Un llamado a víctimas del macrocaso 01, centrado en los secuestros perpetrados por las Farc, está generando controversia, antes de la audiencia prevista para el 31 de julio.
Representantes de las víctimas estarían denunciando que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) los citó a un “encuentro técnico preparatorio obligatorio”, medida que generó inquietud entre quienes la consideran una imposición sin fuerza legal y un intento por “libretear” sus intervenciones dentro del proceso.
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El documento oficial, conocido por Semana, identificado como Auto 014-2025 y firmado por el magistrado Camilo Andrés Suárez, establece que “esto con el propósito de concertar la metodología y objeto de su intervención, con miras a la realización de los fines del proceso transicional sancionatorio de reconocimiento de verdad y de responsabilidad”.
Incluso, de acuerdo a lo que reportó el medio nacional, advierte que la asistencia de las víctimas o sus representantes es obligatoria. La instrucción abarca escoger voceros y adelantar la preparación de la diligencia de verificación, donde se abordarán los hechos de toma de rehenes y otras privaciones de libertad.
La denuncia de voceros de las víctimas
Abogados de víctimas consideraron que los encuentros previos no tienen respaldo en la normativa vigente de la JEP ni en la ley estatutaria aplicable.
Según la información que recogió el medio, han señalado como ilógico que “obliguen a asistir a un encuentro previo a una audiencia sin definir el fin de ese encuentro”.
Dicen que esa citación afecta el derecho de contradicción, central en cualquier diligencia judicial. La JEP reconoce que “los espacios restaurativos de participación dispuestos en la referida providencia son esencialmente voluntarios”, pero aclara que “resulta imperativo para este Tribunal adelantar una preparación técnica para garantizar el normal y adecuado desarrollo de la diligencia y, de esa forma, asegurar el cumplimiento de su objeto conforme a los fines de la justicia transicional”.
Entre los reparos formulados por las víctimas, resalta la preocupación de que su participación resulte limitada por el formato de la audiencia.
Alegan que este tipo de encuentros, más que garantizar su intervención, terminarían sólo por definir anticipadamente comportamientos y discursos, restando espontaneidad y autenticidad a sus testimonios.
“Esperan saber cómo se van a comportar y lo que van a decir una vez se conozcan las decisiones de la JEP en el caso de secuestros”, sostienen afectados por estos procedimientos.
El abogado de Sigifredo López—exdiputado del Valle y víctima de secuestro—, citado por el medio, expresó dudas sobre la base jurídica de la convocatoria: “Es importante señalar que las audiencias no se preparan con las partes. Eso no se hace previamente, porque pierde el enfoque de la audiencia.
Segundo, porque no hay una norma que establezca que se deban hacer las audiencias preparadas”. Los defensores añaden interrogantes sobre la posibilidad de sanciones a quienes no asistan, como la exclusión de las audiencias y la limitación al ejercicio de defensa de las víctimas.
Los citados llaman la atención a la JEP y a la Procuraduría para que revisen la pertinencia de estas órdenes, considerando que el esquema de “preparar” audiencias judiciales contradice principios del debido proceso. Argumentan que este tipo de medidas pueden ser utilizadas para evitar cuestionamientos y críticas a las decisiones del tribunal.
La Fiscalía expresó preocupación
En paralelo, la fiscal Luz Adriana Camargo expuso en un oficio la preocupación de la Fiscalía General de la Nación sobre el alcance de la actuación de la JEP frente a los crímenes reportados en el macrocaso de secuestros, advirtiendo que sólo una fracción de las investigaciones recibió respuesta judicial y que múltiples responsables siguen sin investigación efectiva.
“Para la Fiscalía General de la Nación resulta preocupante que las decisiones que ha adoptado la Srvr no incluyan la totalidad de las investigaciones relacionadas con el fenómeno delictivo que abarca el macrocaso, ni la totalidad de indiciados o vinculados con su comisión, lo cual deja a esas actuaciones sin un cierre judicial y en indefinición la situación jurídica de los procesados”, recalcó la fiscal.
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