Efraín Cepeda respondió a las denuncias en su contra por presunta irregularidad en la votación de la consulta popular: “¡No permitiremos que la mentira prevalezca!"

El debate alrededor de la transparencia en el Senado de Colombia tomó un giro inesperado cuando Efraín Cepeda, presidente de la corporación, declaró que está dispuesto a presentar ante la Corte Suprema videos, audios y documentos con el propósito de demostrar “la verdad sobre la plenaria” y respaldar el papel de la Mesa Directiva y el Secretario General.

Esta postura surge en un contexto tensionado, donde el foco recae no solo en la legalidad de una sesión crítica del Congreso, sino también en la pugna entre poderes en el país.

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“Transparencia absoluta en el Senado. Estoy preparado para presentar ante la Corte Suprema videos, audios y documentos que demuestran la verdad sobre la plenaria, respaldando la actuación impecable de la Mesa Directiva y del Secretario General, nuestro notario”, afirmó Cepeda en su cuenta oficial de X, antes Twitter.

La Corte Suprema de Justicia decidió abrir investigación preliminar sobre Cepeda tras recibir una denuncia por supuesta manipulación en la votación del proyecto de consulta popular realizada el 14 de mayo en la plenaria del Senado.

Según la denuncia, uno de los puntos más sensibles radica en que se habría permitido cambiar el sentido del voto del senador Edgar Díaz luego del cierre oficial de la votación, práctica calificada como irregular y potencialmente delictiva.

Se alega que el cierre anticipado de la votación y la posterior admisión de un cambio de voto podrían configurar delitos como perturbación de certamen democrático, abuso de autoridad y prevaricato.

La investigación fue asumida por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, a cargo del magistrado César Augusto Reyes, quien ordenó una exhaustiva recolección de pruebas y testimonios y citó a Cepeda a rendir versión libre.

El tribunal se apoya en la existencia de suficientes elementos para indagar la conducta del congresista conservador, aunque enfatiza que se trata de una investigación preliminar. Según detalló la prensa, esto ha elevado el escrutinio público sobre el manejo de la plenaria y la integridad de los procesos legislativos en Colombia.

A través de su cuenta oficial en X, antes Twitter, Cepeda expresó: “¡No permitiremos que la mentira prevalezca! Elevamos la solicitud de investigar a quienes no solo obstaculizaron la labor del Secretario General, sino que intentaron sustraer documentos oficiales. Esta es una gran oportunidad para que brille la justicia y los colombianos tengan claro qué sucedió en esa sesión del Congreso”.

La controversia coloca a Cepeda en el centro del debate no solo judicial, sino político, dado que el senador ha sido uno de los críticos más férreos de la consulta popular impulsada por el Gobierno de Gustavo Petro.

Según informó la prensa nacional, su figura ha sido determinante en la gestión y el rechazo de dicha consulta, que pretendía someter a consideración de la ciudadanía un cuestionario de dieciséis preguntas referidas a temas prioritarios de la agenda gubernamental.

El 18 de junio, Cepeda notificó oficialmente a la Casa de Nariño el resultado de la votación que sepultó la iniciativa, detallando que cincuenta y dos senadores se opusieron y solo dos la respaldaron. En su comunicación citó como marco jurídico el artículo 104 de la Constitución y la Ley Estatutaria 1757 de 2015, encargada de regular los mecanismos de participación ciudadana. Dicha notificación selló el destino de lo que la prensa denominó como “consulta popular 2.0”.

Cuando el Consejo de Estado suspendió de manera provisional el decreto que convocaba la consulta, Cepeda celebró la decisión como un respaldo jurídico a su posición.

De acuerdo con lo consignado por los medios, el propio senador afirmó: “¿Cuál decretazo? No existe. Lo suspendió el Consejo de Estado mediante una demanda que presentamos con el equipo jurídico del Senado”. Asimismo, Cepeda aseguró confiar en que el alto tribunal terminará por declarar nulo de manera definitiva el decreto emitido por la presidencia, al considerarlo contrario a la Carta Magna y vulnerador del proceso legislativo.