La vicepresidenta de la junta directiva de Ecopetrol, Mónica de Greiff, decidió finalmente mantenerse en su cargo tras haber considerado renunciar.
Esta determinación fue comunicada el 26 de junio de 2025 mediante un comunicado oficial de Ecopetrol, poniendo fin a semanas de incertidumbre en el sector energético.
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Previamente, se había difundido un facsímil de la carta de renuncia que De Greiff presentó, pero luego retiró.
La posible salida de la directiva generó una ola de especulaciones en el ámbito empresarial colombiano.
La incertidumbre aumentó cuando se conoció la existencia de la carta de renuncia, sin que Ecopetrol la confirmara ni notificara ante la Superintendencia Financiera. Finalmente, De Greiff optó por continuar en la junta, evitando así una crisis de gobernabilidad en la compañía.
La renuncia, que nunca se formalizó, coincidió con un periodo de alta tensión interna en Ecopetrol, caracterizado por cuestionamientos a la gestión del presidente de la empresa, Ricardo Roa, y al contrato millonario con la firma Covington & Burling LLP.
Roa, cercano al presidente Gustavo Petro, ha sido señalado por presuntas irregularidades durante la campaña presidencial.
En su carta de renuncia, Mónica de Greiff elogia la gestión de Ricardo Roa, a quien describe como poseedor de un “liderazgo inspirador” y un fuerte compromiso con la transición energética y la sostenibilidad: “Me retiro con gratitud, admiración y el deseo sincero de que Ecopetrol continúe consolidándose como una empresa energética integral, sostenible y al servicio de todos los colombianos”.
Estas declaraciones reflejan tanto su aprecio por el trabajo realizado como su preocupación por el rumbo que podría tomar la empresa en el futuro inmediato.
La renuncia de Mónica de Greiff a Ecopetrol estuvo motivada por la polémica en torno a un contrato millonario con firma extranjera
La vicepresidenta de la junta directiva de Ecopetrol, Mónica de Greiff, consideró renunciar a su cargo como consecuencia de la crisis interna generada por un contrato adicional firmado con la firma estadounidense Covington & Burling LLP, cuyo valor ascendió a 5.8 millones de dólares y desató una fuerte controversia en la petrolera estatal.
El contrato, conocido técnicamente como otrosí, fue suscrito el 31 de diciembre de 2024 y amplió significativamente el alcance y la cuantía de un acuerdo previo firmado en agosto de ese año por 875.000 dólares.
Covington & Burling LLP fue contratada para brindar asesoría legal internacional a Ecopetrol, especialmente para enfrentar investigaciones y acusaciones contra el presidente de la compañía, Ricardo Roa, señalado por presuntas irregularidades durante la campaña presidencial de Gustavo Petro y cuestionado por su gestión.
La controversia surgió por el monto inusual del contrato adicional, que multiplicó casi por siete la inversión en asesoría externa, y por la falta de claridad en su aprobación.
El presidente de la junta directiva, Guillermo García Realpe, declaró públicamente que el acuerdo no había sido avalado formalmente por la junta y lo calificó como “grave y abusivo”.
Sin embargo, documentos internos filtrados indican que el contrato sí contaba con la aprobación del órgano directivo, lo que generó desconcierto y desconfianza tanto dentro como fuera de la empresa.
Esta situación expuso deficiencias en los procesos de toma de decisiones y control interno de Ecopetrol, aumentando la crisis política y empresarial que afecta a la compañía y poniendo en riesgo la confianza de los inversionistas y la estabilidad de la gestión.
En respuesta a la gravedad del asunto, el presidente Gustavo Petro convocó a una reunión de emergencia con los miembros de la junta designados por el Gobierno para evaluar el futuro de la petrolera y discutir medidas para restablecer la gobernabilidad y transparencia.
La polémica motivó que varios miembros de la junta, incluida Mónica de Greiff, valoraran la renuncia en señal de protesta o por el desgaste generado.
Sin embargo, De Greiff decidió finalmente mantenerse en su cargo, aunque la crisis dejó al descubierto profundas tensiones internas y desafíos estructurales.
El contrato con Covington & Burling LLP fue suspendido temporalmente mientras se realizan investigaciones internas para determinar responsabilidades y la legalidad del proceso.
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