El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, lanzó una crítica directa al alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, en medio de la controversia generada por el proyecto de ley de paz total.
Montealegre calificó de “inconcebible” la postura de Patiño, que manifestó sus reservas respecto a la iniciativa que impulsa el Ejecutivo de Gustavo Petro.
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Según el ministro, el proyecto busca consolidar la paz para Colombia a través de un esquema mixto que combina justicia transicional y ordinaria, pero las declaraciones cruzadas pusieron en evidencia nuevas fracturas dentro del propio Gobierno.
Durante una intervención en la que defendió los alcances de la propuesta, Montealegre rechazó las críticas de Patiño, emitidas en entrevista reciente con el diario El Tiempo.
“Es inconcebible que Otty Patiño se vuelva y se convierta en un francotirador de la paz”, afirmó el titular de la cartera de Justicia.
Estas palabras profundizan la tensión en el seno del Ejecutivo en momentos en que la política de “paz total” se encuentra en etapa de definición clave.
Montealegre también dirigió críticas hacia el expresidente Juan Manuel Santos, que se ha mostrado escéptico respecto a los planteamientos del nuevo marco normativo.
Aunque respaldó el Acuerdo de La Habana firmado con las Farc, el ministro subrayó que esos acuerdos requieren ajustes frente a la realidad actual.
“El Acuerdo de La Habana fue un gran acuerdo nacional que respaldé, pero debemos entender que esos acuerdos no están escritos en piedra (…) Si Juan Manuel Santos se opone a este nuevo proceso de paz, lo va a castigar la historia”, sostuvo.
El proyecto de ley objeto de polémica contempla beneficios jurídicos para miembros de grupos armados ilegales y bandas criminales de alto impacto como el Clan del Golfo, así como para integrantes de organizaciones delincuenciales urbanas en el Valle de Aburrá y Medellín.
Además, extiende ventajas procesales para quienes hubieran sido investigados por hechos relacionados con la protesta social.
Montealegre explicó que la propuesta legal tiene como eje tratar de hacer efectivo el principio constitucional a la paz, mediante mecanismos enfocados en el desmantelamiento de organizaciones criminales y la reparación de las víctimas.
El ministro detalló que los aspirantes al proceso de sometimiento deberán entregar sus bienes adquiridos de forma ilícita, aunque podrán conservar hasta un 12% de estos, siempre sujeto a autorización judicial.
La iniciativa también establece que los cabecillas que se sometan enfrentarán penas de entre 5 y 8 años de cárcel. Para los miembros de base de las bandas criminales, se prevé una disminución de condena que oscila entre el 40% y el 60%. En el caso de delitos relacionados directamente con la protesta social, la rebaja podría alcanzar el 70%.
Según Montealegre, el proyecto también prevé alternativas de reparación, incluyendo trabajos en colonias agrícolas por parte de los exintegrantes de organizaciones criminales para resarcir el daño causado.
El esquema contempla combinar instrumentos de justicia ordinaria con elementos de justicia transicional, evitando así la creación de una jurisdicción especial, pero fortaleciendo los marcos existentes.
De acuerdo con información suministrada por el Ministerio de Justicia, el proceso de sometimiento arrancaría con una lista de aspirantes elaborada por el alto comisionado para la Paz, documento que posteriormente pasaría a la Fiscalía General de la Nación. Este ente evaluaría caso por caso, sustentado en los expedientes presentados.
A diferencia de experiencias previas como el modelo Justicia y Paz o el acuerdo de La Habana, la propuesta actual suprime la audiencia de imputación y pasa directamente a la audiencia de acusación. Los postulados deberán aceptar responsabilidad por los delitos señalados en el escrito acusatorio para acceder a los beneficios negociados.
Expertos que intervinieron en la arquitectura del proyecto calculan que el mecanismo permitiría completar los procesos judiciales en un plazo de tres a cuatro años, considerablemente menor al que tomaron otros sistemas de justicia transicional.
La expectativa del Gobierno es que el modelo agilice el desmonte de las estructuras ilegales que aún representan una amenaza para la seguridad nacional y faciliten la transición a la vida civil para miles de integrantes de esos grupos.
En su defensa del proyecto, Montealegre rechazó la idea de que los incentivos ofrecidos constituyan un “premio” para los criminales.
El ministro insistió en que negociar con actores armados no es una opción caprichosa, sino una necesidad en un país que busca dejar atrás décadas de conflicto.
“No es un capricho del Gobierno, no es una arbitrariedad del gobierno negociar con ese tipo de grupos”, argumentó, al tiempo que señaló que la propuesta encarna la voluntad de paz de más de 11 millones de ciudadanos que respaldaron a Petro y a su proyecto de pacificación.
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