Exfuncionaria de la SuperSalud se dedicaba a pedir dinero por arreglar trámites irregularmente para algunas EPS: la condenaron por segunda vez por recibir $300 millones Asmet Salud

Eva Katherine Carrascal Cantillo, que se desempeñó como superintendente delegada para la Supervisión Institucional de la Superintendencia Nacional de Salud, fue condenada por segunda vez luego de reconocer que recibió dinero a cambio de beneficiar a la EPS Asmet Salud en un proceso administrativo tramitado en 2017.

La exfuncionaria aceptó su responsabilidad por el delito de cohecho impropio en desarrollo de un acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, que sustentó sus cargos con pruebas documentales y testimoniales.

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La juez de conocimiento encargada del caso avaló el preacuerdo alcanzado entre la defensa de Carrascal y la Fiscalía.

Como resultado, la exsuperintendente fue sentenciada a una pena de 38 meses y 12 días de prisión domiciliaria debido a su condición de madre cabeza de familia.

Además, se le impuso una multa equivalente a cuarenta salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2018, equivalentes a $31.249.680, teniendo en cuenta que el salario mínimo ese año estaba en $781.242.

Además, la condena la inhabilita para ejercer cargos y derechos públicos durante ochenta meses.

La Fiscalía detalló en el proceso que, durante 2017, Carrascal Cantillo sostuvo reuniones con Gustavo Adolfo Aguilar Vivas, quien entonces representaba legalmente a Asmet Salud EPS.

El acuerdo ilícito consistía en garantizar acciones favorables para la EPS en la formulación y aprobación de un plan de mejoramiento financiero y administrativo, a cambio de un pago de trescientos millones de pesos.

Los investigadores establecieron que el dinero se entregó en dos partes: cincuenta millones de pesos en diciembre de 2017 y otros 250 millones en enero de 2018.

En el desarrollo de su función, la exsuperintendente delegada asesoró directamente a la administración de Asmet Salud en la estructuración del plan de mejoramiento exigido por la Superintendencia.

Solicitudes de ajustes y la gestión de documentos internos permitieron que la EPS accediera a la renovación de su licencia de funcionamiento, a pesar de los serios problemas financieros, administrativos y las deficiencias en la atención a los usuarios que afrontaba la entidad.

La actuación de Carrascal permitió que se dilataran los controles y se suavizaran medidas que debían ser más estrictas para una entidad con señales de alerta en sus balances y operación.

La Fiscalía concluyó que el interés particular de la funcionaria prevaleció sobre el interés público, favoreciendo a una EPS que afrontaba cuestionamientos sobre la calidad de su servicio y el cumplimiento de sus obligaciones con pacientes y proveedores.

Como parte del preacuerdo, Carrascal se comprometió a devolver los trescientos millones de pesos que recibió por estas gestiones.

El plazo acordado para la devolución de dicho dinero, es de seis meses, dentro del cual la exfuncionaria debe reintegrar la totalidad del dinero a las arcas del Estado. Según el reporte judicial, hasta el momento solo ha entregado una fracción.

Este escándalo se suma a otra condena dictada contra Carrascal. En mayo de 2022 fue sentenciada a seis años y ocho meses de prisión al comprobarse que recibió al menos setecientos millones de pesos por hechos similares.

Ese proceso involucró también el favorecimiento de diferentes EPS, IPS y cajas de compensación familiar, en las que la exfuncionaria utilizó su cargo para facilitar trámites a cambio de sobornos.

Durante el proceso judicial se conoció que Carrascal no sólo orientó la elaboración del plan de mejoramiento, sino que participó activamente en cada fase del trámite.

Desde la solicitud de documentos hasta la aprobación final, la conducta de la exfuncionaria distorsionó el proceso regular de evaluación que debía ser riguroso e imparcial. Las actuaciones investigadas incluyeron comunicaciones, reuniones privadas y el canal de pagos trazado por los investigadores.

Sobre la sanción impuesta, la juez de conocimiento argumentó que la medida de prisión domiciliaria responde a la condición personal de Carrascal como madre cabeza de familia y al reconocimiento anticipado de su responsabilidad, lo que permitió reducir la pena contemplada en la ley para casos de cohecho impropio.