
El 27 de junio de 2025 se desarrolló una nueva audiencia judicial en el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunto fraude procesal y soborno a testigos.
El caso, que involucra al líder político del Centro Democrático, continúa generando expectación en el ámbito judicial y político del país. Durante la diligencia, el representante de la Procuraduría, Bladimir Cuadro, destacó que basándose en los alegatos de la Fiscalía General de la Nación no encuentra una coherencia en el caso.
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A su vez, señaló que no hay una relación sólida entre la manera en la que se desarrollaron los hechos y las peticiones jurídicas solicitadas por la fiscal Marlenne Orjuela que pidió que condenaran al exgobernador por los delitos previamente enunciados.
“Actualmente, el Ministerio Público quiere resaltar la manera en cómo la falta de coherencia entre la comunicación fáctica y la jurídica de los hechos planteados en la acusación de este caso, si bien no tienen incidencia en las garantías procesales como se concluye”.
Y agregó: “Si la tuvieron en los aspectos probatorios producidos en este juicio, pues no es causal la exigencia a que los hechos jurídicamente relevantes sean claros, no solo para regular el contenido de la imputación y de la acusación, sino también que define y limita el derrotero probatorio a seguir en las hipótesis de la Fiscalía y Defensa, pues con base en ellos primero se edifican o derrumban cada teoría del caso, que incluso aquí fueron planteadas de forma alternativa”.
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El procurador encargado sostuvo que una justificación de su argumento es la declaración del exlíder paramilitar Juan Guillermo Monsalve. De acuerdo con Cuadro, el testimonio del que fue denominado testigo estrella del caso generó incertidumbre, por lo que no se le puede considerar como atestiguante en el juicio.
“Obedece a la configuración de un espectro mayor de protección al bien jurídico tutelado. Esto es, en escenarios donde quiera que la sanción sea la restricción del fundamental derecho a la libertad para brindar efectiva garantía de respuesta en términos de justicia a los atentados contra los medios de prueba tan fundamentales y trascendentes en la jurisdicción penal. Sin embargo, en este preciso caso lo que se está diciendo es que lo atestiguado por Juan Guillermo Monsalve con anterioridad a febrero de 2018, ofrece incertidumbres, por lo que no se le puede considerar como un testigo de un hecho punible corroborado, al menos no en este juicio”.
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En consecuencia, la Procuraduría General de la Nación solicitó que el expresidente Álvaro Uribe sea absuelto de presunta manipulación de testigos y fraude procesal.
“El Ministerio Público considera que nos encontramos ante una probabilidad que supera lo que la doctrina de la jurisprudencia ha llamado probabilidad lógica prevaleciente, por lo que existiría una imposibilidad frente a este aspecto de emitirse sentencia de condena”.
Luego de emitir su concepto, la jueza Sandra Heredia anunció que la diligencia continuará el 1 de julio de 2025 con los argumentos de la defensa.
Víctimas del caso hablaron sobre el proceso del expresidente Álvaro Uribe Vélez

En contraposición, los representantes legales de las personas consideradas como víctimas en el caso como Miguel Ángel del Río, abogado del senador de la República por el Pacto Histórico Iván Cepeda, sostuvo que es poco probable que el expresidente no tuviera conocimiento de las acciones que estaba realizando Diego Cadena.
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A su vez, recordó las declaraciones de Monsalve, que mencionó que “el propósito de Cadena era obtener de su parte la firma en una declaración para retractarse, que le dijo que ya traía hecha, junto con otras cuatro retractaciones que llevaba en su maleta. Precisó Monsalve que él no vio la carta, mucho menos la firmó o la leyó porque lo que le replicó a Cadena es que si él hacía eso se iba a incrementar su pena”.
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