Fecode encendió las alarmas con una carta dirigida a Petro: a pocos días del Congreso, aún no hay reglamentación del Sistema General de Participaciones

Con la proximidad del inicio de una nueva legislatura en el Congreso, la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) volvió a poner sobre la mesa una de sus principales preocupaciones: la falta de avances en la reglamentación de la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP). A través de una carta enviada directamente al presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, el sindicato reiteró su llamado a materializar lo aprobado por el Legislativo en 2024 y advirtió sobre la urgencia de establecer consensos antes de que el calendario legislativo comience a correr nuevamente.

“A solamente 17 días de la nueva legislatura en el Congreso, Fecode reitera su disposición y urgente solicitud a reunirnos y alcanzar los consensos necesarios para que esta nueva ley se materialice”, expresó el sindicato en su comunicación al jefe de Estado. La solicitud no se limita a un interés gremial, sino que refleja la preocupación por una ley cuya implementación requiere definiciones técnicas y políticas que aún no se han producido.

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La reforma al SGP, aprobada en el periodo legislativo anterior, contempla un ajuste gradual en los recursos que la nación transfiere a los entes territoriales. A partir de 2024, estos aportes deben incrementarse de manera escalonada, comenzando con un 25% y alcanzando, en un plazo de doce años, un 39,5%. Esta modificación busca fortalecer la capacidad de departamentos, municipios y distritos para atender sectores clave, entre ellos la educación, salud, agua potable y saneamiento básico.

Pero, la norma no puede aplicarse plenamente mientras no se expida una ley de competencias que determine qué funciones serán descentralizadas y cómo se distribuirán los nuevos fondos. Fecode hace énfasis en la necesidad de que esa reglamentación contemple un porcentaje superior al actual destinado a la educación desde los niveles territoriales. Es importante señalar que el SGP es la columna vertebral de la financiación pública en Colombia.

Según la organización sindical, dicho aumento permitiría financiar una “canasta educativa integral”, concepto que abarca desde la infraestructura escolar hasta los elementos necesarios para garantizar procesos pedagógicos completos. Además, el gremio plantea que la reforma debe servir como base para aumentar la planta docente, mediante la convocatoria de nuevos concursos y nombramientos que respondan a la creciente demanda en distintas regiones.

Otro de los puntos mencionados en la misiva tiene que ver con los Programas de Alimentación Escolar (PAE), los cuales siguen generando alertas por sus deficiencias operativas. En zonas rurales, comunidades indígenas y sectores urbanos marginales, las fallas en estos programas tienen consecuencias directas sobre la permanencia de los estudiantes en el sistema. Por eso, Fecode propone que parte de los nuevos recursos del SGP se destinen a fortalecer este componente.

Además, considera indispensable mejorar las condiciones salariales de los docentes que trabajan en regiones vulnerables, como medida para cerrar brechas entre zonas urbanas y rurales.

La petición del sindicato docente ocurre pocos días después de que el Ministerio de Educación anunciara un acuerdo con Fecode y otros ocho gremios del magisterio. El documento, compuesto por 77 puntos —52 enfocados en educación preescolar, básica y media, y 25 en educación superior—, incluye un compromiso para avanzar en la nivelación salarial de los maestros del sector oficial. No obstante, la falta de información sobre el origen de los recursos para cumplir con este acuerdo ha generado inquietudes dentro del gremio y entre expertos en políticas públicas.

Hernando Bayona, exviceministro de Educación preescolar, básica y media, sostiene que el Gobierno tendría como alternativa principal financiar el aumento salarial a través del SGP, de acuerdo con una conversación que tuvo con el diario El Espectador.

En su análisis, la nómina del sector educativo representa un peso significativo dentro del presupuesto asignado, y cualquier ajuste implicará un rediseño interno de las prioridades. “Ahí puede estar jugándose una plata importante de lo que se ha llamado el componente de calidad”, afirmó Bayona, al advertir que sin una ley de competencias clara, las consecuencias podrían reflejarse en la reducción de inversiones estratégicas.

El reto para el Gobierno no es solo técnico, sino también político, puesto que la reforma ya fue aprobada, pero su operatividad requiere una arquitectura legal adicional que debe construirse con celeridad. De no concretarse la ley de competencias dentro del plazo legal, el riesgo es que las asignaciones presupuestales previstas queden en un limbo, y con ellas, las mejoras prometidas para el sistema educativo.

Frente a este panorama, Fecode busca no solo ejercer presión, también es dejar constancia de su disposición para participar activamente en la reglamentación. El sindicato reiteró en múltiples ocasiones su voluntad de diálogo, pero insiste en que los tiempos no pueden seguir alargándose, especialmente cuando ya existen compromisos firmados con el Ejecutivo.