La creciente violencia que se reporta en distintas regiones del país durante el 2025 provocó una oleada de reacciones en el ámbito político, especialmente por parte de figuras de la oposición. Una de las voces más recurrentes y contundentes fue de la senadora María Fernanda Cabal, que utilizó sus redes sociales para arremeter contra el presidente Gustavo Petro, cuestionando de forma reiterada la efectividad de su política de paz y la protección que el Gobierno ofrece a los integrantes de la fuerza pública.
La legisladora, perteneciente al partido Centro Democrático, reaccionó de manera directa a las cifras oficiales publicadas por el Ministerio de Defensa, según las cuales en lo corrido de 2025 se registraron 414 ataques contra uniformados, dejando como saldo 81 muertos.
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En su cuenta de X, Cabal posteó: “Con la paz cocal de Petro se desprotege a la Fuerza Pública y se consciente a los criminales, hasta se les pone en tarima para que se burlen de sus víctimas. En lo que va del 2025 van 414 ataques de los criminales contra nuestros hombres de Ejército y Policía, 81 de ellos asesinados mientras Petro habla de paz y distrae al país (sic)”.
La declaración de la senadora adquirió notoriedad debido a que, además de la implementación de la política de ‘Paz Total’ impulsada por el presidente Petro, persiste el hecho de que en cada aparición pública el mandatario insiste en destacar el valor de la paz y su relevancia para el país.
No obstante, mientras ese discurso se mantiene como eje central, distintos hechos violentos relacionados con la seguridad continúan ocurriendo en varias regiones, lo que encendió las alertas en distintos sectores.
La violencia en Colombia crece con índices de ataques contra la fuerza pública
Esta declaración fue compartida junto a un artículo publicado por el diario El Colombiano, en el que se reporta que los primeros tres meses del 2025 fueron los más violentos de los últimos siete años en cuanto a agresiones a las fuerzas estatales. Solo entre enero y marzo, 41 uniformados fueron asesinados; si se compara con el mismo periodo de 2024, cuando se registraron 18 muertes, el aumento representa un 127%.
Durante las últimas semanas del primer semestre del año y particularmente en departamentos como Cauca, Valle del Cauca y Norte de Santander, los ataques se intensificaron con tácticas diversas, incluyendo la utilización de drones y explosivos improvisados.
La Fundación Paz y Reconciliación (Pares) alertó sobre un desequilibrio en las condiciones de combate, al señalar que mientras el Estado puede tardar años en adquirir y desplegar tecnología como los drones, grupos armados ilegales acceden a estos dispositivos con relativa facilidad.
Desde abril, cuando el presidente Petro se refirió públicamente a los hechos de violencia atribuidos al llamado “plan pistola”, aseguró que no existía un caos de violencia, como lo afirmaban ciertos sectores políticos y medios de comunicación.
“Hay una leve tendencia a disminuir, pero es muy leve para sentirnos victoriosos. No hay un caos de violencia en este Gobierno, eso es mentira política y mediática”, declaró el mandatario. No obstante, hasta el cierre del segundo trimestre del año, las cifras continúan registrando hechos alarmantes: 176 ataques en tres meses, con un saldo de 40 uniformados muertos.
Además de los atentados a integrantes de la fuerza pública, se presentaron hechos que afectaron a la ciudadanía en general y a figuras del ámbito político. El más sonado fue el atentado contra el precandidato Miguel Uribe Turbay, hecho que coincidió con una serie de explosiones en el suroccidente del país.
En Cali, se detonaron dos motos bomba; mientras tanto, en Cauca, dos coches bomba explotaron en los municipios de El Bordo y Corinto. En Guachinte, un explosivo fue detonado en una señalización vial y poco después un policía fue asesinado en un peaje cercano.
En paralelo a estos hechos, el Ejército Nacional vivió un episodio complejo en El Tambo, donde 57 militares fueron retenidos durante varias horas por actores armados. Este suceso encendió aún más las alarmas sobre la seguridad y la capacidad de respuesta del Estado ante el avance de grupos ilegales en zonas rurales.
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