Tras conocerse el Decreto 0799 del 9 de julio de 2025, en el que se modifica la manera en la que se evaluarán las acciones de tutela contra el presidente de la República, varios congresistas han manifestado su rechazo ante la medida, que fue firmada por el presidente Gustavo Petro y elaborado por el Ministerio de Justicia y del Derecho.
El turno fue para la senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático Paola Holguín, que presentó una demanda ante el Consejo de Estado contra el documento oficial, al considerar que el Gobierno lo emitió sin concepto previo de la Sala de Consulta y Servicio Civil del mismo alto tribunal.
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“Dado el alcance que sobre la competencia del Consejo de Estado irradia del Decreto 799, se hacía necesario que el Gobierno Nacional hubiera solicitado previo a su expedición, el concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil de esa Corporación Judicial, como lo ordena el artículo 113 de la Ley 1437 de 2011”, mencionó la congresista de oposición en un comunicado.
De igual manera, la parlamentaria afirmó que el decreto presidencial vulnera el principio de colaboración armónica entre ramas del poder, “al suprimir sin consulta previa la competencia del Consejo de Estado en ciertas tutelas, interfiriendo en su órbita funcional”.
Así mismo, Holguín consideró que el texto firmado por el presidente Petro, más que una medida oficial, es una especie de “revanchismo político” contra el Consejo de Estado, al recordar que es la entidad que ha admitido varias de las acciones contra el primer mandatario de los colombianos.
“Además de ilegal, el Decreto demandado constituye un acto arbitrario de revanchismo de un presidente al que le resultaban incómodos las varias decisiones de este alto tribunal que le fueron adversas y que le ordenaron, por ejemplo rectificarse de sus publicaciones deshonrosas y calumniosas", explicó.
Por último, Paola Holguín precisó: “además, de los fallos que, en el marco de otro tipo de acciones judiciales, terminaron por develar su costumbre de desconocer la Ley, como las designaciones de personas sin el cumplimiento de requisitos legales mínimos para desempeñar cargos en el cuerpo diplomático, como por ejemplo, el actual ministro del interior, Armando Benedetti, entre muchos otros”, indicó la senadora del Centro Democrático.
Demanda de María Fernanda Cabal
La demanda de Paola Holguín se suma a la acción de nulidad interpuesta por su compañera de bancada, María Fernanda Cabal, que consideró que esta directriz presidencial vulnera lo estipulado en la Constitución Política.
“Aquí está radicada la demanda de nulidad contra el decreto 0799 con el que Petro legisla en causa propia para que las tutelas en su contra sean decididas por jueces del circuito, o con igual categoría (...) No vamos a permitir que se altere el acceso a la justicia especializada con un decreto inconstitucional que vulnera la Constitución en su artículo 152 para garantizar impunidad a su favor”, indicó la congresista en su cuenta de X.
En el documento presentado, la también precandidata presidencial del Centro Democrático argumentó que el decreto “constituye una clara extralimitación del poder reglamentario del Ejecutivo, vulnerando varios preceptos constitucionales como el principio de legalidad, juez natural, debido proceso, reserva de ley y separación de poderes”.
Cabal también resaltó que el Ministerio de Justicia utilizó la potestad reglamentaria “para intervenir de manera irregular en el reparto funcional de acciones de tutela, específicamente para sustraer del Consejo de Estado órgano de cierre de la jurisdicción contencioso-administrativa- la competencia para conocer las tutelas dirigidas contra el Presidente de la República”.
El decreto presidencial redefine el procedimiento para las tutelas presentadas contra cualquier autoridad nacional, incluidas aquellas dirigidas contra decisiones del propio presidente. A partir de ahora, estos recursos serán conocidos inicialmente por jueces del circuito o de igual jerarquía, en lugar de instancias superiores como el Consejo de Estado.
La medida, según el Ministerio de Justicia, busca “fortalecer la imparcialidad estructural del sistema judicial”, así como ampliar y descentralizar el reparto de estos procesos constitucionales, evitando que una sola instancia concentre el conocimiento inicial de las tutelas.
“Las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad pública del orden nacional, así como las actuaciones del presidente de la República (...) serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces del Circuito o con igual categoría”, declaró Eduardo Montealegre, ministro de Justicia a los medios de comunicación.
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