El caso contra la multinacional bananera Chiquita Brands y sus vínculos con el paramilitarismo en Colombia permaneció años en la impunidad, a pesar de que en 2007 la empresa aceptó en Estados Unidos haber realizado más de cien pagos ilegales, por un total de 1,7 millones de dólares, a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), y fue condenada a pagar una multa de 25 millones de dólares.
La reciente decisión judicial en Colombia, emitida a solo dos meses de la prescripción del proceso, viene a cerrar un largo recorrido judicial en el que los directivos no habían enfrentado penas en el país.
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A partir de estas investigaciones, el juzgado 6 penal del Circuito Especializado de Antioquia condenó a siete directivos de Chiquita Brands a 11 años y 3 meses de prisión por concierto para delinquir agravado, según detalló El Tiempo.
La decisión, revelada en primicia por El Tiempo, pone fin a una larga etapa de impunidad en torno a los vínculos entre la multinacional bananera y el paramilitarismo en Colombia.
La jueza Diana Lucía Monsalve dictó la condena contra Reinaldo Elías Escobar de la Hoz, John Paul Olivo, Charles Dennis Keiser, Álvaro Acevedo y otros cuatro altos cargos de Chiquita Brands, estableciendo una pena de 135 meses de prisión para cada uno. Además, la magistrada negó la suspensión de la pena y la prisión domiciliaria, y ordenó la emisión de órdenes de captura contra los condenados.
En Estados Unidos hubo dos sentencias por el caso Chiquita Brands
La multinacional bananera Chiquita Brands fue condenada en dos oportunidades en Estados Unidos por financiación de grupos paramilitares en Urabá, entre 1997 y 2004.
En 2007 y 2024, tribunales estadounidenses fallaron a favor de las víctimas. La segunda sentencia, dictada en octubre de 2024 por un tribunal del distrito sur de Florida, obligó a Chiquita Brands a indemnizar a doce mujeres y cuatro hombres por su responsabilidad en los pagos a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). No obstante, la empresa apeló este fallo.
A diferencia del avance judicial en Estados Unidos, en Colombia la investigación avanza bajo el antiguo Código Penal (leyes 599 y 600 de 2000), que fija una pena máxima de doce años para el delito de concierto para delinquir.
La etapa de juzgamiento no puede exceder la mitad de esa pena. La resolución de acusación contra diez empresarios quedó en firme el 17 de septiembre de 2019, por lo que el Juzgado Sexto Penal Especializado de Antioquia debe emitir su fallo antes del próximo 17 de septiembre de 2025 para evitar la prescripción del caso.
La fundación Forjando Futuros y sus abogados, como Gerardo Vega, han insistido ante la Fiscalía, el juzgado que preside el proceso y la JEP en la gravedad de permitir la entrada de armas a través de puertos operados por Banadex y Chiquita Brands, armas que luego se distribuyeron por la región Caribe.
Chiquita Brands apeló condena en EE. UU. y anunció que no indemnizaría a víctimas del paramilitarismo
La multinacional bananera Chiquita Brands, con sede en Estados Unidos, presentó una apelación para revertir una sentencia que le obliga a indemnizar a víctimas del conflicto armado en Colombia, en el marco de un proceso judicial que ha generado debates sobre la responsabilidad empresarial en contextos de violencia.
Según informó El Espectador, la firma busca que la Corte de Apelaciones del Circuito Onceavo rechace el fallo emitido en junio de 2024 por el Tribunal del Distrito Sur de Florida, el cual la declaró responsable de financiar a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) entre 1997 y 2004.
Chiquita Brands admitió, a principios de la década de 2000, haber entregado hasta 1,7 millones de dólares a las AUC, grupo considerado terrorista por el gobierno estadounidense. Estos pagos, según el jurado que condenó a la empresa, contribuyeron a homicidios y otras violaciones de derechos humanos en las regiones de Urabá y el Magdalena Medio. Las víctimas del conflicto armado han buscado reparación a través de demandas individuales, luego de que la compañía recibiera en 2007 una multa de 25 millones de dólares por estos hechos.
En su recurso de apelación, Chiquita Brands sostiene que los pagos a las AUC fueron producto de presiones mortales y no de una decisión voluntaria. Argumenta que sus operaciones se vieron amenazadas tanto por guerrillas como por paramilitares y que actuó bajo extorsión, citando amenazas directas de los líderes Carlos Castaño y Raúl Hasbún contra directivos de la filial Banadex. La empresa asegura que estos pagos equivalían a una ínfima parte de sus ingresos anuales y que su intención era proteger la vida de sus empleados, tras el asesinato de 25 trabajadores en 1995.
La compañía también cuestiona la integridad del proceso judicial. Acusa al abogado de las víctimas, Terrance Collingsworth, de supuestamente haber pagado a exparamilitares para obtener testimonios incriminatorios, lo que sostiene invalida parte de la evidencia utilizada en su contra. Collingsworth ha negado tales señalamientos y afirma que los pagos realizados corresponden a gastos de traslado y apoyo logístico para los declarantes.
Los abogados de las víctimas anunciaron que defenderán la validez del fallo inicial, argumentando que Chiquita busca desacreditar el proceso y evitar su responsabilidad. La cifra concreta de la indemnización no ha sido divulgada, pero la empresa sostiene que es desproporcionada en comparación con estándares colombianos.
El caso sigue siendo emblemático, ya que la decisión final sentará un precedente en temas de responsabilidad empresarial en conflictos armados y el acceso a justicia para las víctimas. Además, hay otros procesos pendientes contra Chiquita Brands por hechos similares ocurridos en Colombia.
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