hoy la tragedia la sufren los docentes que están viendo como juegan con su vida; y ahora por decreto pretenden imponerla al país.” dijo la congresista.
Mientras tanto, Katherine Miranda señaló que el decreto configura una “reconfiguración estructural del sistema de salud”, la cual debería pasar por el Legislativo.
Ante este panorama, va creciendo la tensión institucional por los límites entre el poder reglamentario del Ejecutivo y las competencias del Congreso, mientras sectores opositores advierten que interpondrán acciones legales para frenar el decreto.
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