2025 ya es el año más violento para personas Lgbti en Colombia: 52 homicidios registrados hasta ahora

En Colombia, el liderazgo de personas Lgbti+ ganó visibilidad en distintos espacios, desde entidades del Estado hasta organizaciones comunitarias. Sin embargo, esa mayor presencia no significó, necesariamente, condiciones más seguras o equitativas. El caso de Fernanda Domicó, lideresa indígena trans, volvió a poner en evidencia la vulnerabilidad en la que viven muchas personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas en el país.

Fernanda fue hallada sin vida el 25 de julio en el municipio de Dabeiba, Antioquia, donde dirigía el cuerpo de bomberos voluntarios. Su papel como lideresa social y defensora de derechos humanos la convirtió en una figura reconocida y respetada por su comunidad. Aunque aún no se conocen las causas de su muerte, su historia deja al descubierto un patrón de violencia estructural que afecta de forma desproporcionada a las personas trans, sobre todo cuando asumen roles visibles.

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El Observatorio de Derechos Humanos de Caribe Afirmativo registra 52 casos de homicidios y feminicidios contra personas Lgbti+ en lo que va de 2025. En el mismo periodo del año anterior, iban 32. El aumento es del 42%. Antioquia concentra casi la mitad de los casos, 23 en total, de los cuales 14 fueron contra personas trans. La mayoría eran mujeres.

“Lo que estamos encontrando es que los asesinatos siguen presentando un altísimo nivel de sevicia y crueldad”, advirtió Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo. “Se usan armas blancas, objetos contundentes, hay golpes en varias partes del cuerpo y, en muchos casos, afectaciones al cadáver después de la muerte”. Para él, no se trata solo de acabar con la vida de alguien, sino de enviar un mensaje de odio hacia toda una comunidad.

Las personas trans viven en promedio solo 35 años en Colombia. Detrás de esa cifra hay una cadena de exclusión que comienza desde muy temprano, dificultad para acceder a la educación, barreras para encontrar empleo, violencia en el entorno familiar y social, y una institucionalidad que no responde con la suficiente fuerza. “En Colombia parece que asumirse como una persona trans significa renunciar a vivir con derechos”, resumió Castañeda.

En muchos casos, además, estas personas habitan territorios donde el conflicto armado persiste. Allí, grupos armados imponen castigos “morales” o las instrumentalizan según sus intereses. El control territorial, sumado a la pobreza y a la discriminación, agrava la situación. En zonas rurales, las garantías son casi inexistentes.

A pesar de contar con un grupo especializado dentro de la Fiscalía para atender casos de violencia por orientación sexual o identidad de género, las investigaciones avanzan lento. “No estamos viendo resultados en tiempo real. Las investigaciones se demoran, la mayoría de los casos no se cierran y esa lentitud solo mantiene la impunidad, como si estas vidas no importaran”, señala el director de Caribe Afirmativo. Reclama acciones concretas, no solo declaraciones. “Seguimos teniendo un Estado que aparece a lamentar la violencia, pero que no la está previniendo, que es lo más urgente”.

Por su parte, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ofreció una recompensa de 20 millones de pesos por información sobre el asesinato de Fernanda y pidió que se esclarezca cuanto antes. “La comandante Fernanda fue una mujer que, con firmeza y resiliencia, rompió barreras y abrió caminos hacia la inclusión y el respeto”, señaló la administración departamental.

Pero, esa visibilidad, como recalcan organizaciones sociales, no puede ser la única apuesta. “No se trata solo de darles espacio a las personas trans en niveles de liderazgo, también es responsabilidad del Estado garantizar acompañamiento y condiciones reales para que esa visibilidad no se convierta en un riesgo”, apunta Castañeda.