La herencia de Pablo Escobar en la forma con la que se usa el efectivo en Colombia

En algunas regiones de Colombia, pagar con efectivo no es una simple preferencia, es casi una imposición del contexto. Detrás del predominio de este medio de pago hay razones mucho más complejas que la informalidad laboral. Un análisis del centro de estudios económicos Anif sugirió que el narcotráfico desempeña un papel clave en este fenómeno, reforzando la circulación de billetes y debilitando la trazabilidad financiera.

El informe no lo deja a la interpretación: “dada su naturaleza ilícita y su necesidad de operar por fuera del sistema financiero formal, tiende a generar una demanda significativa de dinero en efectivo, dificultando los mecanismos de trazabilidad y facilitando otro tipo prácticas ilegales”. Esta dinámica no solo afecta el uso de medios de pago, al mismo tiempo impacta de forma directa en la seguridad, el desarrollo y la proyección económica de numerosas regiones del país.

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En zonas con gran potencial turístico, pero con fuerte presencia de grupos armados o cultivos ilegales, el efecto es devastador. A la pérdida de confianza por parte de inversionistas se suma la percepción de inseguridad, que frena el crecimiento de sectores clave como el turismo. “Regiones con alto potencial turístico, pero afectadas por la violencia asociada al narcotráfico, enfrentan dificultades para atraer inversión, dinamizar su economía formal y consolidar procesos de desarrollo económico”, advirtió el informe.

Aunque Anif aclaró que no existe una relación automática entre el aumento de los cultivos ilícitos y el uso de efectivo, las cifras parecen contradecir esa cautela. Solo en 2023, Colombia alcanzó un récord de 252.572 hectáreas cultivadas con coca, mientras que la participación del efectivo dentro del total de los agregados monetarios fue del 24,4%. Diez años antes, en 2013, las hectáreas cultivadas eran apenas 47.778 y el uso del efectivo se situaba en el 18,9%. La coincidencia en los picos de ambos indicadores se ha repetido con consistencia, 230.037 hectáreas y 23,9% de efectivo en 2022; 204.257 hectáreas y 22,4% en 2021.

Las consecuencias, señalan los analistas, van mucho más allá de lo financiero. “Este tipo de dinámicas tiene el potencial de generar distorsiones tanto en la economía real como en el funcionamiento institucional del país. Entre sus principales consecuencias se encuentran el deterioro de las condiciones de seguridad, la afectación de sectores como el turismo, el fortalecimiento de la economía informal y subterránea, así como la pérdida de eficiencia en el manejo de la política monetaria y fiscal“.

A esto se suma un creciente deterioro de la imagen internacional del país. Según el mismo análisis, el avance de los cultivos ilícitos coincidió con una mayor presencia de grupos armados en zonas rurales y un incremento en los riesgos de seguridad. Como resultado, la Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado de EE. UU. emitió una advertencia de nivel tres para Colombia, la misma categoría que ostentan países como Honduras, Pakistán o Israel, y recomienda a sus ciudadanos “reconsiderar el viaje”.

Frente a esta realidad, desde Anif plantean una solución que no solo pasa por el fortalecimiento institucional o la lucha directa contra el narcotráfico, sino por un rediseño integral de la política de drogas, articulado con la estrategia económica. El documento destacó la importancia de enfoques territoriales, no punitivos y centrados en la sustitución voluntaria de cultivos, con desarrollo alternativo y presencia real del Estado.

Sin embargo, el panorama sigue siendo complejo. “Mientras no se logre una contención efectiva de la expansión de cultivos ilícitos ni se recupere el control institucional sobre los territorios afectados, los efectos tanto económicos como sociales derivados de estas actividades persistirán como un desafío estructural en el largo plazo”, concluyó el informe.

El efectivo, en este contexto, deja de ser solo un instrumento para convertirse en una señal de alerta. Su abundancia en determinadas zonas del país podría estar contando una historia más profunda, la de una economía paralela que crece donde el Estado no llega.