Son varias las reacciones del país político sobre la decisión del Gobierno Petro de no extraditar a alias Mocho Olmedo, cabecilla del Frente 33 de las disidencias de las Farc. Una de ellas fue la de la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, que lanzó un duro sablazo a la actual administración, dando a entender que actúa conjuntamente con el crimen organizado para, en nombre de la paz, beneficiar a los ilegales.
“¿Cómo pretende este gobierno combatir el crimen si protege a narcoterroristas?Petro frena la extradición de ‘Mocho Olmedo’, jefe de las Farc, alegando que afectaría los “procesos de paz”. ¿Y las víctimas?Esto no es paz, es complicidad.Mientras haya impunidad no habrá paz verdadera en este país", escribió la senadora en su cuenta de X.
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Lo que ocurrió con alias Mocho Olmedo
El Gobierno ordenó suspender la extradición de Willington Henao Gutiérrez, conocido con el alias de Mocho Olmedo, cabecilla del Frente 33 de las disidencias de las Farc. La medida, tomada por instrucción directa del presidente Gustavo Petro, busca asegurar la continuidad de las negociaciones con ese grupo armado en el marco de la política de Paz Total.
El contenido de la resolución oficial, identificada con el número 186 de 2025 y emitida el pasado 26 de junio, indica que la entrega del excombatiente a las autoridades estadounidenses podría interferir con los avances logrados en las conversaciones entre el Estado y el Frente 33 del Estado Mayor Central, facción disidente de las extintas Farc.
El documento señala que la suspensión de la extradición tendrá validez mientras Henao Gutiérrez mantenga un papel activo como negociador en la Mesa de Diálogos de Paz y aporte de forma verificable a los objetivos del proceso. En caso de que el jefe de Estado decida retirarlo de su rol dentro de la estrategia de paz, el trámite de extradición podría reactivarse conforme a lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia.
La decisión presidencial revierte el concepto favorable emitido por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema el 28 de mayo de este año. En ese pronunciamiento, el alto tribunal había considerado cumplidos los requisitos jurídicos para que Henao Gutiérrez fuera extraditado a Estados Unidos, donde enfrenta cargos por narcotráfico en una corte del distrito sur de Florida, en el marco del caso identificado con el número 23-20070-CR-MORENO/GOODMAN.
El proceso ha estado rodeado de controversia desde que Noticias Caracol reveló que Henao Gutiérrez permaneció durante casi dos meses bajo custodia de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), pese a contar con orden de captura. Según reportó ese medio, entre febrero y abril de 2025, el cabecilla fue alojado en un apartamento del sector de Chapinero, en Bogotá, en lugar de permanecer en un centro carcelario. La razón de esta decisión habría sido, de acuerdo con documentos internos, la necesidad de proteger su integridad en razón de su papel en las negociaciones de paz. Las autoridades evitaron incluso compartir su ubicación con miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía.
El episodio generó múltiples cuestionamientos sobre el manejo de los procedimientos judiciales en relación con actores armados en diálogos con el Estado. Críticos del gobierno han expresado preocupación por la aparente opacidad en torno al trato preferencial otorgado a determinados integrantes de estructuras ilegales, mientras que sectores cercanos al Ejecutivo han insistido en la necesidad de medidas excepcionales para garantizar el éxito de la Paz Total.
Alias Mocho Olmedo ha sido vinculado a delitos de alto impacto en Colombia. Registros judiciales mencionan su presunta participación en múltiples homicidios, feminicidios, amenazas y concierto para delinquir. Actualmente se encuentra recluido en la cárcel La Picota de Bogotá, en espera de nuevas determinaciones judiciales.
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