Carlos Maya, exalcalde de Pereira, fue dejado en libertad en las últimas horas por vencimiento de términos en el proceso penal que enfrenta por presuntos actos de corrupción relacionados con la construcción de la avenida de Los Colibríes, una obra vial cuestionada por fallas en su ejecución y millonarias pérdidas económicas para el Estado.
Maya no es el único implicado en este caso. Junto a él, también recuperaron la libertad otras cinco personas que están siendo procesadas por su presunta participación en los hechos: el exsecretario de infraestructura de Pereira, Milton Hurtado García; los interventores José Alberto Rojas Prieto, Carlos Alberto Ballesteros Aristizábal y José Gabriel Vargas Carvajal; y el contratista Carlos Guillermo Suárez.
Todos ellos continuarán vinculados a la investigación, pero en condición de libertad, mientras avanza el trámite judicial.
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El proceso penal se desprende de las graves irregularidades detectadas en el contrato para la construcción de la avenida de Los Colibríes, una obra pública concebida como parte de la modernización vial del área metropolitana, pero que terminó convertida en símbolo de cuestionamientos por corrupción y posible detrimento fiscal.
Según cifras de la Contraloría General de la República, el proyecto representa un posible daño patrimonial cercano a los 18 mil millones de pesos.
Esta cifra corresponde a pagos efectuados por obras que, presuntamente, no cumplen con los estándares técnicos exigidos ni con los tiempos estipulados en el contrato.
El ente de control ha alertado, además, que la avenida está en riesgo de convertirse en un “elefante blanco”, al quedar inconclusa y sin funcionalidad para la ciudadanía.
Los delitos por los que se investiga a los implicados son múltiples y abarcan diversas conductas tipificadas en el Código Penal colombiano. Entre ellos se encuentran: contrato sin cumplimiento de requisitos legales; obtención de documento público falso; fraude procesal; falsedad ideológica en documento público; destrucción, supresión u ocultamiento de documento público; prevaricato por acción; abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto; y peculado por apropiación.
Aunque la libertad de los procesados se produce por motivos de vencimiento de términos —una figura contemplada en la legislación colombiana para garantizar que los procesos avancen sin dilaciones indebidas—, las investigaciones judiciales continúan activas.
La definición de fondo sobre la responsabilidad penal de los implicados estará en manos de un juez constitucional, quien deberá valorar si existe prueba suficiente para dictar una condena o, en su defecto, decretar la absolución definitiva.
El caso ha generado atención en la opinión pública local debido a la envergadura del proyecto afectado y al perfil de los investigados, especialmente del exalcalde Maya, quien fue una de las figuras más visibles de la administración municipal durante su mandato.
La avenida de Los Colibríes, que originalmente fue presentada como una solución a los problemas de movilidad en la ciudad, permanece hoy como un recordatorio de los desafíos que enfrenta la contratación pública en Colombia.
Contexto del vencimiento de términos
El Código Penal colombiano establece un plazo máximo de 240 días hábiles para que los procesados en detención preventiva sean llevados a juicio. Si este plazo se excede sin que avance significativamente el caso, los acusados pueden quedar en libertad. Para el caso de Maya y los demás implicados, los términos se cumplen de 2025, lo que implicaría su liberación si no se llega a una etapa decisiva del juicio.
“Las demoras en la justicia no solo afectan a los acusados, sino también a las víctimas y a la sociedad, que espera resultados claros sobre estos procesos”, afirmó a finales de 2024 Marín, que no descartó la posibilidad de presentar nulidades para garantizar el derecho a la defensa de su cliente. Estas estrategias, aunque legítimas dentro del marco legal, podrían ralentizar aún más el proceso.
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