
La propuesta para crear una zona económica binacional entre Colombia y Venezuela, anunciada en la noche del martes 22 de julio del 2025 por el jefe del régimen en Venezuela, Nicolás Maduro, continúa causando una fuerte polémica del lado colombiano. Como las que se conocieron el miércoles 23 de julio, por parte de personajes como la senadora Paloma Valencia y el excandidato presidencial Enrique Gómez Martínez.
Ambos políticos, que hacen parte de dos de las colectividades declaradas en oposición al Gobierno del jefe de Estado, Gustavo Petro, como el Centro Democrático y Salvación Nacional, advirtieron sobre supuestos riesgos que esta iniciativa supondría para la soberanía nacional y la seguridad en regiones fronterizas como Norte de Santander, el Cesar y La Guajira. Además de rechazar la legitimidad del dictador vecino.
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Al término de una semana agitada para la frontera colombo-venezolana, la controversia centró la atención en el anuncio de un memorando de entendimiento entre Petro y Maduro, que, según revelaron los líderes opositores, busca instalar una zona exclusiva de explotación económica sobre territorios compartidos. El acuerdo incluiría, además, los estados venezolanos de Zulia y Táchira, limítrofes con suelo nacional.
“Todos sabemos en Colombia los vínculos que tienen los guerrilleros que destruyeron el Catatumbo y lo llevaron a su peor crisis humanitaria con el régimen dictatorial de Maduro. Cómo es posible que ahora nos digan que van a hacer una zona exclusiva de explotación donde básicamente lo que están diciendo es que el régimen de Maduro va a tener incidencia sobre el territorio”, aseguró Valencia, voz crítica contra el Gobierno.
Indignación en sectores de oposición al anuncio de una zona binacional entre Colombia y Venezuela
El anuncio, dado a conocer por Maduro en una presentación que fue transmitida por televisión, hizo que la precandidata presidencial señalara sobre los riesgos de la propuesta. “El dictador está vinculado con las guerrillas, está vinculado con el tráfico de cocaína y con el Cártel de los Soles. No se puede aceptar que Colombia quede en manos de un dictador, un narcotraficante y un delincuente", denunció la congresista.
Al punto que insistió que la ciudadanía debe pedir explicaciones al Ejecutivo sobre si estos acuerdos forman parte de convenios con grupos armados ilegales. “Colombia tiene que reaccionar con energía”, agregó Valencia, con lo que expresó su preocupación por el futuro de los departamentos en los que se llevaría a cabo esta cooperación y que han sido golpeados por el accionar de grupos armados ilegales.
“La primera pregunta para el Gobierno es: ¿esto hace parte de los acuerdos que han venido haciendo con las guerrillas? ¿Se puede interpretar esto como una zona de distensión para el régimen de Maduro y para las guerrillas que soporta el dictador? ¿Y qué han dicho las autoridades locales de estas regiones?”, cuestionó la senadora en otro de los apartes de su pronunciamiento, que causó reacciones en la escena política.
Del mismo modo, Gómez, que es sobrino del asesinado exaspirante presidencial Álvaro Gómez Hurtado, denunció que asuntos trascendentales para la soberanía nacional han sido opacados por temas mediáticos de menor relevancia. “¿La noticia de hoy es el control de precios al arroz? ¿De verdad la noticia es cómo va a fallar la juez? ¿El caso de (Álvaro) Uribe? ¿De verdad la noticia es la Selección Colombia de fútbol (femenino)? Cómo es posible que ninguna de las decenas de candidatos haya reaccionado", señaló el abogado.
Incluso el letrado bogotano fue más allá y sostuvo que se trata de “la ruptura de la soberanía nacional”, por lo que acusó a la canciller (e) Rosa Yolanda Villavicencio de “tomar órdenes y ejecutar la agenda geoestratégica de la Casa Amarilla, la Cancillería de Venezuela”. Y afirmó que propósito real es crear “un ecosistema criminal bajo el control de Diosdado Cabello, con la tolerancia de nuestro ministro de Defensa”.
“Este memorando apunta a materializar la intención expresada por el ELN en su sexto Congreso de 2024, de convertirse en una guerrilla binacional y crear un espacio geográfico fronterizo de como mínimo 40 kilómetros de ancho y con capital en Cúcuta, desde el cual quieren controlar Arauca y el Catatumbo”, reiteró el político, que se ha caracterizado por su contundencia en los apuntes contra el actual Gobierno.
Otra de las acusaciones directas de Gómez recayó sobre el embajador venezolano en Colombia. “¿Alguno de los candidatos ha dicho una palabra sobre el hecho inaceptable de que el general Carlos Martínez Mendoza, el siniestro alias Remache, anterior comandante de contrainteligencia en Venezuela, esté operando las milicias de las Farc y el ELN desde la misma embajada como fuente de inteligencia?”, denunció el líder opositor.
¿Habría zona de distensión para los grupos armados?
Las declaraciones de ambos políticos han puesto en el centro de la discusión temor a que una mayor integración económica con Venezuela implique, justamente, una zona de despeje que beneficie a actores armados, especialmente al ELN y a estructuras asociadas al narcotráfico; como pasó en su momento con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), durante el gobierno de Andrés Pastrana.
“En Salvación Nacional no vamos a permitir ni vamos a ser parte de la degeneración de la vergüenza que le entrega al narco de Diosdado (Cabello), al dictador Maduro y a los asesinos terroristas, reclutadores de menores y sembradoras de minas antipersona”, sentenció Gómez, que marcó distancia respecto a una eventual implementación del acuerdo entre Petro y Maduro.
El impacto de la propuesta no solo se materializaría en términos de control territorial. En este punto, Valencia y Gómez insisten en que una “zona económica” bajo tutela venezolana supondría, de entrada, la expansión de movimientos irregulares, el afianzamiento de redes ilegales y, en última instancia, el refuerzo de una agenda extranjera sobre departamentos golpeados históricamente por la violencia y el tráfico de drogas.
Cabe destacar que Enrique Gómez hizo mención de cómo existiría una negociación, en la actualidad secreta, entre el presidente colombiano y el dictador venezolano, para “cambiar los criterios de frontera entre Colombia y Venezuela”. Lo anterior, para definir los límites por criterios diferentes al de coordenadas, en una modificación que podría afectar la balanza territorial a favor del país vecino.
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