La Fiscalía y la Policía embargaron dos oficinas de una petrolera francesa en Bogotá: habría financiado a un bloque paramilitar

La Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional ocuparon dos oficinas de una multinacional petrolera francesa que, presuntamente, habría financiado a organizaciones paramilitares en Colombia. Las diligencias se llevaron a cabo en el norte de Bogotá.

De acuerdo con el ente investigador, se tomaron medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre ambas propiedades, ubicados en un edificio del centro financiero en la capital. Los inmuebles acumulan un valor comercial de $41.318 millones, equivalentes a 10 millones de dólares, aproximadamente.

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Presuntamente, la petrolera internacional habría apoyado económicamente al bloque Centauros de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en Casanare. Las investigaciones hasta ahora adelantadas indican que desde la multinacional entregaron dinero, transporte, alimentación y combustible.

Esto, como contraprestación por obtener servicio de seguridad por parte de los paramilitares en pozos de extracción de crudo. De esta manera, la empresa logró incrementar su patrimonio entre 1997 y 2005, años en los que se habría forjado y mantenido la alianza con la organización criminal.

Así lo indicaron algunos exintegrantes del bloque Centauros de las AUC que se acogieron a Justicia y Paz. Se trata de Daniel Rendón Herrera, Manuel de Jesús Pirabán y Orosman Orlando Osten Blanco, que afirmaron en versiones libres que la multinacional contribuyó al sostenimiento de su actuar ilegal en el departamento para contar con servicios de protección en los pozos petroleros.

La Fiscalía logró acceder a información sobre la estructura y control corporativo de la compañía, a través de la Red de Recuperación de Activos del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat). Además, recolectó material probatorio e implementó técnicas de análisis criminal que permitieron descubrir que las máximas instancias de la petrolera autorizaron la financiación a la organización criminal.

“Las actividades investigativas adelantadas por los fiscales del Grupo de Persecución de Bienes de la Dirección de Justicia Transicional, y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), contaron con el apoyo del Grupo investigativo de jurisdicciones especiales de la - Dijín, el Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Ecopetrol, así como de otras autoridades judiciales”, detalló el ente acusador en un comunicado.

Así las cosas, la Fiscalía entregó los bienes al Fondo para la Reparación de las Víctimas, con el fin de que este se encargue de utilizarlos para indemnizar a la población de Casanare, que sufrió las consecuencias de la violencia ejercida por los paramilitares.

El caso de Chiquita Brands: otra empresa ligada a los paramilitares

No es la primera vez que una empresa es relacionada con paramilitares en Colombia. En junio de 2024, un jurado federal de Estados Unidos declaró culpable a la multinacional bananera estadounidense Chiquita Brands por financiar a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). El fallo se produjo tras seis semanas de juicio, que profundizó en los mecanismos y el alcance de los pagos realizados por la compañía.

Investigaciones judiciales señalaron que Chiquita Brands realizó alrededor de 100 pagos entre 1997 y 2004, por un valor total que superó los 1,7 millones de dólares, destinados a tres bloques de las AUC: Norte, Bananero y Élmer Cárdenas, según documentó la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad.

De acuerdo con la revista Cambio, Chiquita ya se había declarado culpable ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos de haber financiado a la organización paramilitar, bajo el argumento de que los pagos buscaban garantizar la seguridad de sus trabajadores frente a extorsiones y amenazas. La defensa de la empresa alegó que las transferencias respondieron a presiones y exigencias de las AUC, dirigidas en ese período por la Casa Castaño.

Sin embargo, la justicia de Estados Unidos aseguró que las amenazas no justifican la complicidad con grupos armados responsables de graves violaciones a los derechos humanos.