
El concejal de Bogotá Julián Forero presentó una nueva denuncia sobre el abuso sistemático de autoridad por parte de los agentes civiles de tránsito y los operadores de grúas de la capital, así como de otras ciudades del país, donde quedan en evidencia irregularidades en procedimientos e irrespeto a los conductores.
El cabildante señaló que la estructura actual de control de tránsito se ha convertido en cómplice de los abusos. “Estamos ante una estructura que ha terminado siendo cómplice del abuso. Un matrimonio macabro entre funcionarios que deberían proteger al ciudadano y operadores de grúas que ven en cada conductor una oportunidad para lucrarse”, denunció.
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Forero sostiene que muchos agentes civiles de tránsito actúan fuera de la ley, con actitudes de prepotencia y arbitrariedad, y sin ningún tipo de control efectivo. “Muchos de estos funcionarios actúan como si estuvieran por encima de la ley. ¿Quién los controla? ¿Quién responde por sus atropellos?”, cuestionó.
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Uno de los casos recientes que ha generado mayor indignación es el del influenciador Mr. Steven en Medellín, que denunció haber sido víctima de abuso de autoridad por parte de agentes de tránsito y operarios de grúas. Según el registro en video, su vehículo fue inmovilizado y, mientras él permanecía a bordo de la grúa, los operadores cruzaron semáforos en rojo, excedieron los límites de velocidad y causaron daños a su vehículo sin justificación, mientras afirmaban con arrogancia: “Nosotros somos la ley”.
El concejal advirtió que este tipo de situaciones no son hechos aislados, sino que forman parte de un patrón de abuso que se repite en distintas ciudades. “Esto no es un hecho aislado. Es un patrón de abuso que se repite en distintas ciudades. Los ciudadanos ya no confían en quienes deberían garantizar la legalidad”, advirtió.
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La problemática no es nueva. Forero recordó que en 1997, el entonces alcalde de Bogotá, Antanas Mockus, eliminó el cuerpo de agentes civiles de tránsito —más de 1.600 funcionarios— debido a constantes escándalos de corrupción. “Hoy, pareciera que estamos reviviendo ese pasado oscuro que tanto daño le hizo a la confianza ciudadana”, señaló.
Igualmente, el cabildante advirtió que la inacción institucional ha llevado a que muchos ciudadanos comiencen a ejercer justicia por mano propia, lo que podría desencadenar situaciones de descontrol y violencia. “La ciudadanía está harta. Y cuando las instituciones no responden, la gente actúa. Eso es lo que estamos viendo”, indicó.
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Como respuesta al abandono institucional y la impunidad, han surgido veedurías ciudadanas de movilidad en todo el país, respaldadas por Forero, que invita a los ciudadanos a perder el miedo y denunciar los abusos cometidos por servidores públicos “que olvidaron su juramento de cumplir la ley antes de hacerla cumplir”.
Es importante señalar que el concejal ha denunciado reiteradamente irregularidades en la inmovilización de vehículos por parte de agentes civiles y policías de tránsito, quienes estarían aplicando sanciones sin fundamento legal, violando derechos ciudadanos y favoreciendo intereses particulares. Una investigación realizada por el equipo jurídico de Forero en el Concejo de Bogotá reveló que, en lo que va de 2025, se han inmovilizado siete vehículos por las infracciones D03, D04 y D07, a pesar de que la Ley 2435 de 2024 eliminó estas causales como motivo de inmovilización.
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Desde el 12 de noviembre de 2024, estas infracciones solo deben dar lugar a un comparendo, y no al traslado del vehículo a patios. “Lo que está ocurriendo es un abuso de autoridad. Agentes de tránsito están inventando causales de inmovilización sin ningún soporte legal. Esto no solo configura faltas disciplinarias, sino también posibles delitos por actos arbitrarios e injustos”, aseguró Forero.
El negocio de las grúas también fue objeto de fuertes críticas. Forero cuestionó el sistema de cobro por el transporte de vehículos a patios: “Cada moto inmovilizada se cobra como si la grúa la hubiera transportado sola, y hasta que no nos aprueben el proyecto de acuerdo para regular este negocio, el abuso continuará”.
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El concejal indicó que la empresa G&P, encargada de operar el servicio de patios y grúas en Bogotá, recibe el 83% del recaudo total, lo que generó un incentivo perverso que convierte las inmovilizaciones arbitrarias en un negocio rentable a costa de los ciudadanos.

“Seguiremos vigilando con firmeza las obligaciones de las autoridades de tránsito. Ya logramos mediante circulares y protocolos que se exija un trato digno hacia la ciudadanía. Ahora vamos por sanciones reales frente a los abusos. Y, de forma vehemente, exigiré que se adopten protocolos estrictos de conducta para los operadores de grúas. El comportamiento de autoridades y operadores debe seguir un orden legal y respetuoso con los ciudadanos”.
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Con estas palabras, Forero resumió su postura de vigilancia y exigencia que ha asumido frente a lo que calificó como un abuso sistemático de autoridad por parte de agentes civiles de tránsito y operadores de grúas. La denuncia, que el cabildante ha reiterado en distintos escenarios, exige la intervención inmediata del Gobierno nacional y territorial, así como de los entes de control, ante lo que describe como un negocio desbordado, impune y cada vez más violento.
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