La Procuraduría General de la Nación abrió una nueva investigación disciplinaria contra Olmedo de Jesús López Martínez, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), en el marco de un presunto escándalo por desvío de recursos públicos.
Esta vez, el Ministerio Público indaga posibles irregularidades en un convenio interinstitucional que, según la entidad, terminó desviando más de 100.000 millones de pesos destinados a la compra de tierras para proyectos productivos.
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Junto a López, también fue vinculado César Augusto Manrique, exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública (Dafp), así como otros cuatro exfuncionarios y directivos de alto nivel: Daniel María Medina González, exsecretario general de la Agencia Nacional de Tierras (ANT); Luis Alberto Barreto Gantiva, exsubdirector para el Conocimiento del Riesgo de la Ungrd; María Fernanda Jaramillo Gutiérrez, vicepresidenta de Negocios Fiduciarios de Fiduprevisora, y Daniela Andrea Valencia, vicepresidenta de Contratación Derivada de la misma fiduciaria.
Según la Procuraduría, el convenio tenía como propósito inicial la adquisición de terrenos destinados a beneficiar a familias damnificadas inscritas en el Registro Único Nacional de Damnificados (Runda), como parte de proyectos productivos.
Sin embargo, los investigadores advierten que el objetivo del convenio fue modificado posteriormente bajo el argumento de atender emergencias generadas por la temporada invernal, lo que permitió redirigir los recursos hacia otras actividades.
La entidad de control sostiene que esa modificación del convenio habría abierto la puerta a procedimientos de adquisición de tierras que hoy están bajo sospecha.
Entre los aspectos que se investigan están la posible existencia de sobrecostos, el desvío de los fondos hacia fines distintos a los estipulados inicialmente, y fallas en la asignación de predios a los beneficiarios previstos.
“El convenio fue reformulado, y ahora se cuestiona si esa modificación fue legítima, si los recursos realmente se destinaron a atender emergencias, y si hubo irregularidades en la compra o entrega de los terrenos”, explicó la Procuraduría, que ya adelanta la recolección de pruebas documentales y testimoniales.
Uno de los focos clave de la investigación es el papel que habrían desempeñado las directivas de Fiduprevisora, entidad encargada de la administración fiduciaria de los recursos.
Para el Ministerio Público, resulta crucial determinar si hubo negligencia o participación directa en la posible desviación del dinero y en los procedimientos que podrían haber inflado artificialmente el valor de los predios adquiridos.
La investigación disciplinaria podría derivar en sanciones para los implicados, que van desde la suspensión del ejercicio de funciones públicas hasta la inhabilitación para ocupar cargos en el Estado.
Aunque por el momento no se habla de consecuencias penales, la apertura del proceso disciplinario coincide con una serie de cuestionamientos previos que ya enfrentan varios de los funcionarios involucrados, en especial Olmedo López, quien ha estado en el centro de investigaciones por corrupción al interior de la Ungrd.
Un informe del magistrado Misael Rodríguez y revelaciones de Noticias Caracol confirmaron que varios exministros y altos funcionarios del Gobierno Petro asistieron al llamado “cónclave” en la Casa de Nariño, una reunión clave dentro del escándalo de corrupción de la Ungrd.
Las cámaras de seguridad registraron el ingreso de los asistentes entre las 8:15 y las 11:15 a. m. del 27 de noviembre de 2023.
Entre los presentes estaban Carlos Ramón González (exdirector del Dapre), Ricardo Bonilla (exministro de Hacienda), Gloria Inés Ramírez (Trabajo), Luis Fernando Velasco (Interior) y Guillermo Alfonso Jaramillo (Salud).
Según la Fiscalía, en esa reunión se habría definido el desvío de millonarios recursos públicos.
Olmedo López, exdirector de la Ungrd, sostiene que allí se planeó la entrega de $3.000 millones en efectivo al entonces presidente del Senado, Iván Name.
El caso estalló tras conocerse el sobrecosto en la compra de 40 carrotanques por $46.800 millones para La Guajira.
Ya hay orden de captura contra González y están implicados otros funcionarios y congresistas. La investigación sigue avanzando mientras crece la presión sobre los responsables del mayor escándalo de corrupción del actual gobierno.
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