Pacientes Colombia responsabilizó al superintendente de Salud por crisis en el sistema y pidió que sea investigado por la Fiscalía

En respuesta a los graves hallazgos del más reciente informe de la Contraloría General de la República sobre el estado del sistema de salud en Colombia, el movimiento Pacientes Colombia lanzó un llamado urgente a las autoridades para que se investigue el papel de la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) en la administración de las EPS intervenidas.

La organización, que representa a más de 200 asociaciones de pacientes, advirtió que el informe confirma una crisis sanitaria sin precedentes, y que las medidas de intervención adoptadas por la Supersalud han contribuido al agravamiento de la situación.

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El documento de la Contraloría reveló que la deuda del sector salud alcanzó los 32,9 billones de pesos en 2024, de los cuales 24,4 billones corresponden a Entidades Promotoras de Salud (EPS) bajo intervención estatal. Asimismo, el aumento del 13% en peticiones, quejas y reclamos (PQR) y el hecho de que más del 90% de ellas estén relacionadas con barreras de acceso a servicios y tecnologías en salud evidencian un deterioro generalizado.

“Los hallazgos de la Contraloría General de la Nación es un llamado de alerta y definitivamente nos da la razón a los pacientes que desde hace tres años estamos denunciando la crisis creada por este Gobierno”, aseguró Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia. A juicio del movimiento, si bien el sistema presentaba falencias antes de la administración actual, el nivel de colapso al que ha llegado en los últimos dos años es sin precedentes.

Según Silva, la gravedad del informe exige acciones inmediatas: “¿Cuál es el paso a seguir? No nos podemos acostumbrar a las denuncias, tiene que haber un plan para salir de la crisis donde hoy los pacientes están muriendo por la crisis inducida”.

Entre los aspectos más preocupantes para la organización está el hecho de que solo seis de las 29 EPS analizadas por la Contraloría cumplían con las condiciones financieras al cierre de 2024, cubriendo apenas al 10,92% de la población. “Nada justifica que solo algunas tengan rentabilidad cuando los pacientes están muriendo porque las EPS estaban negando servicios de salud”, declaró Silva.

Señalamientos directos a la Supersalud

Para Pacientes Colombia, la intervención de EPS por parte del Gobierno no ha solucionado el problema, sino que lo ha profundizado. En esa línea, Denis Silva fue enfático en solicitar la actuación de los entes de control: “El Superintendente Nacional de Salud, Giovanni Rubiano, tiene que ser investigado por la Fiscalía General de la Nación y por los órganos de control, así como las EPS que están induciendo de manera intencional la negación de servicios, también tienen que ser investigadas”.

A esta denuncia se suma un señalamiento directo al Ejecutivo por el desfinanciamiento del sistema: “Que el Ministerio de Salud, de manera intencional, con la complacencia del señor Presidente de la República, esté generando una UPC insuficiente, esto también aumenta la crisis”, dijo Silva, en referencia a la Unidad de Pago por Capitación, que el gobierno adeuda desde 2022.

El vocero también reclamó que si el Gobierno nacional saldara esa deuda pendiente, la situación financiera de las EPS sería distinta y estas tendrían que responder con su patrimonio por los excesos. “Si el Gobierno pagara lo que adeuda del ajuste a la UPC del 2022, 2023 y 2024, la deuda sería totalmente distinta”.

“La salud no puede esperar”: la solicitud a la Corte Constitucional

La organización también hizo un llamado urgente a la Corte Constitucional para que no dilate más la declaración de un estado de cosas inconstitucional en el sistema de salud. “Los pacientes están muriendo por falta de garantía en la prestación de los servicios de salud. ¿Hasta cuándo? La salud es un derecho fundamental, no un favor”, cuestionó Silva.

Pacientes Colombia reiteró su exhortación al Ministerio de Salud para que cumpla sin dilaciones las sentencias del alto tribunal y las demás decisiones judiciales que buscan garantizar el derecho fundamental a la salud.