El caso de Ángela Lucía Sánchez, una niña de 13 años brutalmente asesinada en 2017 en la vereda Caleras de Nobsa, Boyacá, tomó un giro inesperado que causó conmoción entre sus familiares, en especial su madre, Ángela Tristancho.
La decisión del Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo de revocar la condena de 33 años de prisión impuesta a Wilmar Fabián Macías Cubides, único condenado por el crimen, fue recibida con profunda indignación por la familia de la menor y creó cuestionamientos sobre el manejo de la investigación por parte de la Fiscalía.
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Macías, un hombre sordomudo, fue condenado en 2022 por su presunta participación en el asesinato de Ángela Lucía, que fue atacada con 14 puñaladas mientras dormía en casa de sus abuelos. Pese a que la Fiscalía sustentó su acusación con evidencia que incluía el hallazgo de sangre de la menor en una chaqueta perteneciente a Macías, el tribunal consideró que no existía prueba contundente para mantener la condena.
En su decisión, la magistrada Luz Patricia Aristizábal Garavito citó el principio de “in dubio pro reo”, es decir, en caso de duda se favorece al acusado, y argumentó que la escena del crimen se encontraba contaminada, lo que habría comprometido la validez de los elementos recolectados. Según la defensa, varias personas ingresaron al lugar de los hechos antes de la llegada de las autoridades, entre ellos familiares y vecinos, lo cual comprometió la cadena de custodia.
La madre de la víctima clama justicia
Para Ángela Tristancho, madre de la menor, la decisión judicial no solo representa un retroceso en la búsqueda de justicia, sino una afrenta a la memoria de su hija. A través de una publicación en sus redes sociales, expresó: “Como si la sangre de mi hija encontrada en la chaqueta perteneciente a Wilmar, que estaba en su casa, se tratara de una casualidad”.
Además, recordó un testimonio clave que, según ella, fue ignorado por la Fiscalía. Días después del crimen, el padre del entonces acusado —Rigoberto Macías— le confesó que su hijo había dicho: “Yo no fui; estaba ahí cuando mataron a la niña, pero había otros dos; uno de ellos fue el que la mató y otro estaba fuera de la casa; pero no puedo hacerlo saber porque otra persona me citó y me amenazó en el sitio llamado El Transformador de las Caleras en Nobsa”.
Tristancho lamenta que este testimonio, que menciona la posible participación de otras personas, no haya sido debidamente investigado, a pesar de que el juez de primera instancia había ordenado profundizar en esa línea. “Ya correspondía a la Fiscalía seguir investigando si este testimonio era cierto o si Wilmar estaba cubriendo su delito, incriminando a otras personas”, señaló.
Crítica a la Fiscalía
En su mensaje, la madre criticó fuertemente a la justicia colombiana y al trabajo de la Fiscalía, a la que acusa de no haber agotado todas las líneas investigativas. También arremetió contra las abogadas defensoras, cuestionando su sensibilidad frente al sufrimiento de una familia que perdió a su hija de manera atroz. “Me pregunto si no serán madres, tías, vecinas o simplemente no tienen humanidad: al buscar protagonismo con populismo barato”, escribió.
Anunció que interpondrá un recurso de casación para revertir la decisión, aunque reconoce que el proceso es complejo y requiere de un acompañamiento legal sólido. En ese sentido, espera recibir apoyo de la Defensoría del Pueblo para contar con un abogado que defienda los derechos de su hija y de otros niños y niñas víctimas de violencia.
“Solo quiero que se haga justicia, que el crimen de mi hija no quede en la impunidad. Mientras los muertos no sean tus muertos, no entenderás la dimensión de lo que pasa”, concluyó con dolor.
Por otra parte, la abogada de la Defensoría del Pueblo, Mercy Cepeda, que representó a Macías, explicó que el tribunal actuó conforme al debido proceso y la presunción de inocencia, pilares del sistema penal colombiano. Afirmó que el material probatorio no era suficiente para una condena tan severa y que, además, la Fiscalía no cumplió con su deber de investigar a otros posibles responsables, a pesar de las compulsas de copias ordenadas por dos jueces en años anteriores.
La familia del hombre liberado aún no ha decidido si interpondrá una demanda contra el Estado colombiano por los seis años que pasó en prisión. Por ahora, se concentran en su reencuentro con Macías, luego de años de sufrimiento.
“No podemos celebrar del todo porque hay una familia que perdió a su hija, pero celebramos que se haya respetado el derecho al debido proceso”, indicó la defensora pública.
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