El Gobierno nacional firmó el Decreto 0858, que implementa los puntos clave de la reforma a la salud que se tramita en el Congreso de la República.
La resolución define las funciones que tendrán las Entidades Promotoras de Salud (EPS), que el Ministerio de Salud busca transformar en Gestoras de Salud desde el inicio.
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La firma del decreto la realizó el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, el miércoles 30 de julio de 2025, y se realizó después de que se conociera que Miguel Ángel del Pinto, senador del Partido Liberal, fuera escogido como presidente de la Comisión Séptima.
En la Comisión Séptima del Senado se han hundido varias reformas del Gobierno, mientras que Miguel Ángel del Pinto se ha mostrado distante del Gobierno y dejado ver sus reparos con la reforma a la salud.
El Decreto 0858 de 2025 indica que con este "se sustituye la parte 11, del libro 2 del Decreto 780 de 2016, relativo al modelo de salud preventivo, predictivo y resolutivo”.
Además, establece “un modelo de salud preventivo, predictivo y resolutivo como política en salud para los habitantes del territorio colombiano”.
Uno de los puntos importantes del decreto, es el cambio de las EPS a gestoras de salud, término que nació con la dirección de Carolina Corcho en el Ministerio de Salud.
“Las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) públicas privadas y mixtas que hagan parte del nivel primario de las redes integrales e integradas territoriales de salud (Riits), se organizarán de manera funcional como Centros de Atención Primaria en Salud (Caps), que se constituye como la base territorial, desarrollan los atributos de accesibilidad y primer contacto, longitudinal a través de la adscripción poblacional y territorial, integralidad y coordinación e integran procesos de administración y atención de la ciudadanía, prestación de servicios de salud integrales, integrados y resolutivos”, se lee en el decreto.
La cartera también definirá en un plazo máximo de tres meses los requisitos, condiciones y lineamientos “que deben cumplir los prestadores de servicios de salud públicos, privados y mixtos del nivel primario para organizarse funcionalmente en Centros de Atención Primaria en Salud (Caps)”.
La resolución precisó que las IPS y Caps no tendrán ninguna modificación en “su naturaleza jurídica”, es decir, según el decreto, que conservarán “su régimen legal y autonomía, de acuerdo con su forma de constitución y normativa”.
Además, se estableció un capítulo dedicado al “trabajo digno y decente” para las personas involucradas en la salud en Colombia, temas que se discutieron en el Congreso en dos reformas hundidas.
El decreto también elimina la intermediación de las EPS, motivo por el cual se abre el espacio para que el Gobierno nacional gire los recursos directamente a las IPS.
“El modelo de salud preventivo, predictivo y resolutivo, se financia con cargo a los recursos del aseguramiento en salud administrados por la Adres, el Sistema General de Participaciones, los recursos del Presupuesto General de la Nación”, se lee en el decreto.
Los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud “deberán adecuar progresivamente la operación a las disposiciones del presente decreto, en un plazo de un año, conforme a lo definido en esta norma”.
Andrés Forero, congresista del Centro Democrático, anunció acciones legales contra el Decreto 0858, que implementa puntos claves de la reforma a la salud.
“A Guillermo Alfonso Jaramillo no le bastó el desastre del sistema de salud de los maestros y ahora implementa su reforma vía decreto, desconociendo al Congreso. Y eso que el ministro Armando Benedetti había dicho que quería buscar acuerdos y concertar con la Comisión VII de Senado. Demandaremos ese esperpento”, afirmó Forero.
Ana María Vesga, presidenta de Acemi, cuestionó el decreto firmado el miércoles 30 de julio de 2025.
“El modelo de atención en salud firmado por Decreto modifica la organización del sistema, desdibuja el rol de las EPS en funciones que son esenciales para la correcta atención de la población, no resuelve ni mejora los problemas de los pacientes y lo desfinancia aún más. La reforma a la salud con serios vicios de legalidad”, precisó Ana María Vesga.
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