A pesar de la ofensiva militar en el sur de Bolívar, aún se mantiene el confinamiento de más de 5.000 personas que no han podido retomar plenamente sus actividades cotidianas por el accionar de estructuras criminales.
El Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional desplegaron una compleja operación conjunta, logrando reabrir el corredor entre Santa Rosa y Canelos, una ruta crucial para la movilidad y abastecimiento en esta región, azotada por una disputa violenta por el control de la minería de oro ilícita.
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Según explicó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, a través de su cuenta de X, las acciones de grupos armados ilegales generaron una grave crisis de orden público en la zona. Sánchez detalló que “aunque se ha recuperado gran movilidad de la población civil entre Santa Rosa y Canelos, los ataques con drones, principalmente por parte del cartel del ELN, intentan desabastecer y aislar a la población para avanzar en su avaricia criminal de control ilegal de la minería”.
Dichos ataques buscan bloquear corredores humanitarios e instaurar el miedo entre los habitantes, una estrategia considerada por el Ministerio de Defensa como delito de terrorismo y crimen de guerra.
La fuerza pública permanece en terreno, ejecutando maniobras ofensivas con el fin de neutralizar los intereses de estas organizaciones criminales, entre las que el Gobierno identifica al ELN, el Clan del Golfo y disidencias de las Farc.
Estos grupos estarían involucrados en la utilización de drones equipados con explosivos para atacar tanto a militares como a civiles, afectando de manera directa la seguridad y el abastecimiento de las comunidades campesinas. El ministro Sánchez subrayó que “no se trata de resistencia armada: es terrorismo. El ELN y los demás carteles están cometiendo violaciones graves al Derecho Internacional Humanitario”.
Dentro de sus declaraciones, Sánchez reafirmó que la respuesta estatal continuará centrada en proteger a los civiles y garantizar el flujo de personas y bienes: “Estamos recuperando paulatinamente la movilidad en el sur de Bolívar afectada por la codicia criminal por el oro, entre los carteles del ELN, las disidencias criminales y el Clan del Golfo”.
Añadió que “como Ministerio de Defensa, además de avanzar en neutralizar estas disputas criminales, rechazamos contundentemente el uso de drones por estos carteles para atacar a nuestra población civil y a la fuerza pública: esto es un crimen de guerra que intenta paralizar y desabastecer a los pobladores del Sur de Bolívar”.
El Gobierno enfatizó la importancia del respaldo ciudadano para superar la crisis, ofreciendo líneas telefónicas para denuncias anónimas y convocando a la colaboración de la sociedad en su conjunto. Las autoridades dispusieron una serie de líneas telefónicas para recibir información bajo absoluta reserva:
- Contra el crimen: 314 358 7212
- Denuncias generales: 107 / 157
- Gaula: 147 / 165
- Reclutamiento infantil: 14
El Ministerio hizo un llamado público a denunciar cualquier hecho que atente contra la seguridad y los derechos de la población, advirtiendo que “esto no es resistencia: es una barbarie que debe denunciarse por todos los organismos humanitarios y perseguido ante todas las instancias judiciales, nacionales e internacionales”.
En la zona, las autoridades mantienen esfuerzos que buscan, además de restaurar la libre circulación, salvaguardar la vida de mujeres, niños y adultos mayores, blanco de intimidaciones y restricciones impuestas por los grupos ilegales.
“Atacar a la población civil es un acto cobarde y una violación flagrante del DIH. Frente a ello, además de desplegar todas las capacidades necesarias de la fuerza pública para neutralizar la amenaza, condenamos con firmeza este atentado y advertimos: quienes usan explosivos para intimidar y presionar a las comunidades no son rebeldes, son terroristas”, sentenció el jefe de la cartera.
A pesar de que se reestableció parcialmente la movilidad, el Estado reconoce que la amenaza de ataques persiste y que las operaciones ofensivas continuarán hasta restituir el orden pleno en la zona.
“La población civil es y seguirá siendo nuestra prioridad. No permitiremos que el sur de Bolívar quede en manos del miedo”, concluyó el Ministerio de Defensa. Sánchez sintetizó el esfuerzo colectivo y el objetivo institucional con una frase dirigida a los habitantes del sur de Bolívar y del país: “El Estado somos todos… y los buenos somos más”.
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