El secretario de Movilidad de Cali, Gustavo Orozco, recibió una instrucción directa del alcalde Alejandro Éder para reforzar los controles y operativos contra el transporte ilegal en la ciudad.
El pronunciamiento se registró durante un encuentro entre funcionarios de la Administración local y representantes del gremio de taxistas.
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En la reunión, realizada el jueves 31 de julio, los conductores expresaron su rechazo a la prestación de servicios de pasajeros por parte de vehículos particulares, especialmente en sectores comerciales y zonas de alta afluencia. Los taxistas solicitaron mayor vigilancia sobre estos vehículos, conocidos popularmente como “piratas”.
“Tienen que atacar la ilegalidad”, expresó uno de los líderes taxistas al exigir mayor contundencia contra la ilegalidad.
El alcalde Éder respondió: ”Yo le digo al secretario, al subsecretario y a los agentes que están aquí con nosotros, no quiero oír más denuncias de que los agentes están multando una pista de taxis al lado de una pista de piratas. Entiendo la dificultad de hacerlo, pero se acabó. Sobre todo, si hay tiempo para multar a los taxis, debe haber más tiempo para multar a los piratas”.
La reacción del alcalde generó aplausos entre los asistentes, que expresaron su respaldo a la posición del mandatario local.
La cita entre autoridades y taxistas se realizó en respuesta a las peticiones que el gremio presentó durante el paro de taxis realizado la semana anterior bajo el lema J23.
Los acuerdos solicitados se centran en cinco puntos: seguridad, seguridad vial, combate a la ilegalidad, mejora de la operatividad y cumplimiento de funciones por parte de los agentes de tránsito.
Óscar Villegas, representante de la Veeduría Nacional de Transporte y de la Fundación Dios y Gremio, recordó que hace un año se adelantó una protesta similar con el mismo pliego de exigencias dirigido al alcalde. Villegas indicó que el gremio taxista se movilizó nuevamente para buscar avances concretos sobre esos compromisos.
Al cierre del encuentro, los líderes taxistas celebraron la orden emitida al secretario de Movilidad, señalando que la operación de vehículos particulares que prestan servicios de transporte público es más notoria en zonas del oriente de Cali y en las principales vías de la ciudad. La expectativa del gremio se centra ahora en el cumplimiento de los controles anunciados por la Alcaldía.
Uso de cepos para malparqueados quedó suspendido temporalmente en Cali
El 22 de julio se conoció el anuncio del secretario de Movilidad, Gustavo Orozco, que afirmaba que a partir del 1 de agosto de 2025 entraría en vigencia el uso del dispositivo conocido como cepo, que inmoviliza vehículos y motocicletas mal estacionados.
Estos cepos, de acuerdo con información oficial, funcionarían espacios de andenes, aceras, cruces semafóricos, entradas de hospitales, colegios, centros de salud y vías principales de alta congestión, con especial atención al Centro Histórico, áreas adyacentes a centros comerciales, corredores del sistema masivo MIO y zonas hospitalarias.
Sin embargo, el jueves 31 de julio, la alcaldía anunció el aplazamiento durante ocho días a la implementación de la medida del cepo vehicular en el centro de la ciudad, atendiendo una recomendación de la Personería.
Durante este plazo, no se impondrán sanciones y las autoridades se dedicarán exclusivamente a informar y educar a los conductores sobre la nueva disposición.
El objetivo principal es que la ciudadanía entienda el funcionamiento del cepo, así como su propósito, aplicación y respaldo legal.
El personero de Cali, Gerardo Mendoza, indicó que la intención no es únicamente sancionar, sino generar conciencia respecto al respeto por el espacio público y la movilidad responsable.
En este periodo, funcionarios de la Secretaría de Movilidad realizarán acciones pedagógicas para explicar cómo opera el cepo, en qué situaciones se aplica y cuáles son los protocolos que deben seguir los conductores cuando se encuentren con esta medida.
La decisión de aplazar la imposición del cepo tiene como sustento los resultados de un sondeo ordenado por la Personería. En la consulta, de 600 ciudadanos, el 44,8% se mostró en desacuerdo con la medida y el 49% expresó su aprobación. Sin embargo, el 74,3% manifestó que la medida no fue socializada adecuadamente.
El estudio también destacó que el 60,7% de los encuestados conoció la implementación del cepo a través de redes sociales y medios digitales. Además, el 64,3% consideró que existen alternativas menos invasivas y más efectivas para el control de infractores. Por su parte, el 63,1% percibe los operativos de control del espacio público como insuficientes.
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