La ONU se refirió al atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay y alertó sobre deterioro de la seguridad en Colombia antes de las elecciones

El nuevo informe trimestral de la Misión de Verificación de la ONU advirtió sobre el aumento de tensiones políticas en Colombia de cara al proceso electoral.

La entidad, además, subrayó la importancia del Acuerdo de Paz de 2016 como hoja de ruta y condenó de manera categórica el ataque contra Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial.

El organismo llama a garantizar la seguridad y rechazar la violencia política en el país.

La Misión de Verificación de la ONU en Colombia publicó el lunes 14 de julio su informe oficial correspondiente al periodo comprendido entre el 27 de marzo y el 26 de junio de 2025.

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El documento analizó el estado de la implementación del Acuerdo de Paz y el clima político, social y de seguridad en el país, en medio de un contexto marcado por el atentado sufrido por Miguel Uribe Turbay el 7 de junio.

El hecho fue condenado por todos los sectores políticos y se convirtió en un punto de referencia en el llamado de la ONU a prevenir la violencia y a garantizar la seguridad en el proceso electoral.

En el informe de la ONU se sostiene que el Acuerdo de Paz de 2016 sigue siendo la principal vía para consolidar la paz, a la vez que advierte sobre los riesgos de la violencia política y la creciente polarización.

“Ahora que el país entra en un período en el que las próximas elecciones pueden agudizar las divisiones políticas, confío en que el trabajo por la paz en interés de todos los colombianos pueda seguir avanzando en un espíritu de cooperación en todo el espectro político”, señala el balance que será presentado el viernes 18 de julio ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

El intento de asesinato contra Uribe Turbay motivó un llamado explícito del secretario general de la ONU, António Guterres, que pidió una investigación exhaustiva para judicializar a los responsables y valoró las iniciativas multipartidistas de condena al hecho.

El informe destaca además la creación de mecanismos como el “Compromiso con un proceso electoral libre y en paz en Colombia”, liderado por la Defensoría del Pueblo y que cuenta con el apoyo de organizaciones internacionales.

“Celebro que los líderes colombianos de todos los partidos se hayan unido para condenar la reciente violencia política. Eliminar la violencia de la política y promover la participación política inclusiva son objetivos centrales del Acuerdo”, reitera el documento.

El informe presentó un panorama de avances históricos en la reducción de la violencia y la ampliación del espacio político, pero admite que continúan existiendo desafíos severos.

Durante el trimestre, se reportaron 10 asesinatos de excombatientes, con un acumulado de 470 homicidios desde 2016. En regiones como Catatumbo, los enfrentamientos entre el ELN y el Estado Mayor de los Bloques y Frentes provocaron el desplazamiento de más de 65.000 personas en los primeros meses del año.

En cuanto a la reincorporación, el 95% de los excombatientes se mantiene activo en el cumplimiento de sus planes individuales y se celebró la adquisición de 577.000 hectáreas para el Fondo de Tierras. A pesar de ello, persisten problemas de seguridad en los territorios y atrasos en la formalización de la propiedad, así como en la ejecución de proyectos productivos, sobre todo los liderados por mujeres.

La reforma rural muestra avances parciales, con un 7% en la meta de adjudicación de tierras y un 47% en la formalización, mientras los programas de desarrollo con enfoque territorial evidencian bajo nivel de ejecución presupuestal.

Deterioro en el clima político y social

El informe destacó que el escenario político se tensó por los debates alrededor de las reformas sociales promovidas por el Gobierno y el anuncio de una posible consulta popular en el Senado, así como por la intención del presidente Gustavo Petro de impulsar una asamblea nacional constituyente. Estas dinámicas han generado nuevas confrontaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo a pocos meses de las elecciones.

A nivel institucional, la reactivación de mecanismos de seguridad como el Sistema Integral para el Ejercicio de la Política y el decreto para el Programa de Protección Integral para excombatientes fueron resaltados. Sin embargo, la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad permanece inactiva desde hace casi un año, y las limitaciones en recursos y cobertura afectan la operación efectiva de estos sistemas.

Del mismo modo, los reiterados cambios ministeriales han dificultado dar continuidad a las garantías de seguridad, ralentizando la implementación de políticas y acciones cruciales para la protección de excombatientes y líderes sociales.

Entre enero y junio de 2025, se reportaron más de 168.300 personas afectadas por emergencias humanitarias. De ellas, 67.800 fueron desplazadas de manera forzada y 98.700 sufrieron confinamiento, especialmente en zonas de Cauca, Antioquia, Córdoba, Chocó y Guaviare.

El informe remarcó la preocupación por la falta de respuesta humanitaria adecuada, las restricciones presupuestarias y la ausencia de una estrategia integral. Además, cita cifras de la Defensoría del Pueblo sobre el incremento del reclutamiento de menores, con 463 casos registrados en 2024.

En el ámbito de la Justicia Transicional, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dio inicio a sus primeras audiencias de verificación, paso previo para la imposición de las sanciones propias, que se prevé serán dictadas en el segundo semestre de 2025.

El informe de la ONU subrayó la necesidad de asegurar las condiciones materiales y de seguridad para el cumplimiento de las penas restaurativas y la importancia de alcanzar acuerdos interinstitucionales que beneficien a las víctimas.

Sobre el proceso de “paz total” promovido por el Gobierno, la Misión documenta avances limitados en negociaciones: el cese al fuego con el Embf se interrumpió en abril, aunque se pactó una zona de ubicación temporal para el Frente 33 en Tibú.

La Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano se comprometió a sustituir 30.000 hectáreas de cultivos ilícitos y a iniciar procesos de desminado, mientras que en las ciudades, el piloto de paz urbana en Medellín avanza y los diálogos en Buenaventura y Quibdó presentan suspensiones. Aún no existe un marco jurídico claro para este tipo de acercamientos.

El secretario general António Guterres instó a mantener el diálogo con los actores armados que demuestren compromiso con la paz y reiteró que este debe centrarse en las necesidades de las comunidades locales. Resaltó la urgencia de garantizar recursos financieros, institucionales y de seguridad para la implementación del Acuerdo, advirtiendo sobre el riesgo de retrocesos si no se logra asegurar una financiación oportuna.

Según Guterres, el Gobierno tiene poco más de un año para profundizar la implementación, y la cooperación política debe mantenerse para garantizar la confianza ciudadana en los procesos de paz.