Con el arranque del nuevo periodo legislativo en Colombia, se empezaron a presentar iniciativas que buscan responder a problemáticas sociales de alto impacto. Una de las propuestas que provocó mayor atención es la que pretende establecer el “Sistema Nacional de Monitoreo de Delitos Sexuales”, un mecanismo diseñado para enfrentar el incremento en los casos de abuso sexual infantil en el país.
Esta medida, impulsada desde distintos sectores políticos y sociales, se enfoca en garantizar entornos seguros para niños, niñas y adolescentes, al priorizar la articulación institucional como eje central para una respuesta eficaz.
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La necesidad de implementar este sistema surge como respuesta a un contexto alarmante; en lo que va de 2025 se abrieron más de 4.000 procesos por delitos sexuales contra menores, una cifra que refleja un patrón persistente y en ascenso.
De acuerdo con informes del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), la mayoría de las víctimas son niñas menores de 14 años. Esta realidad evidenció no solo una falta de en los mecanismos de prevención actuales, sino una ausencia de seguimiento efectivo a los agresores una vez cumplidas sus condenas.
Uno de los elementos clave de la propuesta es la implementación de sanciones económicas severas para quienes proporcionen información falsa o incompleta dentro del sistema. Se contempla que las multas oscilen entre los 100 y 300 salarios mínimos legales vigentes, lo que funcionaría como una herramienta disuasoria para aquellos que pretendan evadir el escrutinio.
Como lo explicaron sus promotores, “ese gran sistema nacional de monitoreo lo que va a permitir es tener la información actualizada y, por supuesto, decirles a estos agresores que se van a someter a sanciones económicas entre los 100 y 300 salarios mínimos legales vigentes, si dicen mentiras”.
El alcance de este sistema va más allá del registro individual. Se proyecta como una red de interoperabilidad entre entidades del orden nacional y territorial. La articulación entre la Policía Nacional, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Educación y las administraciones locales tiene como finalidad construir rutas de atención más efectivas.
De acuerdo con los lineamientos del proyecto, esta articulación permitiría “establecer unas rutas rápidas de atención cuando haya violencia sexual en contra de menores de edad”, al fortalecer la capacidad de reacción ante casos emergentes.
Otro de los objetivos centrales es regular y controlar el acceso de individuos con antecedentes de violencia sexual a entornos considerados como protectores para la infancia. La propuesta contempla mecanismos de verificación que garanticen que los agresores sexuales no tengan cercanía con instituciones educativas, escenarios deportivos o espacios comunitarios donde haya presencia habitual de menores.
En palabras de Juan Daniel Peñuela, del Partido Conservador, uno de los voceros del proyecto, que habló para las noticias del Congreso, se trata de “permitir que los escenarios deportivos, que los escenarios académicos, los escenarios de entornos protectores donde nuestros niños están expuestos no estén a la merced de estos agresores”.
La medida se plantea como una herramienta con impacto preventivo y restaurador, desde el Congreso los legisladores insisten en que este tipo de iniciativas deber ser parte de una política pública de largo plazo y no quedar como respuestas aisladas ante la presión social.
En este sentido, la propuesta toma impulso en medio donde se registraron múltiples escándalos en instituciones que, por naturaleza, deberían velar por el bienestar de la infancia. Debido a que son recurrentes los casos de abuso en jardines infantiles, colegios públicos, hogares de paso e incluso instalaciones bajo administración del Estado. Esto provocó desconfianza en las familias, que perciben que los lugares que deberían ser seguros para sus hijos se han convertido en escenarios de riesgo.
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