Cruz Roja lanzó alerta por violencia en Colombia: 2025 va camino a ser el año más crudo en consecuencias humanitarias

Las cifras ya no sorprenden, pero sí estremecen. En apenas cinco meses, más de 85.000 personas vivieron bajo confinamiento forzado, más de 58.000 fueron desplazadas y al menos 524 resultaron heridas o murieron por artefactos explosivos. El Comité Internacional de la Cruz Roja (Cicr), en su último balance presentado el 31 de julio, advirtió que el primer semestre de 2025 fue particularmente crudo para miles de colombianos atrapados en medio de la violencia. Si la tendencia se mantiene, este podría ser el año con las peores consecuencias humanitarias de la última década.

Según el informe, el deterioro de la situación humanitaria está estrechamente relacionado con el aumento de enfrentamientos entre grupos armados y la fuerza pública. “Las hostilidades generaron consecuencias especialmente graves para la población civil, debido a la reiterada falta de respeto por los principios de distinción, proporcionalidad y precaución establecidos en el derecho internacional humanitario”, señaló el documento.

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Uno de los indicadores más alarmantes tiene que ver con los explosivos. Entre enero y mayo de 2025, el uso de artefactos improvisados, drones armados y minas activadas a distancia causó un aumento del 145% en víctimas frente al mismo periodo del año anterior. Cauca concentró más de la mitad de los casos; le siguen Antioquia y, sorprendentemente, Huila, que no había tenido registros en 2024. De las 524 víctimas, el 70% fueron civiles, incluidos 56 menores de edad. El impacto en la vida cotidiana de comunidades rurales es incalculable, sembrar, caminar o ir a la escuela se convirtió en un riesgo.

Pero, no es el único escenario preocupante. En paralelo, se dispararon los confinamientos, más de 85.000 personas permanecieron encerradas en sus comunidades, sin poder acceder a servicios básicos, salud o alimentos. Norte de Santander y Chocó son los departamentos con más casos, seguidos por regiones amazónicas como Guaviare y Amazonas. El fenómeno se traduce en aislamiento forzado por miedo a represalias, minas o bloqueos armados.

El desplazamiento masivo también creció de forma preocupante. En lo corrido del año, al menos 58.160 personas tuvieron que abandonar sus hogares, lo que representa un aumento del 117% respecto a 2024. En este panorama, Norte de Santander lidera con más de 49.800 personas expulsadas de sus territorios. En contraste, Nariño —que históricamente encabezaba estas cifras— reportó una disminución del 92%, una tendencia atípica en medio de un país donde el conflicto parece moverse, pero no desaparecer.

La desaparición de personas continúa siendo otra cara silenciada del conflicto. En cinco meses, el Cicr documentó 136 nuevos casos asociados a la violencia armada. El 79% de las víctimas son civiles y, entre ellos, hay 26 menores de edad. Sus familias siguen buscando respuestas, muchas veces sin acompañamiento estatal.

El reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes es otra herida abierta. Aunque el Cicr no reveló cifras exactas, advierte que el fenómeno persiste y se expande en algunas regiones. “El reclutamiento, uso y utilización interrumpe las trayectorias de vida de niños, niñas y adolescentes, los expone a múltiples formas de violencia y deja huellas profundas en sus comunidades”, afirma el informe.

Y como si fuera poco, el panorama carcelario tampoco mejora. Las condiciones de reclusión siguen siendo precarias. El hacinamiento en centros penitenciarios del Inpec alcanzó un 28%, afectando derechos fundamentales como el acceso a la salud y a una alimentación adecuada. En las Unidades de Reacción Inmediata (URI) y estaciones de policía, la situación es aún más crítica: el hacinamiento llegó al 122%.

El llamado de la Cruz Roja es urgente y directo, si no se implementan medidas eficaces de protección y prevención, el país podría cerrar 2025 con un saldo humanitario devastador.