
Durante una sesión de control político celebrada en el Concejo de Medellín, el gerente general de Empresas Públicas de Medellín (EPM), John Maya, entregó información sobre los avances en la solicitud de escisión presentada a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) para modificar la estructura operativa de su filial Afinia, que presta el servicio de energía eléctrica en varios departamentos de la región Caribe.
En su intervención, Maya explicó que la solicitud, presentada hace más de seis meses, busca dividir la operación de Afinia, apartando del resto de la filial al departamento del Cesar, debido a las dificultades estructurales y financieras que se han registrado en ese territorio.
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“Ya hemos hecho gestiones con la CREG que ya lo aceptó. Podemos escindir al Cesar y tener con otras alternativas que ya hemos planteado, que vemos que son viables y que le quitemos esa carga entre comillas a Afinia. Si eso se materializa, nosotros ya el conglomerado de Afinia con los otros departamentos ya nos da una rentabilidad importante”, expresó el directivo durante el debate.
La propuesta responde a los constantes desafíos financieros que ha enfrentado la filial en el Caribe, a pesar de que EPM destinó una inversión de 2.6 billones de pesos en 2024 para fortalecer el servicio y mejorar la infraestructura eléctrica en la zona. Sin embargo, esas acciones no lograron revertir la tendencia de pérdidas operativas.
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Uno de los factores clave en esta situación, según explicó Maya, es la baja eficiencia en el recaudo y el alto nivel de pérdidas en la prestación del servicio en el departamento del Cesar.
Según los registros presentados, aproximadamente el 40 % de la energía distribuida en esa zona se pierde, y el índice de recaudo apenas alcanza el 60 %, lo que significa que cuatro de cada diez usuarios no cumplen con el pago de sus facturas de energía.

Esta condición ha generado una carga financiera para Afinia, que, de materializarse la separación del Cesar como una nueva unidad operativa, permitiría a EPM reconfigurar la operación de su filial y buscar nuevas soluciones para ese territorio en particular, sin comprometer el equilibrio del resto de los departamentos que integran la compañía.
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En su intervención ante los concejales, Maya también se refirió a la situación financiera de la empresa en el marco del pago de subsidios por parte del Gobierno nacional. Afirmó que, si bien en 2024 se efectuaron pagos por parte del Ejecutivo que representaron un alivio temporal, durante el primer semestre de 2025 no se han recibido giros correspondientes a esos subsidios.
Entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2025, EPM ha contabilizado una deuda pendiente por parte del Estado que asciende a 550 mil millones de pesos. Esta suma, según lo explicado en la sesión del Concejo, sigue en aumento y genera dificultades en la sostenibilidad del servicio eléctrico que ofrece la filial en la región Caribe.
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Adicionalmente, durante la sesión de control político, EPM compartió un balance de los efectos contables acumulados que ha generado la operación de Afinia desde su adquisición. Según los datos presentados, entre 2020, 2023 y 2024, se produjo un deterioro en el valor de los activos de propiedad, planta y equipo por un total de 542 mil millones de pesos.
EPM busca que la propuesta de escisión, sumada a otras medidas operativas y financieras en evaluación, contribuya a reducir el impacto que la operación en Cesar ha tenido sobre el conjunto de Afinia. La compañía espera que la creación de una unidad separada en ese departamento permita implementar una estrategia diferenciada para atender los retos específicos de esa región sin comprometer los resultados del resto del negocio.
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Con la aceptación por parte de la CREG para iniciar el estudio técnico de la propuesta, se abre ahora una nueva etapa de análisis que podría desembocar en la modificación de la estructura legal y operativa de Afinia. Esta decisión sería clave para redefinir el modelo de atención del servicio eléctrico en el Cesar y trazar un nuevo rumbo financiero para la filial de EPM.
La CREG deberá continuar con los trámites técnicos y regulatorios para evaluar la viabilidad de la escisión, mientras EPM sigue trabajando en la formulación de las alternativas que acompañarían esta transformación. Los próximos pasos dependerán de las decisiones que adopten las autoridades en relación con la sostenibilidad del servicio en la región Caribe.
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