“Le raparon el celular, lo botaron al piso y se lo destruyeron. Entonces, ¿de qué estamos hablando?”, cuestionó con indignación la concejala Ana Teresa Bernal durante una sesión del Concejo de Bogotá. El relato, que describe la agresión sufrida por una ciudadana al intentar grabar un procedimiento de control en TransMilenio, ilustró la preocupación creciente por el uso excesivo de la fuerza por parte del personal de seguridad del sistema masivo.
En palabras de Bernal, lo que comenzó como una estrategia para combatir la evasión del pasaje se ha convertido en un foco de arbitrariedad y represión. La concejala, integrante del Pacto Histórico, denunció ante el cabildo distrital que durante tres días consecutivos se han documentado agresiones físicas cometidas por los guardas de seguridad contra usuarios.
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La alerta lanzada por Bernal no se limitó a la denuncia de hechos aislados. La concejala exigió a la Personería de Bogotá una investigación exhaustiva y un pronunciamiento sobre la ausencia de protocolos claros y respetuosos de los derechos humanos en los procedimientos de control a la evasión.
Bernal cuestionó la formación y el respaldo con el que actúan los celadores, señalando que su función no puede equipararse a la de una fuerza policiva. “¿Cuál es la formación que están recibiendo estos celadores? ¿Con qué respaldo actúan como si fueran una fuerza policiva? Esa no es la manera”, enfatizó.
El debate sobre el uso de la fuerza en TransMilenio cobró especial relevancia tras la difusión de un video en el que tres vigilantes agredieron a un usuario que evadió el pago del pasaje en el portal Usme. La empresa TransMilenio respondió con un rechazo enfático a cualquier forma de violencia, agresión o intolerancia dentro del sistema y en la ciudad.
En un comunicado, la compañía subrayó: “Rechazamos de manera enfática todo tipo de violencia, escalada, agresión e intolerancia en el sistema y en la ciudad. Ninguna situación justifica este tipo de comportamientos. La empresa de vigilancia tomó las medidas inmediatas para que estas situaciones no vuelvan a suceder”.
Sin embargo, el 25 de julio, cuando se publicaron las imágenes, Bernal señaló que: “Estas acciones no solo son ilegales, son peligrosas. Hacemos un llamado urgente a @TransMilenio para que publique los contratos de estas empresas privadas y sus manuales de funciones. Ni en la agresión ni en la intimidación se vio la presencia de gestores de convivencia. ¡Esto no puede repetirse!“.
A pesar de la condena pública, la evasión del pago del pasaje sigue siendo un fenómeno persistente y difícil de controlar. En 2025, el contrato de vigilancia privada se reforzó con el objetivo de contener y disuadir a los evasores, especialmente en puntos críticos donde el riesgo de accidentes es elevado.
En el caso del portal Usme, los usuarios evaden el pago al ingresar por las plataformas de los buses, exponiéndose a situaciones peligrosas. La gerencia de TransMilenio recalcó que los vigilantes no pueden ejercer funciones policíacas, sino únicamente labores de contención y disuasión.
Las críticas al sistema no se limitan al comportamiento de los vigilantes. El concejal Andrés Barrios Bernal, del Centro Democrático, puso el foco en el consumo de sustancias psicoactivas por parte de los conductores de TransMilenio.
Barrios reveló que entre 2021 y junio de 2025 se han registrado 622 casos positivos de conductores bajo los efectos de drogas distintas al alcohol y 594 casos en estado de embriaguez, según tamizajes realizados por los concesionarios antes de iniciar la jornada laboral.
El concejal cuestionó la eficacia y la frecuencia de estos protocolos, advirtiendo sobre el riesgo que representa para los millones de bogotanos que utilizan el sistema a diario. Barrios también expresó su preocupación por el hecho de que TransMilenio declare desconocer si se han producido accidentes de tránsito relacionados con el consumo de alcohol o drogas.
Las sustancias detectadas en los tamizajes incluyen cocaína, opiáceos, metanfetamina, cannabis, benzodiacepinas, anfetaminas y alcohol. Durante 2025, TransMilenio identificó 38 operadores bajo los efectos de alguna droga y 47 casos positivos por consumo de alcohol.
Barrios calificó como grave que la empresa desconozca los procesos disciplinarios aplicados tras estos hallazgos, dado que el servicio se encuentra tercerizado a concesionarios. El concejal instó al distrito y a TransMilenio a tomar medidas urgentes frente a esta situación.
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