El presidente Gustavo Petro afirmó que no permitirá el paso de militares venezolanos a territorio colombiano ni de soldados colombianos hacia Venezuela, tras la polémica generada en torno a la creación de la denominada zona binacional de paz entre ambas naciones.
La declaración se dio en respuesta a críticas provenientes de sectores políticos, en especial por parte del precandidato presidencial David Luna, que cuestionó los alcances de este nuevo acuerdo con el Gobierno de Nicolás Maduro.
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El tema fronterizo entre Colombia y Venezuela vuelve a ocupar el centro del debate público.
Gustavo Petro utilizó su cuenta de X para referirse al reciente anuncio de una zona binacional de paz, una estrategia diseñada junto al régimen venezolano que ha causado inquietud en la opinión pública.
En su mensaje, Petro buscó disipar rumores sobre el eventual ingreso de fuerzas militares extranjeras, una preocupación latente en algunas esferas políticas y ciudadanas.
“Ningún soldado colombiano pasará la frontera hacia Venezuela, ningún soldado venezolano la pasará en dirección a Colombia. Mientras unos buscan el petróleo, nosotros solo queremos que se encuentren las familias y produzcan y puedan vivir bien”, escribió el jefe de Estado en su perfil oficial, marcando así una postura de no intervención militar en el límite común.
Las declaraciones surgen tras la propuesta de establecer una zona binacional de paz y desarrollo en la frontera entre ambos países, región históricamente afectada por el contrabando, el tráfico ilegal de personas y la presencia de grupos armados.
El objetivo anunciado del plan es fomentar el bienestar de las comunidades que residen a ambos lados de la extensión limítrofe, promoviendo el reencuentro de familias separadas por años de cierre fronterizo y violencia.
La medida, sin embargo, ha encendido alertas entre miembros de la oposición y expertos en relaciones internacionales, quienes cuestionan tanto su trasfondo como sus eventuales repercusiones en la soberanía nacional.
Uno de los principales críticos ha sido el precandidato presidencial David Luna, que, a través de sus redes sociales, advirtió que la zona binacional sería, en la práctica, un mecanismo para ceder el control de la frontera al régimen venezolano.
En un mensaje que publicó el jueves 24 de julio, Luna señaló: “Petro acaba de entregar nuestra frontera a Maduro. Lo llaman ‘zona binacional de paz y desarrollo’, pero en la práctica es un acuerdo opaco, sin control del Congreso, que permite al régimen venezolano influir directamente en departamentos como Norte de Santander, La Guajira y Cesar. Esto no es integración: es cesión de soberanía. Y es una puerta abierta al narcotráfico, la minería ilegal y el tráfico de armas”.
Estas afirmaciones reflejan el temor de sectores de la política colombiana frente al riesgo de que la medida facilite actividades ilícitas en la zona fronteriza, un espacio donde históricamente han operado bandas armadas y mafias dedicadas a la minería ilegal, el contrabando de combustible y el paso de mercancías prohibidas.
Así mismo, frente al principal interrogante relacionado con la eventual participación de efectivos militares venezolanos en territorio nacional, tanto la Cancillería como el Ministerio de Defensa manifestaron que “cualquier mecanismo de seguridad o trabajo conjunto deberá ceñirse estrictamente a la soberanía de cada país y a sus respectivos marcos legales, bajo control y supervisión de las autoridades nacionales”.
Es decir, no existe disposición alguna para que miembros del Ejército Bolivariano tengan algún tipo de competencia o despliegue en áreas bajo jurisdicción colombiana.
Altas fuentes del Ministerio de Comercio, directamente involucradas en la negociación, señalaron que el memorando bilateral firmado con el régimen de Nicolás Maduro “no contempla ninguna injerencia militar ni operaciones conjuntas con fuerzas armadas extranjeras”.
Fuentes oficiales colombianas recalcaron que la intención de ambas administraciones consiste en transformar la zona limítrofe en un espacio seguro, con capacidad productiva y proyección de crecimiento sostenido, todo esto en pleno respeto de los principios de soberanía y normativas nacionales.
Además, señalaron que el reinicio progresivo de las relaciones diplomáticas y comerciales, tras años de tensión y cierre de fronteras, abre una nueva etapa de diálogo, aunque bajo la premisa de que la coordinación en seguridad y defensa seguirá siendo un asunto reservado, estrictamente, a las instituciones de cada país.
En cuanto al papel protagónico de la región del Catatumbo, voceros regionales expresaron expectativas y reservas ante la consolidación de la zona económica especial.
Aunque sectores productivos ven en el acuerdo una oportunidad para atraer inversión y fortalecer la legalidad, hay preocupación en comunidades locales por el riesgo de que la presencia de actores armados ilegales y dinámicas de violencia se mantengan o incluso se trasladen, si no se acompaña el proceso con presencia institucional real y garantías para defensores de derechos humanos.
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