Cinco corregimientos del municipio de Santa Rosa del Sur, en el sur del departamento de Bolívar, permanecen aislados desde hace más de diez días debido a restricciones impuestas por estructuras armadas ilegales.
Según autoridades locales, la situación ha afectado el suministro de alimentos, víveres y combustibles, y ha limitado completamente la movilidad entre las poblaciones cercanas.
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La emergencia humanitaria fue confirmada por el secretario de Seguridad del departamento, Manuel Berrío, quien informó que más de 5.000 personas están actualmente confinadas en los corregimientos de Canelos, Villaflor, Buenavista, San Juan Río Grande y La Marizosa.
El funcionario indicó que estos territorios están en medio de disputas entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del Golfo, quienes han asumido el control de dos de las principales rutas que comunican a estas comunidades.
“En el sur de Bolívar tenemos tres focos de enfrentamiento: Montecristo, Arenal y Cantagallo. Pero la situación que está desbordando toda la atención departamental es la que vive el corregimiento de La Marizosa, al sur del departamento de Bolívar, en el municipio de Santa Rosa, donde llevan más de 12 días sin contar con abastecimiento de víveres, combustible ni nada. Las estructuras armadas, tanto el ELN como el Clan del Golfo, han dado la instrucción de que nada suba hacia La Marizosa y los pueblos vecinos”, señaló Berrío.
La ausencia de insumos básicos ha encendido las alarmas entre las autoridades municipales y departamentales, que han recibido reportes sobre la posibilidad de un desplazamiento masivo hacia la cabecera de Santa Rosa del Sur.
Frente a este escenario, el secretario advirtió que el nivel de presión entre los habitantes podría derivar en respuestas no institucionales frente a los actores armados.
“Esto podría generar un desplazamiento de aproximadamente 5.000 personas en los próximos días hacia la cabecera municipal de Santa Rosa del Sur. Lo difícil ahora es que estamos recibiendo información de que la comunidad tiene la intención de hacerle frente por sí misma a las estructuras armadas, lo que podría poner en riesgo la vida de estas personas que buscan defender sus derechos”, indicó el funcionario.
Las restricciones impuestas por los grupos armados han paralizado las actividades económicas en los corregimientos mencionados, lo que ha agravado las condiciones sociales de las comunidades. La situación ha sido reportada a los organismos nacionales competentes y está siendo analizada en el marco de un consejo extraordinario de seguridad, que tendrá lugar en Cartagena.
En paralelo, la situación de orden público se ha visto aún más afectada por la retención de un líder comunitario de la zona. De acuerdo con las autoridades, el presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) de La Marizosa, Luis Eduardo Bohórquez, fue llevado por la fuerza desde su vivienda hace seis días. Su familia y habitantes del corregimiento han reportado el caso a las autoridades, quienes lo atribuyen a miembros del ELN.
“Sigue en cautiverio. Lo último que sabemos, por información de inteligencia militar, es que le han comprado medicamentos. Está en poder del ELN y, al parecer, está siendo sometido a un juicio. Él sigue con vida, goza de salud porque le están suministrando medicamentos, pero no tenemos conocimiento de su paradero exacto”, afirmó Berrío.
Este caso ha sido incluido en la revisión que se hará durante el consejo de seguridad programado para las próximas horas, en el que se espera que participen representantes del Gobierno Nacional, de la fuerza pública, de la Gobernación de Bolívar y de organismos humanitarios. La intención es articular acciones para atender la emergencia y evitar que la situación escale a escenarios de mayor complejidad humanitaria.
Las autoridades regionales también han solicitado a la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y la Fiscalía General de la Nación su intervención frente a la situación de confinamiento y la presunta violación a derechos fundamentales. La Gobernación de Bolívar, por su parte, ha comenzado a coordinar con el Ejército y la Policía Nacional la posible implementación de corredores humanitarios que permitan el ingreso de suministros esenciales a las zonas afectadas.
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