El uso de municiones y explosivos vencidos en operaciones de campo, a pesar de advertencias técnicas, ha revelado el nivel de deterioro del sector defensa en Colombia.
Según la investigación de Semana, estos elementos obsoletos han sido empleados en medio de una profunda crisis financiera que pone en riesgo la operatividad de las Fuerzas Armadas y la seguridad nacional.
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Una investigación de cuatro meses revela que el Ejército, la Policía, la Armada y la Fuerza Aeroespacial enfrentan recortes por insuficiencia presupuestal, retrasos en mantenimiento y modernización, y desorden financiero.
El presupuesto del Gobierno Petro para el sector en 2025 es de 33 billones de pesos, pero cerca de 921.000 millones permanecen congelados por restricciones fiscales. Esto ha obligado a suspender compras de bienes, detener proyectos de infraestructura clave y frenar inversiones en desarrollo humano para la fuerza pública.
Altas fuentes militares advierten que esta reducción afecta la movilidad de tropas, la inteligencia y el equipamiento, mientras los grupos armados ilegales mejoran su capacidad ofensiva.
Un informe de la Contraloría cita tres helicópteros UH-1N que saldrán de servicio este año sin reemplazo, además de varias aeronaves en tierra por falta de recursos. Equipos están siendo sobrecargados con misiones para las que no fueron diseñados.
El Ejército solicitó 22 billones de pesos ante el crecimiento del crimen organizado, que opera en 28 departamentos con unos 17.500 combatientes ilegales. Solo recibió 12 billones, el 54% de lo requerido. Esto forzó recortes del 43% en divisiones y brigadas que operan en zonas críticas como Antioquia, Meta, Caquetá, Guaviare y La Guajira. Las disidencias de las Farc, el ELN y el Clan del Golfo se benefician de esta desventaja.
Un oficial dijo a Semana que el Ejército no tiene cómo pagar servicios públicos en muchas regiones, que los soldados solo reciben dos de las tres dotaciones anuales y que no hay combustible suficiente para vuelos de helicópteros.
Algunos ejemplos ilustran la gravedad del déficit: la Cuarta Brigada en Antioquia, responsable de 91 municipios donde el Clan del Golfo controla más del 50% del territorio, recibió apenas 32 millones de pesos para gastos distintos de la nómina.
La Brigada Contra el Narcotráfico en Caquetá recibió 57 millones y la Quinta División, que cubre 369 municipios, apenas 84 millones. La Dirección de Inteligencia reportó el presupuesto más bajo en seis años: 32.000 millones.
En la Policía Nacional, el panorama es similar. Su presupuesto de 14,7 billones está lejos de los 23 billones que requiere para operar. Aunque recibe 2,3 billones por fuentes externas, el déficit es significativo.
El 63% se destina a nómina y solo el 1% a inversión en capacidades estratégicas. Al menos 16 dependencias han sufrido recortes. La Dirección de Investigación Criminal e Interpol vio reducciones del 27% y las asignaciones para operaciones cayeron de 60.000 millones en 2022 a 18.000 millones. La inversión en tecnología bajó a 15.000 millones, menos de la mitad del año pasado.
Estos recortes golpean con mayor fuerza a regiones vulnerables. La Policía Metropolitana de Cali sufrió una disminución del 47% en su presupuesto y en Caquetá fue del 13%.
Agentes narraron que deben usar parte de sus salarios para cumplir tareas asignadas, organizar colectas para recompensas e incluso rifas internas para reparar vehículos. “Trabajamos con las uñas”, dijo un agente desde la región Caribe.
El alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, alertó sobre la desmotivación dentro de la fuerza pública. “Estamos haciendo grandes esfuerzos, pero encontramos una fuerza pública desanimada”, afirmó.
La Armada también reporta restricciones. Solicitó 4,6 billones de pesos, pero recibió solo 3 billones, una reducción de 84.222 millones frente a 2024. Esto impactó áreas como:
- Fuerzas navales de la Orinoquía (-10%).
- Caribe (-2%).
- Pacífico (-5%).
- Inspección General (-24%).
- Operaciones Navales (-99%).
- Planeación Naval (-58 %).
Mandos consultados afirmaron que los recursos siempre han sido inferiores a las necesidades, especialmente en medios aéreos y combustible.
En la Fuerza Aeroespacial Colombiana, el presupuesto es de 2.6 billones, de los cuales solo 554.627 millones se destinan a inversión tecnológica. El Comando General también redujo su presupuesto y recortó un 48% los fondos del Departamento de Control de Armas y Explosivos.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reconoció en entrevista con Semana que el presupuesto solicitado no fue aprobado. “Somos conscientes del impacto. El presupuesto se redujo porque no se aprobó la financiación planteada”, afirmó.
Aunque hubo inyecciones puntuales como 800.081 millones derivados de un decreto de conmoción interior, no son suficientes para cubrir las necesidades estructurales.
La Contraloría investiga materiales vencidos, pérdidas de armamento, sobrecostos y manejo irregular de recursos reservados.
A través del Fonsecon, el Ministerio del Interior ha aportado 940.000 millones en siete años, pero municipios como Manizales, Ibagué y Montería enfrentan dificultades para financiar sistemas de videovigilancia y estaciones de policía. Además, se reportan 87.629 millones en obras inconclusas.
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, denunció carencias básicas en condiciones de vida y trabajo de policías y soldados, e impulsó una tasa de seguridad departamental para recaudar un billón de pesos en dos años y medio.
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