En audiencia virtual ante el juez Cuarto Penal Municipal, la Fiscalía imputó a Hernando Fajid Álvarez Yacub, conocido como el “sacerdote rebelde”, por negarse a evacuar el cementerio San Miguel, de Santa Marta, un predio que pertenece a la Fundación Juan Pablo Segundo, creada por la Diócesis samaria.
Las imputaciones tienen que ver, en efecto, con administración desleal, falsedad en documento privado y ocultamiento de documentos.
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No obstante, no se dispuso ninguna medida que lo aparte del cementerio San Miguel, lo que le permite continuar en funciones administrativas y litúrgicas, pese a la decisión eclesiástica que compartió la Dióscesis de Santa Marta, que lo destituyó.
La sesión judicial, citada por El Tiempo, confirmó la permanencia del religioso como responsable del cementerio, cuyo manejo ejerce desde hace diecisiete años.
El juez consideró que “no existía sustento probatorio suficiente para restringirle el acceso al camposanto”, por lo que el sacerdote sigue al frente del lugar que ha dirigido en disputa con la Diócesis de Santa Marta.
“Aquí me quedo”, reiteró Fajid al cierre de la audiencia, a la vez que señaló que su decisión de mantener la labor que viene realizando en el principal cementerio de la ciudad.
Desde su suspensión y retiro de las funciones sacerdotales por parte del obispo José Mario Bacci Trespalacios, Fajid desatendió órdenes de traslado y formalizó su figura jurídica en Cámara de Comercio para manejar el camposanto.
Fajid ha rehusado entregar las llaves e insiste en oficiar misas y administrar los servicios funerarios.
“Seguiremos acá cumpliendo nuestra labor con el mismo orden y responsabilidad como hasta ahora lo hemos hecho”, afirmó sin mostrar señales de dar marcha atrás.
El sacerdote, por su parte, sostiene que su mandato cuenta con el respaldo de los usuarios del cementerio y asegura que la comunidad lo apoya.
Los abogados de la Dióscesis no están de acuerdo con la medida
“Aquí hay transparencia y orden”, dijo en la audiencia, conocida por el medio. Por su parte, la defensa legal de la Diócesis, encabezada por el abogado Diego Duque Zuluaga, consideró la imputación como un avance jurídico, aunque manifestó inconformidad con la negativa judicial de apartar a Yacub del recinto.
“Solicitamos una medida cautelar para que se le impidiera el acceso al cementerio, pero fue negada. Vamos a apelar esa decisión porque creemos que la Iglesia debe recuperar el control total del lugar”, indicó Duque.
Pese a la posición oficial de la Iglesia, que sostiene que “nada de lo que haga el señor tendrá efecto alguno, ni litúrgico ni sacramental”, las ceremonias diarias convocan a numerosos fieles cada tarde en las instalaciones del cementerio.
Los asistentes, muchos de ellos devotos que lo acompañan desde antes del conflicto legal, defienden la continuidad del religioso.
“Él es el único que se ha preocupado por este lugar. Por eso lo apoyamos. Que digan lo que quieran, nosotros lo vamos a seguir escuchando”, planteó una de las participantes en sus misas. Otro feligrés agregó: “Si fuera malo, no tendría a toda esta gente siguiéndolo”.
Mientras el proceso penal continúa en marcha y la Diócesis de Santa Marta explora nuevas vías legales para retomar el control del cementerio, el pulso entre el sacerdote suspendido y las autoridades eclesiásticas se mantiene firme.
Las llaves del camposanto, por ahora, siguen en manos de quien los seguidores consideran un verdadero pastor, capaz de desafiar tanto a la jerarquía como a los dictados administrativos para cumplir con sus funciones ante una feligresía leal.
La insistencia de la Diócesis en el control legal del Cementerio San Miguel
El conflicto por la administración del camposanto enfrenta a la Iglesia, que respalda a la Fundación Juan Pablo Segundo como gestora exclusiva, frente a la ocupación y resistencia de figuras clericales destituidas.
La disputa por el Cementerio San Miguel en Santa Marta mantiene en tensión a la comunidad religiosa y a las autoridades legales.En el mes de mayo del 2025, el padre Jesús Orozco, vocero oficial de la Diócesis, reiteró que “la Fundación Juan Pablo Segundo es la única autorizada legal y canónicamente para administrar el cementerio”.
Este episodio se suma a las medidas que la Iglesia adoptó previamente, como la suspensión del padre Fagid por desobedecer las decisiones de la Diócesis sobre la administración del lugar.
En este contexto, la controversia también ha puesto sobre la mesa la figura penal de la apropiación indebida, delito tipificado en la legislación colombiana.
De acuerdo con el portal Conceptos Jurídicos, esto sucede cuando “se le confía un bien a una persona y debe devolverlo en un tiempo determinado, pero se adueña de este”.
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