Un mensaje publicado en la red social X por la representante a la Cámara María Fernanda Carrascal captó la atención de diversos sectores políticos, justo cuando el debate sobre la producción y entrega de pasaportes en Colombia continúa sin resolverse de forma definitiva.
En medio de las controversias contractuales que rodean al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la empresa Thomas Greg & Sons (TGS), la congresista del Pacto Histórico expresó su respaldo a la estrategia del Gobierno nacional y aseguró que mantiene su confianza en que se garantizará la continuidad del servicio.
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“Concuerdo plenamente con el propósito de que el Estado asuma la gobernanza de los datos biométricos de los ciudadanos colombianos y la producción de los pasaportes”, escribió Carrascal. Su declaración se produce en una situación marcada por años de dependencia tecnológica y logística en manos de un único proveedor, lo que provocó cuestionamientos sobre la soberanía y la transparencia en la expedición de estos documentos oficiales.
El pronunciamiento también incluyó críticas al modelo de contratación que, a juicio de la legisladora oficialista, favoreció históricamente a ciertos sectores empresariales. “Colombia está plagada de licitaciones amañadas y de grandes empresas con prácticas rentistas y de intentos de captura del Estado y del erario”, añadió en su mensaje.
Esta afirmación reforzó la postura adoptada por algunos integrantes del Gobierno de Gustavo Petro, que insisten en que la transformación del modelo de producción de pasaportes es parte de una estrategia más amplia para romper con prácticas que consideran perjudiciales para el interés público.
Carrascal dejó clara su postura sobre el rol que debe asumir el Estado en este proceso. Aseguró que “confía en que este gobierno va a concretar este propósito, garantizando siempre la continuidad en el suministro de los pasaportes”, y destacó que los tiempos y etapas de implementación deben estar guiados por evaluaciones objetivas, no por posturas ideológicas ni por decisiones voluntaristas sin sustento técnico.
De esta manera, planteó un equilibrio entre el respaldo político y la necesidad de cumplir con criterios operativos rigurosos.
La crisis que vive Colombia con la incertidumbre del futuro de impresión y distribución de pasaportes
El tema es uno de los más sensibles para el Gobierno Petro. En octubre de 2023, la Cancillería, encabezada por Álvaro Leyva en su momento, declaró desierta una licitación para la producción de pasaportes en la que TGS se presentó como único oferente. A partir de allí, se desencadenó un proceso de incertidumbre que obligó al Ejecutivo a extender varias veces el contrato con dicha compañía para evitar el colapso del servicio.
Como alternativa a la continuidad del proveedor histórico, la administración gubernamental planteó una solución transitoria mediante una alianza con la Casa de la Moneda de Portugal, que se encargaría de imprimir los pasaportes mientras la Imprenta Nacional de Colombia adquiere las capacidades técnicas necesarias. Pese a que la propuesta generó expectativas, hasta el momento no se ha firmado un acuerdo definitivo con el país europeo, lo que provocó nuevos aplazamientos y obligó a prorrogar el contrato con la multinacional hasta el 21 de agosto de 2025.
Durante este periodo, las diferencias entre exfuncionarios y actuales responsables de la Cancillería han contribuido al ambiente de tensión. Mientras la excanciller Laura Sarabia señaló que el acuerdo con Portugal estaba prácticamente cerrado, el jefe de gabinete, Alfredo Saade, indicó que aún hay asuntos por resolver. Esta falta de claridad mantiene el tema como una fuente constante de preocupación institucional y ciudadana.
A pesar de las declaraciones oficiales que aseguran que la expedición de pasaportes se desarrolla con normalidad, se han presentado denuncias por demoras y congestiones en distintos puntos de atención, lo cual refuerza la percepción de que la solución definitiva todavía no está al alcance. La falta de un proveedor alternativo operativo y la incertidumbre frente a la transición estatal han mantenido el tema en el foco de la opinión pública.
Además, Thomas Greg & Sons volvió a ser objeto de críticas tras adjudicarse un contrato millonario relacionado con la logística de las elecciones de 2026, como parte de una unión temporal.
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