La Corte Suprema de Justicia abrió una investigación formal contra el senador conservador Miguel Ángel Barreto por su supuesta participación en la red de corrupción que se beneficiaba con porcentajes de contratos públicos.
Este entramado fue liderado por el fallecido congresista liberal Mario Castaño y también involucra a otros políticos, como el senador del Centro Democrático Ciro Ramírez. Por eso, el alto tribunal citará al congresista tolimense que deberá responder como investigado por cohecho propio y tráfico de influencias.
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El despacho del magistrado Marco Antonio Rueda Soto determinó que Barreto comparecerá ante la justicia por su presunta relación con el entramado de corrupción conocido como el de ‘Las Marionetas 2′. La fecha exacta de la diligencia judicial se anunciará en los próximos días.
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De acuerdo con W Radio, el alto tribunal considera que tiene las pruebas subientes para establecer que el legislador tuvo un rol activo en el entramado de corrupción que operaba mediante el cobro de porcentajes sobre contratos públicos, lo que generó un amplio escándalo político y judicial.
Barreto no enfrenta solo este proceso: en 2022, el congresista conservador fue llamado a juicio por la presunta comisión de falsedad en documento público y fraude procesal, debido a que al parecer no reportó información completa sobre la financiación de su campaña.
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La investigación giró en torno a irregularidades en su campana electoral, puesto que no reportó aportes cercanos a los $20 millones que hizo un comerciante al Consejo Nacional Electoral (CNE). El rol de Barreto en el Congreso fue duramente criticado, considerado como uno de los legisladores con más inasistencias a las sesiones de la Corporación.
La investigación formal contra Barreto y la inminente diligencia de indagatoria marcan un nuevo capítulo en el caso de Las Marionetas, que ha salpicado a figuras de diferentes partidos y mantiene la atención sobre la lucha contra la corrupción en el Congreso de la República.
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En qué va el escándalo de ‘Las Marionetas 2′
De acuerdo con la acusación, en noviembre de 2021 el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) y la Empresa para el Desarrollo Territorial Proyecta, con sede en Armenia, Quindío, suscribieron un convenio por $48.660 millones; que surgió tras supuestos encuentros con el entonces subdirector del DPS, Pierre García, para “favorecer los intereses electorales y económicos del procesado”.
Un mes después, el senador Ramírez, el subdirector García y el gerente de Proyecta, Pablo Herrera Correa, habrían acordado el direccionamiento de 13 de los contratos incluidos en el convenio, que ascendieron a $24.606 millones.
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Aunque la investigación sigue en curso, la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia revocó la medida de aseguramiento que mantenía privado de la libertad a Ciro Ramírez Cortés.
De acuerdo con la decisión, el excongresista, acusado de concierto para delinquir agravado, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos, recuperará su libertad tras concluirse que ya no existe riesgo de obstrucción a la justicia, argumento que había fundamentado su detención inicial.
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El alto tribunal determinó que todas las pruebas relevantes ya fueron recaudadas y que no existen elementos nuevos que justifiquen la permanencia de Ramírez en prisión. Además de descartar la solicitud de la defensa de concederle la libertad por vencimiento de términos.
El proceso judicial contra Ramírez continuará en etapa de juicio, aunque el exsenador podrá enfrentarlo en libertad, siempre bajo el compromiso de presentarse ante las autoridades cuando sea requerido, lo que significa que permanece vinculado al caso.
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Además, retomó su puesto como senador luego de que La Mesa Directiva del Senado emitió la resolución 385 el 9 de mayo de 2025, levantando la suspensión temporal que pesaba sobre el legislador.
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